Ante la incursión del suspendido rector José María Huamán Ruiz en las instalaciones del rectorado de la Universidad San Pedro, exigiendo reponerse en el cargo luego que se levantara la orden de captura con internamiento en el penal que pesaba en su contra, la Superintendencia Nacional de Educación Superior universitaria (SUNEDU) ha decidido intervenir atendiendo a sus atribuciones legales de fiscalización del funcionamiento de las universidades en el país.
El organismo rector del sistema universitario, ese que la nueva ley universitaria estableció en remplazo de la tristemente célebre Asamblea Nacional Universitaria, frente a la actitud del condenado rector ha remitido un documento a la Asamblea Universitaria de la Universidad San Pedro y la ha exhortado a disponer la vacancia de Huamán Ruiz del rectorado pues le recuerda que la sentencia judicial emitida cintra aquel en última instancia por delito doloso, configura una causal de vacancia establecida en el artículo 76 de la Ley Universitaria, así como en el artículo 68 del propio estatuto de la Universidad.
Incluso, el documento remitido el pasado miércoles 09 de este mes, remarca que el incumplimiento de las atribuciones conferidas en la Ley Universitaria y el Estatuto, por parte de los órganos o autoridades de gobierno de la universidad, constituye una infracción grave de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SUNEDU.
Sin embargo, pese a la claridad y contundencia de esta exhortación, todo indica que la Asamblea Universitaria de la citada Universidad está decidida a seguir haciendo el papel de organismo defensor y encubridor del rector José María Huamán, pues a pesar del documento de la SUNEDU el último fin de semana ha llevado a cabo una reunión en la que ha ignorado por completo las exhortaciones antes referidas.
Por el contrario, lejos siquiera de darse cuenta de la llegada de este documento de la SUNEDU, como correspondía, los miembros de la asamblea decidieron “levantar la suspensión” de José María Huamán que ellos habían decretado el pasado mes de abril, unos días después que el primer juzgado Unipersonal de Chimbote lo condenara a tres años de pena efectiva en el escandaloso fraude conocido como las “asesorías fantasmas”.
Esta medida sancionada el último jueves no solo pone de manifiesto que la incursión de José María Huamán para retirar al vice rector Gilmer Díaz Tello el pasado jueves 27 de julio, un día después que la sala penal confirmara la condena de tres años pero con pena condicional y no efectiva, ha sido abiertamente ilegal, sino que pone en evidencia que la Asamblea Universitaria no estaría dispuesta a vacar al rector Huamán.
Ello porque a pesar de tener pleno conocimiento de la exhortación formulada por la SUNEDU, a pesar que ya todos los medios de comunicación informaron a la opinión pública de la existencia de este emplazamiento de la autoridad rectora del sistema universitario del país, los asambleístas no solo lo ignoraron sino que legitimaron la presencia usurpadora hasta ese momento de Huamán en el rectorado.
Esto es sumamente delicado y peligroso en la medida que si bien es cierto la SUNEDU ya no tiene las mismas y abusivas prerrogativas que ostentaba la ANR para intervenir una universidad y asumir el control de aquellas que consideran que se ha desviado del cauce legal, lo que sí puede hacer es fiscalizar el desempeño de sus órganos de gobierno.
En tal sentido, la SUNEDU ya ha apercibido a los asambleístas de la Universidad San Pedro a efectos que actúen de acuerdo al marco legal vigente, en razón que una actitud omisiva o cómplice con la ilegal gestión de José María Huamán derivaría en situaciones de conflicto entre los miembros de la comunidad universitaria que pongan en riesgo la continuidad de la prestación del servicio educativo.
Esto es sumamente delicado en la medida que ya involucra a los estudiantes, los coloca en medio de una pugna por los máximos cargos de la Universidad y los coloca en la posibilidad de quedarse sin estudiar si es que la SUNEDU se ve en la necesidad de sancionar a quienes no acatan las normas y se muestran desafiantes al sistema universitario vigente.
Esto quiere decir que la SUNEDU ya ha desestimado el discurso que esgrimió el sentenciado rector cuando incursionó al rectorado al sostener la tesis de la no vacancia por efectos de la impugnación del fallo condenatorio que pesa en su contra, es decir, porque su defensa ha formulado un recurso de casación que obligará a que el proceso se dirima en una última instancia ante la Corte Suprema.
En realidad esta es una interpretación “sui generis” del rector y sus abogados en la medida que la casación es un recurso que solo ataca los aspectos formales de un proceso penal, que hasta el momento no ha sido concedido por la Sala Penal de Apelaciones, por el contrario, el caso de las asesorías fantasmas ha sido revisado ya en una segunda instancia que ha expedido su decisión en instancia final confirmando el fallo condenatorio de tres años de pena privativa de libertad y reformándola solo en el extremo que la pena debe ser condicional y no efectiva como lo estableció el juzgado.
Por ello es que para la SUNEDU en este caso ya se ha consagrado el principio de pluralidad de instancia y la casación a la que ha apelado el rector no debe dejar en suspenso la aplicación de las reglas de la vacancia determinadas en la ley universitaria como en el estatuto de la propia casa universitaria.
De allí que nos consterna que después del público emplazamiento que ha formulado a la Asamblea Universitaria ésta se haya mostrado impasible e indiferente al mismo, por el contrario, ha seguido avalando la presencia de un rector que para la máxima autoridad del sistema universitario ya no tiene los pergaminos legales y morales para seguir al frente de una comunidad universitaria como la de San Pedro.
Habrá que esperar que hace o decide la asamblea universitaria esta semana, por lo menos hasta el día miércoles que vence el plazo establecido por la SUNEDU, al margen del pronunciamiento que deberá emitir también la Sala penal de Apelaciones que hasta el último viernes ha recepcionado los escritos de fundamentación del recurso de casación y en los próximos días debe dirimir si acepta o no ese recurso. En ambos casos se dilucidará la suerte del sentenciado rector.