AMBULANCIAS
Después de siete años, la justicia de Huaraz finalizó el juicio contra los responsables de la escandalosa compra de 79 ambulancias en la primera gestión del ex Presidente regional César Álvarez Aguilar, compra sobrevalorizada y que finalmente resultó un fraude por que los vehículos fueron ensamblados únicamente para justificar el millonario egreso de dinero. No eran ambulancias, fueron camionetas adaptadas como ambulancias y teniendo en cuenta la geografía de Áncash muchas se malograron al poco tiempo de ponerse operativas. El caso fue denunciado por el fiscal Romeo Román Loli, quien consiguió una pericia técnica que demostró, en su momento, una sobrevalorización de 3 millones de soles. Todos en Huaraz saben quiénes fueron los responsables de este delincuencial manejo de los recursos regionales, saben que la mafia regional conocida como red de corrupción se llenó los bolsillos con esta millonaria compra, sin embargo, tras siete años de investigaciones una Sala Penal de Huaraz ha llegado a la conclusión que solo deben responder por ello tres trabajadores estables del gobierno regional, mientras que la cúpula, entre los que se hallaban César Álvarez, Richard Cabana, Hernán Molina, entre otros, han sido eximidos de pena. Esto es realmente el colmo, hasta los 79 choferes que fueron engañados con el cuento del contrato y pago de haberes para que manejen estas unidades y las muestren como bandera política por todas las ciudades de la Región, fueron embaucados por esta gente, los hicieron trabajar y no les pagaron un sol, por el contrario, consiguieron engañar al pueblo señalando que se trataba de una importante compra para favorecer a la salud de miles de ancashinos, cuando la realidad fue otra, los vehículos se fueron malogrando uno tras otro, los medios de comunicación mostraron que quedaban como chatarra ni siquiera a los dos o tres años de hallarse operativos, sin embargo, se absuelve a los verdaderos responsables y se condena a antiguos empleados que, seguramente, por defender su puesto debieron firmar las ordenes, requerimientos y los pagos millonarios que se hicieron. Esperemos que este caso pueda ser revisado en la Corte Suprema y se disponga sentenciar a los verdaderos responsables.
EXCEPCION
Lo que más ha llamado la atención es la separación de este proceso del ex presidente regional César Álvarez Aguilar, quien como muchos lo recordarán inició la persecución al Fiscal José Luis Checa Mattos cuando retomó este caso y lo apuntaló en la justicia huaracina. Como la red de corrupción manejaba a Policías, Jueces y Fiscales, el ex presidente regional consiguió que los jueces a su servicio archiven los cargos en su contra con una excepción de naturaleza de Acción, como se le conoce ahora a la excepción de Improcedencia de Acción. Tres vocales dijeron increíblemente que no había delito, pero lo más grave es que el fiscal no interpuso recurso de nulidad. Por lo menos en Chimbote la Fiscalía no se prestó una jugada similar en el caso conocido como expediente SISA y recurrió hasta la Corte Suprema para que se revoque ese auto de archivamiento. Recordamos que después del caída de la red de corrupción se encontró que el expediente estaba refundido en algún anaquel de la máxima instancia jurisdiccional pero la presión mediática hizo que lo resucitaran y lo resuelvan revocando esa resolución de archivo y ordenando que lo investiguen, por ello ahora ya está acusado y deberá acudir al banquillo para el Juicio Oral. La justicia sometida de antaño ha dejado sus secuelas y este caso de las ambulancias es una de ellas.
CONDENAS
la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJAN), por unanimidad, condenó en este caso de Las Ambulancias a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años, a los procesados Isaías Gualberto Celestino Huamán, Ángel Victoriano Rondán Ramírez (como autores) y a Cristian Abraham Castro Arquiñigo (como cómplice), por el delito Contra la Administración Pública – Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos-Peculado Doloso, en agravio del Gobierno Regional de Áncash. Además, fijó en S/. 3´958,400 soles (tres millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos soles) el concepto de Reparación Civil, que deberán abonar los sentenciados en forma solidaria a favor de la entidad agraviada. Los condenados fueron inhabilitados por dos años para ejercer cargo público y deberán cumplir normas de conducta, entre ellas, pagar el monto de la reparación civil fijada. Asimismo, a los procesados Richard Cabana Chauca, Francisco Vásquez Carrillo, Luis Julián Guillermo Azaña y Óscar Nicanor Ruíz Conde.