Por: CPC SERGIO AGURTO FERNANDEZ
A medida en que se han ido fortaleciendo las exigencias institucionales y empresariales en materia de selección de sus recursos humanos, en paralelo, una población en constante cambio en respuesta a esta inquietud, también se ha vuelto más competitiva, y tratando de insertarse formalmente al mercado laboral, se preocupa en darle un valor agregado a su formación profesional (Maestria, doctorado), con la intención de escalar posiciones en el ranking imaginario de las preferencias. A esto la llaman meritocracia. La implementación de esta norma administrativa en el sector público, debe estar despercudido de todo manoseo político, entendiendo que es un tema netamente laboral, pero que de tanto “jaloneo”, termina convirtiéndose en un problema social, lo que resulta preocupante; tal es el caso de los 14,883 profesores despedidos, que actualmente es materia de discusión política.
El Estado es el más grande empleador del país, y en contraste a su función promotora, es un pésimo empleador, que siempre busca evadir sus responsabilidades patronales, recortándole los derechos laborales a sus trabajadores, en unos casos, y en otros, “inventando” figuras legales para desconocer los legítimos derechos que les asiste, al punto de convertir el vínculo laboral en una simple relación contractual, que en términos administrativos significa que las acciones de este tipo de personal, no están en el ámbito de la unidad de personal sino en la unidad de logística, comparable a un esporádico servicio cualquiera que puede brindar un particular, cuyo pago se considera no una remuneración sino un servicio manual, expresados en una “orden de servicio” y en un recibo de honorario.
Quienes están desposeídos de un patrimonio personal, para sobrevivir, hipotecan su tiempo a cambio de un salario y de los beneficios que de allí de derivan (Estabilidad laboral, vacaciones, CTS, seguridad social, jubilación). Por este motivo siempre estarán expuestos a las exigencias y hasta los abusos patronales. El Estado ante tantos problemas laborales y fiel a su mala costumbre, “obliga” al servidor público a distraer los escasos recursos que posee, para recurrir a la vía judicial con el fín de hacer valer sus derechos conculcados, cuando lo correcto era resolverse en la vía administrativa; en razón de ello, los despachos judiciales terminan abarrotados de expedientes que les ocasionan una innecesaria sobrecarga procesal.
Pero el tema que motiva este artículo está referido a los 14,883 docentes separados de la Carrera Pública Magisterial. Todos tenemos opiniones divididas al respecto, según como se vea la magnitud de la injusticia cometida. Para entenderlo mejor, es preciso retroceder en el tiempo hasta ubicarnos en el año 1984, se dice que fueron 370 mil maestros los que ingresaron al magisterio en forma “interina”, pero terminaron por quedarse 30 largos años, para luego ser separados del cargo en el año 2014, al “guerrazo” (toda una vida laboral perdida ¿Y quién responde por eso?), con el vanal argumento de que carecían de título profesional, otros no asistieron o fueron desaprobados en el examen. Al profesor se le debe de evaluar en el aula, con imparcialidad y no a través de un examen múltiple, en donde los pergaminos no deben contar sino la capacidad que tienen para transmitir conocimientos.
Si en el año 1984 se les admitió, no fue por una cuestión del destino, seguramente fue por algún mérito que exhibian, o porque eran los menos malos, frente a la urgente necesidad de contar con más docentes. Siendo así, cualquiera que haya sido el vínculo magisterio-docente, ya se generaron “derechos laborales adquiridos”, así el Estado no los quiera reconocer, su problema será, pero sí el Tribunal Constitucional, expresados en sendas resoluciones sobre la materia, precisando que, cuando concurren ingresos que tienen el “carácter de permanente en el tiempo y regulares en sus montos”, adquieren el carácter remunerativo y son pensionables porque aportan para la jubilación. Siendo así de impertinente el despido, le correspondía al empleador enmendar sus errores, asumiendo el reto de la capacitación (Titulación), tal como cualquier empresa lo hace enviando a sus trabajadores al Senati o a cualquier centro superior. 0jo, estamos hablando del Estado y no de un empresario.
Qué duda cabe que fueron tres los factores que impidieron a los profesores para cumplir con las exigencias propias del cargo: 1) Sueldos indignos que sólo cubrían las necesidades básicas de la familia, sin margen de ahorro para destinarlo a la capacitación; 2) La lejanía de los centros de formación docente, alejados de los pueblos y las comunidades de la sierra y de la selva, cuyo acceso les era un deseo imposible de cumplir; y 3) La insensibilidad burocrática del Estado, carente de empatía para interactuar con sus subordinados, que no facilitaron a los docentes sin título la oportunidad de seguir estudios a “distancia” desde la sede laboral, supervisados por las UGELs.
Al respecto el Congreso de la República con fecha 09-10-2020 aprobó la ley que dispone la reincorporación de los 14,883 maestros cesados en el año 2014 (Aplausos); acto seguido el día 15-10-2020, el Congreso, vergonzosamente retrocedió y aprobó “reconsiderar” la segunda votación del texto sustitutorio de la ley que aprobó (09-10-2020) la reincorporación de los 14,883 maestros (¡Oh sorpresa¡). Estas marchas y contra marchas de los señores congresistas, hacen mucho daño al país y demuestran la falta de criterio propio y conocimiento, cuando se discuten en el pleno, temas de interés nacional.
Mientras hay un “jaloneo” en esta vida terrenal sobre qué hacer con dichos profesores por los yerros cometidos al más alto nivel, seguramente varios cientos de ellos ya entregaron su alma a Dios o ya superaron los 65 años de edad, sin opción de ser reincorporados. Para el Estado el personal contratado que ocupa una plaza “no orgánica”, su remuneración se les paga fuera de planilla con la evidente pérdida de sus derechos laborales. Entonces es de suponer que buena proporción de ellos ya pasaron a engrosar la fila de los indigentes o de la pobreza extrema, o forman parte de los programas sociales que brinda el gobierno. Es vergonzoso, pero esa es nuestra cruda realidad.