Opinión

¿El INEI pretende erosionar la democracia representativa?

POR: Víctor Andrés Ponce (*)

El Centro Wiñak y el diario Perú21 acaban de informar que, en las preguntas del próximo Censo Nacional del 2025, a pesar de que la población en un 60.2% se reconoció como mestiza y un 5.5% como blanca en el último censo nacional, se pretende relegar estas identificaciones étnicas a la categoría de otros. Muy por el contrario, en las interrogantes sobre la identidad étnica se relieva en primer lugar la identidad quechua, en segundo lugar, aimara; en tercer lugar, la pertenencia a un pueblo indígena u originario de la Amazonía; en cuarto lugar, la identificación con pueblo indígena u originario en general y luego se colocan las identidades de negro, moreno, zambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendendiente, nikei, tusán, mientras que los mestizos, blancos, trigueños están entre otros.

¿Cómo puede entenderse semejantes despropósitos que buscan subrayar las diferencias antes que las convergencias entre los peruanos? A nuestro entender solo hay una explicación: la estrategia de poder de las corrientes progresistas que buscan erosionar el sistema de democracia representativa construyendo un sistema de representación en base a identidades, en vez del principio de un ciudadano un voto.

No se necesita hacer encuestas ni grandes estudios sociológicos para observar que la mayoría de los peruanos pertenecen a la condición de mestizos, no solo por los tres siglos de virreinato y dos de experiencia republicana, sino también por las masivas migraciones desde los Andes hacia la costa en el siglo XX que cambiaron la densidad poblacional de nuestra sociedad a favor de una abrumadora mayoría en las ciudades. Algo más. Una breve revisión de la historia nacional, incluso, nos señala que los Andes, las comunidades campesinas, las propias gramáticas del quechua y del aimara y las tradiciones religiosas y musicales andinas son principalmente mestizas. El único lugar adónde no llegó el virreinato español y el mestizaje es en el área de los pueblos de la Amazonía.

¿Qué buscan, pues, las preguntas tendenciosas e ideologizadas que está planteando el INEI para el próximo censo nacional? Es evidente que se busca subrayar el papel de las minorías étnicas para vincularlas con ciertas condiciones de exclusión social y, a partir de esos datos preliminares, plantear un sistema de representación de democracia identitaria que se resume en el proyecto de una república plurinacional con equidad de género que suele plantear el eje bolivariano en América Latina. En otras palabras, en una democracia basada en representaciones de los pueblos originarios y también las minorías sexuales, nacionales y religiosas, tal como sucede en la república plurinacional de Bolivia o se pretendió hacer en Chile con la Convención Constituyente (rechazada abrumadoramente).

Sostenemos que se trataría de datos preliminares porque hoy las burguesías nacionales y regionales –es decir, los ricos y poderosos de la sociedad en todo el país– están también integrados por amplios sectores de empresarios de origen quechua y aimara. La idea de exclusión étnica entonces también es una construcción ideológica.

En el caso de las preguntas que cuestionamos para el próximo censo nacional, a nuestro entender, no solo se trata de erosionar y destruir el sistema republicano de democracia representativa y ensayar el modelo soviético de la república plurinacional e identitaria, sino también de detener el capitalismo nacional. El considerar a las comunidades campesinas de los Andes –una de las mayores expresiones de mestizaje según el propio José María Arguedas– como “pueblos originarios” sustrae a estas poblaciones de la Constitución de 1993 y las coloca debajo del Convenio 169 de la OIT que establece un régimen especial para este tipo de poblaciones.

De esta manera cualquier proyecto minero (el 80% de los proyectos de cobre están en los Andes), industrial o de desarrollo en las zonas altoandinas debe pasar por la llamada consulta previa porque las comunidades campesinas en “calidad de pueblos originarios” tienen la facultad de administrar sus territorios.

El Ejecutivo, el Congreso, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos deben empezar una intensa movilización para modificar radicalmente la estrategia ideológica que entrañan las preguntas del próximo censo nacional en el tema de la identidad.

(*)Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)