Nadie podrá negar que después de un año desde que estallara el escándalo desatado por el hallazgo de extraños movimientos financieros por parte del Fiscal Laureano Añanca Chumbe, hubiera alguien que a estas alturas considere la existencia de cargos delictivos fundados contra dicho magistrado.
Por ello que la información relacionada con la decisión del Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde para que se procese penalmente al Fiscal anticorrupción de Chimbote no ha dejado de sorprender por su eficacia y contundencia.
En efecto, muchos consideraban que las públicas denuncias formuladas contra el Fiscal Añanca dormían el sueño de los justos o habrían sido archivada atendiendo al equivocado espíritu de cuerpo que existe a nivel de las entidades encargadas de administrar justicia en todo el país.
La orden del Fiscal de la Nación señala que debe continuarse y abrir investigación preparatoria contra el Fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe por delito de enriquecimiento ilícito, luego que se detectara la existencia de un desbalance patrimonial del orden de los 69 mil soles en las cuentas personales del magistrado, así como el hallazgo de depósitos de origen desconocido por más de 41 mil soles.
Lo cierto es que los cargos formulados contra el representante del Ministerio Público nacen en la información publicada por nuestro medio de comunicación luego de conocerse que Añanca Chumbe, apelando a las mismas modalidades subterfugias a las que apelan la gente que está al margen de la ley, había adquirido una vivienda en la urbanización “Paseo del Mar” de Nuevo Chimbote a través de un tercero.
Se trataba de la transferencia concretada por Norma Teresa Villacorta Paredes, madre de Sonia Vanessa Tejada Villacorta, quien es nada menos que la secretaria del Fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, quien habría utilizado a la progenitora de su empleada con la finalidad de encubrir una operación financiera por una suma superior a los 100 mil nuevos soles.
Los documentos descubrieron por entonces una maniobra oscura por parte de quien se encargaba de acusar a los corruptos, razón por la cual se exigió que se responda por esos cargos, algo que el magistrado jamás quiso hacer ante la prensa local y solo señalaba que lo haría ante sus superiores.
Sin embargo, esta denuncia fue recogida por dos ciudadanos que la llevaron hasta la Fiscalía de la Nación, en el mes de marzo del año pasado y fue entonces que el despacho del máximo representante del Ministerio Publico en el país dispuso se realicen una serie de diligencias que han terminado por hundir al Fiscal de Chimbote.
Ello porque el levantamiento del secretario bancario, tributario y bursátil del Fiscal Añanca, de su secretaria y la madre de aquella, ha resultado clave para poder establecer la existencia de un patrimonio de origen dudoso y la presencia de depósitos de dinero que ha recibido en su cuenta bancaria y que tienen origen desconocido.
El dictamen pericial contable ha establecido que no solo que esa operación financiera es dudosa y dolosa, sino que el magistrado no ha podido sustentar legalmente la existencia de un patrimonio y unos dineros que no ha podido justificar, lo que ha motivado que se disponga la continuación de las pesquisas a nivel judicial, etapa en la que los jueces pueden expedir medidas coercitivas si lo consideran necesario.
Pero en medio de la sorpresa e indignación que genera a los Chimbotanos hechos de esta catadura, lo más sorprendente es que los fiscales de Chimbote enterraron los mismos cargos que fueron formulados a nivel de la procuraduría en nuestra ciudad.
La actual Fiscal Decana Dra. Cecilia Zavaleta Corcuera, cuando por entonces se desempeñaba como Fiscal de Control Interno del distrito fiscal del Santa, dispuso el archivo de los cargos sin que realice una sola diligencia que le permita verificar la certeza o no de los cargos formulados.
Por entonces, las denuncias periodísticas fueron recogidas por la procuraduría anticorrupción y trasladadas a la Fiscalía, en donde fueron derivadas a la dependencia de control interno que lejos de disponer una investigación preliminar, procedió a rechazar de plano y archivar definitivamente la denuncia, algo que a estas alturas no solo resulta inexplicable sino que pone de manifiesto un equivocado espíritu de cuerpo que ha permitido ocultar muchas cosas en el Ministerio Publico del Santa en donde se ha registrado un escandaloso desfalco que, curiosamente, no fue puesto al descubierto en Chimbote sino en la sede central de Lima.
De la misma manera, los alcances de la orden del Fiscal de la Nación nos deja un escenario realmente preocupante y cuestionable, como el hecho que el Fiscal Laureano Añanca haya pretendido justificar en sus descargos que en sus ingresos debería considerarse el abono de 15 mil soles en su favor que provienen de una junta, dejando en evidencia una escandalosa informalidad que deja mucho que desear en el desempeño de un magistrado.
Ahora queda esperar que es lo que hará la Presidencia de la Junta de Fiscales ante la orden del Fiscal de la Nación, pues el referido Fiscal solo puede ser investigado por un Fiscal Superior que deberá ser designados entre los que existen en la institución a la que pertenece el mismo investigado, algo que suena sumamente suspicaz a la luz de la forma como inicialmente se pretendió enterrar estos hechos de connotación delictiva.
Lo que no se puede soslayar es que, al margen del principio de presunción de inocencia, la presencia y posición del Fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe se ha debilitado en los procesos penales que tiene a su cargo, ha perdido autoridad moral como para poder sostener una acusación por delito de corrupción, de allí que la Presidencia de la Junta de Fiscales deberá decidir si mantiene en su puesto al controvertido magistrado, pues quienes serán acusados por este magistrado tendrán más de un motivo para poner en tela de juicio sus emplazamientos, lo cual, es factible en la medida que ciertamente, nos hallamos frente a un fiscal descalificado.