El último fin de semana el Juez Luis Pérez Granados dispuso el internamiento por nueve meses del degenerado sujeto que fue denunciado por delito de actos contra el pudor de menores luego de haber sido denunciado por vecinos del parque “Cristo Rey” de Nuevo Chimbote de haber manoseado y haberse masturbado delante de menores de edad.
La enérgica pero necesaria medida del Juez se dictó luego de una audiencia en la cual el Ministerio Público, afortunadamente, dejó de lado una posición absurda y complaciente con un maleante que había demostrado ser un peligro para los menores de edad en las calles, más aun cuando ni siquiera había verificado cuál era su oficio o actividad.
El caso tiene como protagonista a José Edinson Torres Casana, el sujeto que fue liberado por la Fiscalía tras ser detenido por agentes del serenazgo pese al accionar impúdico y pervertido del sujeto bajo el argumento que no existía flagrancia de delito y que los hechos no implicaban actos de gravedad como para mantenerlo detenido, medida que generó la airada protesta de las autoridades sureñas y que fue uno de los detonantes para que la población salga a las calles protestando no solo por la inseguridad sino por la escandalosa impunidad que se advertía.
Sin embargo, la Policía no le había quitado los ojos a Torres Casana, entendía que se trataba de un sujeto de mal vivir que volvería a cometer sus fechorías como en efecto, apenas dos días después, lo sorprendió cuando departía con sujetos dedicados al tráfico de estupefacientes, decomisándole “ketes” de PBC que adujo era de su consumo.
Sin embargo, cuando se produjo la detención ya las autoridades habían avanzado en la pesquisa del atentado contra la libertad sexual que había perpetrado el sujeto en el parque “Cristo Rey”, inclusive, se había presentado una menor de 14 años junto a su madre para reconocerlo porque se trataba del mismo individuo que una noche cuando regresaba del colegio la tomó por el cuello, la llevó a un lugar solitario y allí se masturbó hasta eyacular sobre las partes íntimas de la menor.
Este nuevo hecho y los otros dos registrados en el Parque “Cristo Rey” fueron el sustento suficiente del Fiscal Juan Ulloque Sandoval para solicitar que se le dicte prisión preventiva en la medida que se entiende que estamos frente a hechos que, ciertamente, revisten suma gravedad, hay en ellos riesgos muy graves por los cuales han atravesado los menores ante los actos impúdicos del individuo.
Los menores manoseados y asquerosamente abordados por este sujeto para autoestimularse pudieron dar lugar a hechos más perniciosos, como que los niños pudieron ser víctimas de violación en ese mismo momento, escenario que no fue calculado por el Fiscal que inicialmente revisó el caso y que, increíblemente, lo dejó en libertad.
Se tiene que tener en cuenta que un agraviado no necesita ser ultrajado para ser víctima de daños emocionales, por el contrario, los actos contra el pudor de menores, como los protagonizados por Torres Casana, tiene como bien jurídico tutelado la integridad sexual del agraviado, los niños que han sido manoseados o que han observado la manera como el degenerado se masturba ante ellos quedan impresionados y con un trauma que puede significarle serios perjuicios en el futuro.
Esto no ha sido catalogado por el Fiscal que consideró que los hechos no revestían gravedad, seguramente porque no conocía otros entretelones o porque no conoce el trasfondo de la figura delictiva que se estaba denunciando, la secuela psicológica que es capaz de dejar esta clase de acciones pervertidas por parte de desviados y enfermos sexuales que tratan de satisfacerse a costa de la inocencia de los niños, aprovechándose que muchos de ellos guardarán silencio ante cualquier amenaza o advertencia.
Los propios establecimientos que atienden los casos de violencia física y sexual contra los menores de edad han reiterado en diversas ocasiones que no existe necesidad de ultraje o violación contra un menor para que se concrete el delito, basta con la tentativa o los actos contra el pudor para que se genere un grave daño en la salud mental de ese pequeño que suele ser tan o mucho más delicada que la agresión propiamente dicha.
Empero, además de ello, los magistrados tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, deben administrar justicia no solo en mérito de lo que dice o señalan los códigos, la legislación efectivamente debe cumplirse y aun cuando existan casos en los cuales no se prevén penas muy graves, lo que se debe advertir es el riesgo o peligro que existe con una persona pervertida como Torres Casana en las calles.
Los fiscales debieron advertir que el sujeto era mucho mas peligroso en las calles que en los calabozos, no se puede soltar a un individuo que se ha aprovechado de menores con actos impúdicos sin que se despeje el riesgo que vuelva a cometer hechos similares con otros menores o que, a lo mejor, pueda ir mas allá y ultrajar a inocentes víctimas.
Los magistrados tienen la ineludible obligación de velar por la salud física y moral de los menores de edad y, en ese contexto, tuvieron que manejar otros criterios cuando decidieron la libertad ambulatoria de un sujeto como José Torres Casana, pues debieron convenir que dejarlo suelto en plaza resultaba mucho más perjudicial.
Esto si lo entendieron y comprendieron el fiscal y el juez que evaluaron posteriormente, apenas una semana después, la condición jurídica del pervertido sexual y llegaron a la conclusión que los delitos que había cometido eran sumamente graves y ameritaban una medida restrictiva en tanto que estaban al frente de un sujeto que no tenía oficio ni beneficio, que no tenía domicilio fijo y que se dedicaba al consumo de estupefacientes.
Afortunadamente, el individuo ya se encuentra tras las rejas y se ha alejado el peligro que representa para los niños en la calle, empero, este hecho nos deja para el análisis la preocupante incoherencia que se ha observado entre las disposiciones de los fiscales que revisaron este caso, uno de ellos indiferente e insensible frente al grave peligro que representaba el sujeto en las calles y el otro convencido que los daños causados por el individuo en la salud mental de los niños tiene ribetes de suma gravedad. Hay allí algo que ajustar, dos representantes de la ley no pueden asumir de manera radicalmente diferente un mismo caso. Ello podría costarle muy caro a la comunidad.