Después de muchas especulaciones y vacilaciones, las cuales se justifican en la complicada magnitud que tiene, finalmente el último fin de semana se pudo conocer que la Fiscalía supraprovincial que está a cargo de la investigación de caso “La Centralita”, ha evacuado su requerimiento acusatorio dentro del plazo que le otorgó el Juzgado.
En efecto, desde el día martes y hasta el último viernes, la Fiscalía que despacha el Dr. Elmer Chirree, ha presentado su acusación escrita contra los investigados de este caso emblemático y la diligencia se ha prolongado por espacio de tres días en la medida que la Juez de la causa dispuso que no solo se recepcione el escrito dirigido al Juzgado sino que se entreguen copias para notificar a cada una de las partes.
Si se tiene en cuenta que el requerimiento mixto del representante del Ministerio Público tiene más de 6 mil folios, ya se deben imaginar nuestros lectores lo complicado y costoso que ha resultado este trámite, a pesar que es la formalidad que establece la ley.
Precisamente esta demora ha dado lugar a que se prolongue la diligencia y no se conozca de manera oficial el contenido del requerimiento acusatorio, muchos prefirieron especular o darle forma a los transcendidos, empero, recién el fin de semana se pudo conocer que el magistrado ha formulado acusación contra 60 de los 85 investigados que tiene esta carpeta, consecuentemente, siendo un requerimiento mixto, ha solicitado al mismo Juzgado el sobreseimiento de la causa para los otros 25 en razón que no ha podido acumular las pruebas suficientes respecto a su responsabilidad en los hechos que se les imputa en esta maraña de corrupción.
Sin embargo, finalmente se ha podido conocer que al líder y cabecilla del bunker político conocido como “La Centralita”, es decir, para el ex presidente regional César Álvarez Aguilar, la Fiscalía ha solicitado el máximo que le permite la ley, pues si bien es cierto estamos en un sistema legislativo que impone el concurso real de delitos, es decir, aquel en donde existiendo dos o más delitos que son materia de acusación, las penas deberían de sumarse, ello quiere decir que a Álvarez le correspondería una pena de 123 años de cárcel.
Sin embargo, en la medida que esta acumulación de penas, a diferencia de otras legislaciones, como la estadounidense, no puede superar los 35 años de prisión, la Fiscalía ha debido proceder como manda la ley en estos casos, es decir, requerir una pena equivalente al doble de la que demanda para el delito más grave, en este caso para el lavado de activos está solicitando 15 años de carcelería, por ende la pena que le correspondería al líder de los comandos es de 30 años de cárcel.
Así las cosas, lo que se ha conocido hasta la fecha es la penalidad que demanda para los principales investigados, como Dirsse Valverde Varas para quien se exige 24 años de cárcel, los ex congresistas Heriberto Benites y Víctor Crisólogo Espejo, considerados como parte del aparato político de la organización delictiva, para los cuales se pide 22 años de cárcel y para Martín Belaunde Lossio, considerado como el encargado del aparato de prensa, se le pide una pena de 22 años de cárcel.
Pero el requerimiento acusatorio del Fiscal es mixto en la medida que existe una parte de este documento en el que demanda al Juez el sobreseimiento de la causa para un grupo de 25 investigados, se trata de aquellos que han sido involucrados por las sindicaciones de colaboradores eficaces pero respecto a los cuales solo existen menciones más no elementos probatorios que puedan significar un sustento suficiente como para formular una acusación.
Ahora lo que se viene es lo que en la legislación procesal penal se conoce como “fase intermedia”, es decir, la preparación del terreno para el juicio oral y que consiste en evaluar el requerimiento acusatorio del Fiscal, verificar que se encuentre debidamente sustentado y que, esencialmente, se valoren elementos de pruebas que deben ser actuados en el juicio oral, lo cual puede dar lugar a que se apruebe o no los cargos incriminatorios contra determinados personajes, por lo que aún existe mucha tela por cortar.
El solo hecho que la acusación del Fiscal resulte tan voluminosa nos da una idea de lo complicado que resultarán las diligencias venideras, nos imaginamos que el solo acto de notificación de este requerimiento a cada una de las partes tomará varios días, por lo que la próxima audiencia deberá programarse todavía en varias semanas más.
Lo importante es que esta causa ya se encuentra debidamente encaminada y no es tan patética como trataban de presentarla los abogados de los acusados, quienes alegaban con extremada ligereza que no existían pruebas y que el caso debería ser archivado, una tonadilla similar a aquella que esbozaron cuando se inició esta pesquisa y manifestaban descaradamente que la Centralita era una leyenda urbana.
Desde entonces dijimos que los medios de comunicación y los chimbotanos sabíamos que eso no era cierto, fuimos testigo de excepción de la manera como se manejó un enclave que era el centro de operaciones de las conspiraciones y los alevosos ataques contra quienes se mostraban como opositores o fiscalizadores de la gestión de César Álvarez, fuimos testigos de la podredumbre derivada del sometimiento de periodistas, policías y magistrados a una red de corrupción que se impuso en base a las coimas y prebendas.
Todo ello está plasmado en el requerimiento del Fiscal que en el trayecto de esta prolongada pesquisa ha podido acumular una serie de elementos probatorios que le servirán para sustentar las penas que ha solicitado ante el Poder Judicial., las cuales no solo han sido proporcionadas por colaboradores eficaces, sino que se han corroborado ante entidades financieras, tributarias y bursátiles.
Lamentablemente, el volumen de esta pesquisa ha necesitado tiempo, los plazos no solo se vencieron sino que se extendieron lo más que se pudieron, por ello muchos de los acusados consiguieron salir de prisión, empero, ahora que existe un juicio oral en ciernes, deben comprender que pueden volver al presidio.
Hay que destacar que el Fiscal haya conseguido presentar su requisitoria en el plazo señalado por la Juez, más aun cuando se sabe que se trata de una impresionante requisitoria, una de las más voluminosas en la historia judicial pero cuya amplitud de justifica debido a lo complicado que es una pesquisa de esta envergadura. La justicia tiene que hacer ahora su trabajo.