Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Muchos despropósitos legislativos se cometieron durante el reinado “caviar” en el Perú, con la finalidad de perseguir y acabar con opositores políticos. Se distorsionaron las reglas del debido proceso, afectando indebidamente derechos fundamentales como la libertad y la propiedad. Se afectó desde las aulas nuestro sistema de valores y la fe religiosa.
Con la anuencia de un Tribunal Constitucional abyecto al poder “caviar” de turno y una prensa que “bailaba” al son de la publicidad estatal que recibía, afectaron derechos fundamentales de opositores.
Sin mediar sentencia condenatoria y solo en mérito a una investigación preliminar, fiscales y jueces, claramente serviles a sus oscuros propósitos, persiguieron y privaron de su derecho a la libertad y a la propiedad a cuanto opositor se le ponía por delante.
Claro está, que, tratándose de los verdaderos corruptos y cabecillas de organizaciones criminales, se les ofrecía convenios de impunidad e indebidamente se les condonaba millonarias deudas con el Estado.
Nada de esto hubiera ocurrido, si para entonces hubiéramos tenido una clase política fuerte. Una clase política que defendiera los derechos fundamentales de todos los peruanos y no abdicara de sus funciones, poniéndose a disposición de los intereses de dichos sectores o cediendo al chantaje político o la extorsión.
Contados con los dedos de la mano los lideres políticos que, sin importarles los actos de persecución y sus consecuencias, jamás cedieron al indebido accionar de los “caviares”.
Mi solidaridad y reconocimiento a Keiko Fujimori y Alan García, que sufrieron las consecuencias de la más cruenta persecución política de nuestro siglo, y a quienes el país sabrá reconocer históricamente y compensar en su momento.
Entretanto, corresponde al Congreso de la República y al Tribunal Constitucional en funciones, continuar corrigiendo todo aquel entramado que tejieron por años los “caviares” para destruir el Estado y nuestros modelos democrático, político, social y económico.
Asimismo, tengo la esperanza que desde la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial en algún momento se sancionará como corresponde y sin ningún temor, a los autores de tan execrables actos contra el Estado de derecho y el sistema político.