Un fuerte contingente de la Policía Nacional respaldó el accionar de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, quienes dispusieron el desalojo de casi un centenar de familias que habían invadido un extenso terreno del P.J. Villa María, que tiene la condición de intangible por ser un área destinada a la construcción de un complejo deportivo.
Pese a que estaban notificados con la debida antelación y que los medios de comunicación habían tratado este tema y difundieron la decisión de las autoridades de retirarlos de este lugar, un pequeño grupo de familias opuso tenaz resistencia y generó una pequeña escaramuza que finalmente fue controlada por la Policía.
La mayoría de ocupantes decidieron retirar sus cosas de manera voluntaria en tanto que su situación se tornaba insostenible, ni siquiera contaban con el apoyo de los pobladores de la zona quienes, por el contrario, fueron los que demandaron a la autoridad edil mayor energía para retirarlos a efectos que se pueda ejecutar su proyecto recreativo.
En realidad estas familias fueron reubicadas “temporalmente” a este terreno del P.J. Villa María en el mes de Marzo pasado, por intervención de la Municipalidad Provincial del Santa y de la propia Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote cuando debieron atender las emergencias generadas por el fenómeno del Niño Costero.
Estas familias quedaron a la intemperie luego que los desbordes del río Lacramarca provocaron una impresionante inundación en este sector y sus viviendas colapsaron, por lo que, ante la emergencia, decidieron llevarlas a este terreno destinado a un Complejo Deportivo con la finalidad que allí pernocten hasta que se superen las contingencias de la inundación, poniéndose énfasis en que este traslado era solo temporal.
Superada la emergencia, se supone que estos damnificados debieron retornar a los terrenos que ocupaban, sin embargo, sorpresivamente muchas familias se negaron a salir y de pronto se advirtió que la población en este sector había crecido de manera repentina.
El secretario general del P.J. Villa María reveló en una oportunidad que apenas el 20% de las familias que estaban ocupando estos terrenos fueron los que originariamente se trasladaron allí por la emergencia, lo que quería decir que existen muchos que trataron de aprovecharse de la buena voluntad de las autoridades y de su solidaridad para prestarles ayuda temporal ante los fenómenos climáticos, pretendiendo tomar un terreno que no solo no le corresponde sino que por su propia naturaleza no estaban habilitados para destinarlos a vivienda, como se ha anotado.
Por ello es que el alcalde y funcionarios de la comuna distrital no vacilaron en señalar que se trataba de invasores que solo trataban sacar provecho de una situación penosa y difícil como fueron los estragos generados por el “Niño Costero”, de allí que en alguna oportunidad exhortaron a la alcaldesa Victoria Espinoza García a que disponga el desalojo de estas familias en la medida que por su directa intervención habían sido trasladados a este extenso predio.
Nadie tomó la iniciativa de desalojar a los invasores hasta que la sub gerencia de obras públicas de la comuna sureña anunció que estaba todo listo para lanzar el proceso de selección que permita adjudicar el proyecto a una empresa que se encargue de ejecutar la obra del complejo deportivo con una inversión que solo en su primera etapa implica casi un millón de soles.
Fue entonces que el desalojo de estas familias se convirtió en una necesidad antes que un acto abusivo o arbitrario, estaba claro que los ocupantes de esos terrenos eran solo damnificados de un fenómeno climatológico a los cuales trasladaron a un terreno intangible de manera temporal, de tal suerte que concluida la emergencia tendrían que volver al mismo lugar donde antes estuvieron.
Lamentablemente, la intención de sacar provecho y ventaja hasta de las buenas acciones, como en este caso fue una decisión amparada en la solidaridad y el apoyo a quienes habían resultado afectados por los estragos de la naturaleza, por lo que había que tomar decisiones categóricas como era el retiro de estas familias indebidamente instaladas en este extenso predio de Villa María.
De allí que la intervención de las autoridades de la Municipalidad como de la Policía Nacional no tienen características arbitrarias o abusivas como alegaron los desalojados, no responden a medidas ajenas a un procedimiento legal porque la condición de aquellos no responde a ninguna cuestión de formalidad.
Alegaban los invasores que “la municipalidad no nos ha notificado” y es que en realidad no tenía porque hacerlo, se trata de invasores que no están en una comunidad urbanizada, con viviendas que cuenten con calles empadronadas o en donde exista alguna clase de catastro, son solo ocupantes precarios a los cuales basta con exhortarlos a que se retiren por sus propios medios para poder desalojarlos en caso de resistencia.
Esto es lo que ha ocurrido en los predios de Villa María, de esta manera la Municipalidad de Nuevo Chimbote ha recuperado el principio de autoridad, ha impuesto su mando en un sector en donde se tiene que defender las áreas públicas e intangibles y en donde, no se puede soslayar, existe un proyecto que está virtualmente listo y que redundará en el beneficio de muchas familias que lo esperan por años como es el complejo deportivo.
Si los desalojados alegan necesidad de vivienda que recurran a las instancias competentes de la Municipalidad Provincial del Santa para presentar su solicitud como lo ha señalado la alcaldesa Victoria Espinoza en innumerables oportunidades, que se acojan a los procedimientos que determinan las normas pero que no pretendan sacar ventaja de una medida altruista que se adoptó en una emergencia, por ello es que su retiro voluntario o no de esos terrenos ha sido una medida necesaria que ha contado con el respaldo de todos los sectores en nuevo Chimbote.