RECONOCIMIENTO
La semana antepasada el Gobernador Regional Luis Gamarra Alor fue convocado a la capital de la República por la Universidad Nacional “Federico Villarreal”, su alma mater, el centro de educación superior que lo formó como profesional de la Ingeniería. El rector de la mencionada casa de estudios y los principales Decanos de las Facultades solicitaron la presencia de Gamarra Alor con la finalidad de otorgarle un reconocimiento en nombre de la Universidad y saludarlo por su elección como Gobernador Regional de Ancash. Así es como procede un centro de estudios calificado cuando uno de sus egresados accede a un cargo importante en el concierto nacional, más aun cuando aquel no solo prestigia el nombre de la Universidad sino que la enaltece y la califica a un más. Sin embargo, si la memoria no nos traiciona, antes no se hizo lo mismo con los anteriores gobernadores regionales de Ancash y ello es porque quienes los antecedieron no eran profesionales, sino echemos una mirada al pasado. El Chef Enrique Vargas Barrenechea no tiene estudios conocidos y los que adujo que había realizado en Chile, en un centro superior de Gastronomía, no existen, fue una mentira por la cual la ex autoridad ancashina ha sido condenado y encarcelado. Antes de él estuvo Waldo Ríos Salcedo y la verdad es que nadie conoce que es lo que estudió a nivel de instituciones superiores y a la fecha se encuentra tras las rejas por los malos manejos comprobados en su gestión como alcalde de Huaraz. El anterior fue César Álvarez Aguilar, quien no tiene estudios universitarios y hasta donde se supo había realizado estudios de mando medio en el instituto Superior “Carlos Salazar Romero” que no los terminó y siendo Presidente Regional se dijo que estaba terminándolos en lo que se consideraba era solo un favor a quien manejaba el nombramiento de los directores de ese centro de enseñanza. Curiosamente, los tres últimos se encuentran tras las rejas, no pudieron ser reconocidos por centros de estudios superiores porque no pasaron por esas aulas. Así se manejó la región en antaño.
COMPRA
Tras las fiestas patronales de San Pedrito y con ocasión de la reunión de todos los gerentes y directores de la región en nuestra ciudad, el gerente regional Nicolás Molina Sánchez, confirmó que ya cuenta con el convenio que se suscribirá con el Ministerio de Salud para la compra del terreno que se destinará a la construcción del hospital La Caleta, en el P.J. Dos de Mayo. El funcionario señaló que en el plazo de dos semanas se tendrá listo para las firmas respectivas, pues es una etapa importante que se debe superar para los efectos de afianzar las siguientes fases del estudio de factibilidad y la posterior licitación. Lo que no deja de sorprender es que se anuncie el convenio entre la región y el Ministerio de Salud cuando desde hace algunos meses se afirmaba y sostenía que era la Municipalidad Provincial del Santa quien se encargaría de comprar los terrenos y destinarlos al mismo proyecto y en compensación recibiría del gobierno regional la titularidad del predio en donde actualmente se levanta el nosocomio en la Urbanización La Caleta. Por lo menos esta es la información que teníamos en boca de la alcaldesa Victoria Espinoza García, de allí que será necesario que se explique como han cambiado los términos de esta negociación aun cuando, claro está, lo que importa es que se compren los terrenos y se habiliten para la próxima reconstrucción del llamado “hospital de los pobres”.
PERMISO
Tal parece que la Policía deberá responder por su cuenta y riesgo los denunciados actos de represión que se registraron en el frontis de la empresa siderúrgica hace más de una semana atrás cuando se convocó a una paralización de trabajadores- Ello porque el gremio de trabajadores ha mostrado en la Defensoría del pueblo y el Ministerio Público que tenían un permiso y autorización de la Subprefectura para realizar una protesta estrictamente laboral, un plantón y una manifestación con sus arengas institucionales, sin embargo, la Policía los reprimió y hasta detuvo a dos manifestantes. El subprefecto ha dicho que efectivamente otorgó las garantías pero la Policía le pidió que deje sin efecto ese documento pero no lo hizo, lo que quiere decir que la razón asiste a los trabajadores y tienen derecho a denunciar el exceso policial.