Editorial

Comunidad de indígenas detrás de tráfico de tierras

Como siempre:

Alertados sobre la inminente invasión y posterior venta de lotes de vivienda en un terreno de sesenta hectáreas de  propiedad del Proyecto Especial Chinecas,  personal de este organismo y de la Procuraduría del gobierno regional de Ancash, con apoyo de la Policía Nacional,  realizaron hace dos días una inspección  en la zona conocida como “Villa Universitaria” y pudieron verificar que, efectivamente,  en este lugar se habían realizado trabajos de afirmado y de lotización como paso previo a la invasión y al tráfico de tierras.

Como ya es común en circunstancias de esta índole, al momento de la inspección  los funcionarios regionales recibieron la visita de un personaje quien dijo ser  representante de una  “asociación de vivienda” que pretende instalarse en ese lugar. Pero, a pesar de no tener a la mano ningún documento probatorio,  aseguró que la “asociación” había  comprado  las sesenta hectáreas a la Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco;  un argumento con todas los ingredientes de estafa pública y que ya es hartamente conocida en nuestro medio.

La zona en mención se encuentra  muy cerca a la Vía de Evitamiento, lo que en términos de negociación, ya sea legal o ilegal, conlleva a que todo lote de vivienda  ubicado en ese lugar adquiera una cotización por encima de lo convencional; algo que los traficantes de tierra conocen bastante  bien ya que han hecho de esta actividad lucrativa su medio de vida a tiempo completo.

Por eso mismo, ya no es ninguna novedad que el nombre de la Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco, que formalmente ya no existe, aparezca como toda la vida detrás de cada tráfico de tierras; ahí donde hay acciones ilegales y dinero mal habido de por medio.

Hasta donde se ha podido conocer, la comunidad fue desactivada  durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado luego del sismo de 1970, precisamente por haber impulsado el tráfico de tierras aprovechando la situación de pánico y psicosis colectiva que se prolongó por un buen tiempo. Muchos terrenos de propiedad del estado, que figuraban a nombre de la Corporación Peruana del Santa, pasaron a manos  privadas de la noche a la mañana, sin más trámite que la firma de una “transferencia” firmada por uno o dos dirigentes de la comunidad. Un poco más y hubieran sido capaces de  “transferir” el Vivero Forestal, el terreno de Siderperú y el mismo muelle de Enapu, que tuvieron la desfachatez de reclamar como propiedad de la comunidad.

En el caso de comunidades indígenas todavía vigentes, como Chao y Virú, por ejemplo, las tierras comunales poseen la condición de intangibles, solo se transfieren de padres a hijos, y no pueden ser sujeto de ninguna operación comercial  ni de compra y venta. Las tierras comunales no tienen fines de lucro. Cualquier transferencia o donación, solo puede realizarse con el voto mayoritario y la firma de los comuneros debidamente acreditados y luego elevado a Registros Públicos.

Sin embargo, existe una buena cantidad de invasores de Chinecas que han accedido a la “posesión” de 10 ó más hectáreas  en mérito a un documento de compra-venta expedido por la Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco y que los propios funcionarios de Chinecas han dado por aceptado. A propósito ¿a manos de quién o quiénes va a parar el dinero producto de estas ventas fantasmas?

Conjuntamente con el evitamiento de nuevas invasiones, los funcionarios de Chinecas  van a tener que dilucidar éstas y otras coyunturas para que los traficantes de tierra no puedan decir ¿por qué a él sí y a mí no?. Mientras esto no se actúe con mano dura, la Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco siempre estará detrás del tráfico de las tierras de Chinecas.