El Juez Roma Cruz Avilés, quien está a cargo del control de la investigación preparatoria que se sigue contra los autores mediatos e inmediatos de doble crimen perpetrado en el distrito de Nepeña, en donde asesinaron de manera cruel al alcalde de Samanco Francisco Ariza y el asesor legal Henry Aldea Correa, ha dispuesto la ampliación del mandato de prisión de cada uno de los investigados.
Aun cuando el Ministerio Público, por la complejidad y la importancia de este caso, había solicitado se amplíe la orden de prisión en 18 meses, finalmente el Juez de la causa determinó que, en efecto, era necesario que se amplíe el período de aprehensión pero solo por 14 meses, tiempo que considera suficiente como para que el Ministerio Público encause el proceso y pueda conseguir una sentencia.
El Fiscal Provincial a cargo de este caso, Edwin Cipriano Loyola, había solicitado esta ampliación del mandato de prisión con la finalidad de garantizar el desarrollo no solo de la pesquisa sino del juicio oral que es una fase que está Ad portas de iniciarse en la medida que en este momento el proceso de encuentra en fase intermedia.
Esto quiere decir que el Fiscal Provincial ya agotó todas las diligencias que requería para recopilar las pruebas suficientes que sustenten los cargos que ha formalizado ante el Poder Judicial, por ello es que en el curso de los próximos días ya el Juzgado debe señalar la fecha y hora para que se realice la audiencia de control de acusación.
Ello porque el Ministerio Público ya le hizo llegar al magistrado la acusación escrita, en la cual está demandando penas de cadena perpetua, así como 35 y 22 años de prisión para los diferentes implicados y de acuerdo a la responsabilidad que le alcanza a cada uno de ellos.
Esta acusación ha sido ya materia de información y comentario de los medios de comunicación, se ha sustentado las razones por las cuales se es más drástico con la cúpula que manejó este crimen y por qué se solicita penas menores a algunos de ellos como los ex regidores o el ex alcalde Jaime Casana, quien tiene responsabilidad restringida por su avanzada edad.
De allí que la Fiscalía, a juzgar por el estado en el que se encuentra la causa, lo que necesita es garantizar que las siguientes etapas del proceso, las cuales resultan claves para los efectos de corroborar o desvirtuar las pruebas que sirven como fundamento de la acusación, se realicen sin contratiempos y con la presencia de cada uno de los investigados, lo que a la larga representa una garantía para el derecho a la defensa de cada uno de los acusados.
En realidad el pedido era tan claro y pertinente que los propios abogados de la defensa técnica de los implicados convinieron con la postulación del Ministerio Público, empero, disentían en la cantidad de meses que solicitaba porque consideraban que no se requiere 18 meses porque es demasiado.
Ellos planteaban al Juzgado que se le otorgue entre 6 y 8 meses más al Ministerio Público porque de alguna manera también se le debe exigir celeridad a un organismo que se toma demasiado tiempo para poder emitir las disposiciones que corresponde.
Por ello es quien debió terciar en este debate es el magistrado quien ha tomado en cuenta el número de investigados, que son bastantes, y la cantidad de pruebas que hace valer el representante del Ministerio Público como fundamento de sus cargos, cuya actuación requiere de un tiempo prudencial como para llegar al final de este proceso.
Hay que tener en cuenta que el Fiscal ha acusado a todos los implicados, no ha eximido de responsabilidad a ninguno de los denunciados, entre ellos a los ex regidores cuyos familiares claman inocencia, empero, esa es una condición que solo podrá evaluarse y decretarse cuando concluya el juicio oral.
De allí que solo cabe esperar que se cumplan los plazos y las partes presenten sus observaciones a efectos que se convoque a la esperada audiencia de control de acusación, esta es una diligencia que resulta trascendental para poder disponer de la carpeta en el marco del juicio. Ya no queda más, todas las cartas están sobre la mesa, de allí que la decisión de ampliar la orden de prisión ha sido una medida previsible, impostergable y necesaria a efectos de garantizar el desarrollo del juicio oral teniendo en cuenta la gravedad de las penas que ha solicitado el Ministerio Público.
NUEVO DISTRITO
La semana pasada el Congreso de la República promulgó, por insistencia, una ley que declara de prioridad y necesidad pública la creación del distrito de San Pedro en la provincia del Santa, por lo que será este instrumento el que servirá a los promotores para agilizar los trámites que se encuentran pendientes.
En realidad, hay muchos que tomaron esta ley como si fuese la creación del distrito mismo, lo cual no es posible porque aún resta gestionar una serie de documentos y estudios que deben ser aprobados a nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros antes de ser puesto a consideración de pleno parlamentario.
Esta ley de prioridad y necesidad pública se supone que es un instrumento que abre las puertas a quienes deben ejecutar determinado trabajo dentro de la administración pública, sin embargo, su promulgación no avala de ninguna manera la inmediata creación del distrito de San Pedro, como muchos lo piensan.
Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Proyecto Especial Chinecas también recibió en el gobierno aprista una ley de prioridad y necesidad pública, empero, pese a tener este instrumento legal los funcionarios del proyecto irrigador hasta la fecha ni siquiera consiguen un estudio que le permita reclamar la ejecución del mismo. Este es todo un proceso y su avance mucho depende de los promotores.Â
La jurisdicción de San Pedro ya cuenta con una ley que lo habilite, ahora solo resta que consigan el estudio y todos los documentos que se requiere para que se demande la creación del nuevo distrito. Esperemos que se tenga noticias al respecto.