Por: Fernando Zambrano Ortiz / Analista Político
Es conocido que la Fiscal de la Nación estaba investigando las muertes durante las protestas ocurridas el año pasado, la misma que incomodaba a la presidente Dina Boluarte, quien habría estado pugnando por su archivamiento.
Pero también la fiscalía estaba investigando la contratación en el Estado de personas cercanas al primer ministro Otárola, y ello lo habría incomodado sobre manera, pues consideraba que la filtración de información en su contra provenía del Ministerio Publico. Otárola tenía claro que detrás de las investigaciones periodísticas estaba el brazo derecho de la Fiscal Benavides, un asesor de sinuosa trayectoria, que es filósofo de profesión.
El mensaje subliminal que habría dirigido Otárola al asesor de la fiscal de la Nación el día anterior, mientras subía a su camioneta escapando de un reportero, nos da un indicio razonable del disgusto del premier y su certeza de quien estaba detrás de sus investigaciones. “Dile al filósofo que todo está bien”, es lo que alcanzó a decir frente a cámaras.
Es evidente que para entonces ya existía un operativo montado para atacar a la Fiscal Benavides, con participación de la fiscal Barreto y la instrumentalización de la DIVIAC. Este operativo incluía supuestos mensajes de WhatsApp, sin autenticidad verificada, que comprometerían al “filosofo” en coordinaciones con asesores de congresistas para conseguir votos en dos casos específicos, la elección del defensor del pueblo y la inhabilitación de la fiscal Zoraida Avalos. Coordinaciones que, valgan verdades, son el pan de cada día en el Congreso, a través de coordinadores parlamentarios de todas las instituciones públicas.
La función de coordinación parlamentaria, que no es otra cosa que el lobby público, es lícita y no debe confundirse con el tráfico de influencias. Sólo si se prueba negociados, prebendas y afectación al Estado, además de la participación directa de la fiscal Benavides en dichos actos, más allá de mensajes de texto en los que extrañamente nunca aparece uno de los interlocutores, se podría considerar el tráfico de influencias.
La reacción de la fiscal de la Nación al enterarse del operativo fue casi inmediata. Esa misma madrugada se hacía público el retiro de Vela Barba del Cargo de Coordinador de Fiscalías de Lavado de Activos, quien había venido despotricando contra la fiscal de la Nación; llegando inclusive a verter amenazas ante un medio de comunicación. Por la tarde, en una reacción torpe y desproporcionada, la Fiscal Benavides presentó ante el Congreso de la República una acusación constitucional contra la presidente Dina Boluarte y su primer ministro Otárola por los muertos en las protestas.
Con esta reacción la crisis escaló rápida y desmesuradamente, llegando a plantearse nuevamente la vacancia presidencial, pedidos de renuncia a la fiscal Benavides por parte de, valgan verdades, solo dos de seis fiscales supremos; así como el pedido de renuncia al Defensor del Pueblo. Todo ellos bajo la algarabía de una alicaída izquierda caviar, que sin el manto protector de su mesías el Lagarto, estaba en los estertores de su existencia.
El silencio del Congreso ante la crisis, en un inicio considerado como una actitud cómplice, parece ser el camino adecuado para calmar las aguas, al menos por el momento. Las investigaciones deben seguir su camino, sin la participación de quienes participaron del operativo, como la fiscal Barreto, cuya designación ha sido revocada el día de hoy. La Fiscal de la Nación Patricia Benavides permanecerá en el cargo, al igual que el Defensor del Pueblo, y el Congreso deberá retomar sus temas.
Estamos ante una lucha de poderes que debe terminar, y ello pasa por sentarse a conversar y volver a tener un mar calmo. El Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo pueden marcar el camino a la tregua política y, de esta manera, desinflar a la casta caviar que se considera empoderada con la crisis.