Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Únicamente cuatro de nueve plantas procesadoras de anchoveta están operando en el sur. Es decir, más del 50% de la industria está paralizada, no obstante que la biomasa de anchoveta del sur –que abarca desde Marcona hasta el norte de Chile– sigue saludable y sostenible, y no obstante también que la industria pesquera chilena contigua (zona norte en el país del sur) mantiene su productividad. Las cosas se agravan cuando recordamos que el fallo del Tribunal de la Haya, con respecto al pasado diferendo marítimo entre Perú y Chile, le otorgó a nuestro país un triángulo exterior a partir de las 80 millas náuticas que antes pertenecían a Chile. Un área en donde también se concentra la biomasa marina y que es desaprovechada por el país.
No hay entonces un solo argumento razonable para la debacle de la industria pesquera peruana en el sur. ¿En dónde están las causas entonces? Una vez más las malas cosas que le suceden al país provienen de la ideología y de los prejuicios en contra de la inversión privada. En el Perú, la talla mínima legal para la pesca de anchoveta es de 12 centímetros. El Decreto Supremo 024 -2016 obliga a presentar reportes de capturas por debajo de la talla mínima y, en el caso de superar el 10% de pesca por debajo de esa medida, se puede producir el cierre de la zona pesquera.
Sin embargo, en el reciente informe de Macroconsult “Impacto económico del ordenamiento pesquero para la zona sur” se establece que la talla 10.5 centímetros (cm) de la anchoveta es la medida con que este recurso marino alcanza la madurez gonadal; es decir, la edad de reproducción. El informe de la señalada consultora se basa en las conclusiones de la investigación “Monitoreo biológico-pesquero de la anchoveta en la región Sur”, elaborado por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), con información y data registrada desde 1986 hasta el 2022. Si las cosas son tan evidentes en cuanto estudios e investigaciones, ¿por qué entonces se aprobó la talla mínima de los 12 centímetros?
Sobre la base de este absurdo, sin ningún sustento biológico ni científico, se han destruido miles de empleos y el Estado ha dejado de recibir millonarios recursos. Semejante normatividad prácticamente ha hecho colapsar la industria pesquera en el sur. La inoperatividad de las plantas de harina de pescado suma el 50% de capacidad ociosa y el de la industria del enlatado llega a un 52%. Una verdadera barbarie económica para las ciudades costeras del sur.
Con la implementación del Decreto Supremo 024-2016 se pierden miles de empleos y millones de dólares para el fisco nacional. Por ejemplo, las vedas de pesca asociadas a la talla de 12 cm –en vez de los 10.5 cm– han generado una pérdida de US $600 millones entre el 2016 y el 2023, según el informe de Macroconsult.
Igualmente, si las vedas se hubiesen desarrollado sobre la talla de 10.5 cm se habrían exportado US $594 millones adicionales en harina y aceite de pescado. Asimismo, entre el 2016 y el 2023, se habrían adicionado 963,000 TM de anchoveta en desembarques y se habrían producido 24,000 toneladas más de aceite de pescado.
Es evidente, pues, que existe una normatividad claramente anti inversión y anti industria pesquera que, con el argumento de preservar la biomasa marina, destruye empleo y bloquea recursos para el Estado. Desde el gobierno nacionalista comenzó a legislarse con criterios ideológicos y allí están los resultados incuestionables en la zona sur. Por ejemplo, según Macroconsult, entre 1998 y el 2011, hubo un promedio anual de 668,000 toneladas métricas de desembarques. Luego comenzó un preocupante declive en las capturas del recurso marino. Entre el 2012 y el 2016 hubo un promedio anual de 289 TM y, entre el 2016 y el 2023 las cifras se desplomaron hasta 169,000 TM en promedio anual.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)