Cuando muchos sospechábamos que el monumento a la corrupción que vemos todos los días cuando pasamos por el abandonado Coliseo Cerrado de Chimbote, quedaría en la impunidad y que los promotores de ese escandaloso hecho se burlarían de la justicia, el Fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe ha decidido que eso no será así,
En efecto, la casi olvidada investigación que se sigue a los responsables de esta obra en la que los erarios regionales fueron defraudados con millones de soles, ha cobrado vida la semana pasada cuando se anunció que el representante del Ministerio Público ha formulado su respectiva requisitoria escrita, empero, paralelamente a ella está solicitando se dicte mandato de prisión preventiva para 17 de los 19 investigados.
La disposición fiscal ha sorprendido en la medida que muchos estiman que esta solicitud debió efectuarse cuando se formalizó la investigación preparatoria, empero, hay que tener en cuenta que en este caso ha sido el informe final de la Contraloría General de la República la que ha obtenido mayores hallazgos y pruebas relacionadas con los delitos y este documento no se tenía en el momento que arrancaba la pesquisa.
Lo cierto es que estamos ante una escandalosa obra por la cual se festinaron trámites para direccionar su adjudicación a favor del consorcio Salem y en la cual no solo se ha adelantado indebidamente pagos a la empresa ejecutora, de tal suerte que se cancelaron 23 millones de soles para una obra que no avanzó ni siquiera al 40% , al margen que se permitió que se entreguen cartas fianzas sin respaldo alguno para garantizar el contrato.
Todo ello no fue sino parte de un contubernio montado entre ex funcionarios de la Sub región pacífico y los representantes legales de una de las tantas empresas que se prestaron al juego de la corrupción, que dispusieron el pago de “diezmos” para adjudicarse la obra, que festinaron trámites, que falsearon información y hasta utilizaron cartas fianzas que carecían de respaldo legal, inclusive, no vacilaron en abandonar la obra cuando ya habían consumido lo suficiente como para irse con los bolsillos llenos y dejar un cúmulo de fierro y concreto totalmente abandonado.
En realidad esta obra nació de manera ilegal, el ex gerente municipal y actual candidato a la comuna provincial del Santa, Roberto Briceño Franco, fue el único que levantó la voz en su momento cuando el ex presidente regional anunció que se ejecutaría un Coliseo Cerrado en los terrenos de lo que se conocía como Complejo Gran Chavín, a un costado del Centro Comercial Megaplaza.ÂÂ
La alerta estaba relacionada con la naturaleza de los terrenos sobre los cuales se levantarían la obra pues era conocido que el terreno se ubica sobre lo que fue una laguna, un predio en donde existe agua en el subsuelo, la misma que fue virtualmente sellada por los desbordes del fenómeno del niño del año 1983.
Si bien es cierto, el centro comercial Megaplaza se levantó en base a trabajos de reforzamiento de suelos, no era lo mismo para un complejo de concreto que contará con tribunas que deben soportar el peso de miles de personas, de allí que advertía desde entonces que no debería ejecutar la obra en ese lugar-.
Sin embargo, en la época de la vorágine de la red de corrupción los “comandos” no obedecían a nadie, siguieron adelante porque ya tenían un plan concertado, eran conscientes que los proyectos millonarios resultaban los mas rentables y el relacionado con el Coliseo Cerrado era uno de ellos, incluso, a pesar que ni siquiera contaba con un expediente técnico, se hizo virtualmente “al guerrazo”.
De allí que extraña que en este expediente no se encuentre incurso el ex presidente regional César Álvarez Aguilar cuando se sabía a ciencia cierta que en esos tiempos nadie hacia nada que no cuente con su autorización, cuando bastaba una orden suya para que se haga y deshaga en lo que se refiere a adjudicaciones, pagos y decisiones.
Basta recordar lo ocurrido en el caso de la avenida Pardo, cuando en medio de los graves cuestionamientos de la sociedad civil a un obra que se ejecutó de muy mala manera, perjudicando a los miles de ciudadanos, vecinos y comerciantes de esa zona, la hoy prófuga ex gerente de la Sub Región Pacífico Pamela Bermúdez decidió rescindir el contrato a la empresa ejecutora alegando incumplimiento de contrato.
Esto generó un enfrentamiento con los contratistas, asumimos que reclamaban su derecho por los “diezmos”, lo cierto es que a los pocos días entró a terciar el mismísimo presidente regional, quien declaró que se había anulado la resolución gerencial de la sub región y que la obra se seguiría ejecutando en las mismas condiciones que se habían establecido inicialmente.
En otras palabras, quien mandaba en todo lo que concierne a este rubro era el ex presidente regional, de tal suerte que una defraudación del orden de millones de soles en la obra del coliseo cerrado, no podía estar al margen de su conocimiento y de la autorización que requerían los funcionarios para proceder.
De todas maneras, dos ex gerentes, los comités de adjudicaciones, ex funcionarios de oficinas de la sub región que tuvieron que ver con este caso , así como los representantes del consorcio SALEM, que se adjudicó la obra, se encuentran procesados y serán los mismos que tendrán que hacer frente a este pedido de prisión preventiva que ha solicitado el Fiscal anticorrupción y que, a juzgar por los cargos delictivos y las pruebas que se han actuado, todo indica que la justicia determinará la aprehensión de todos ellos.
Veremos cómo asume este caso el Juez Jorge Chávez Tamariz, pues en lo que concierne a las informaciones que han dado cuenta los medios de comunicación en la medida que han avanzado las pesquisas, existen pruebas contundentes de la responsabilidad que ya alcanza a muchos, por ello es que el Fiscal ha solicitado se impongan penas de cárcel efectiva que oscilan entre los 8 y 11 años a cada uno de los involucrados.
De allí que el pedido de prisión preventiva del representante del Ministerio Público es pertinente y, como dice el conocida adagio, “mar vale tarde que nunca”, lo importante es que se ha planteado.