Hace unos cuatro años atrás, luego de la caída de la denominada red de corrupción de Ancash, los peruanos se escandalizaron cuando comenzaron a conocer las increíbles historias de podredumbre y componenda política que se había concretado en nuestra región y en las cuales se puso en absoluta evidencia el descarado papel que jugaron algunas autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional para encubrir los actos de corrupción.
Claro que muchos de estos casos fueron denunciados y revelados por los medios de comunicación de la localidad, empero, cuando trascendieron públicamente a nivel nacional generaron sorpresa y estupefacción, uno de los cuales fue el relacionado con la existencia de una “proveedora” favorecida por los ex funcionarios de la Sub región Pacífico y del proyecto especial Chinecas y que en realidad era una modesta mujer que se dedicaba a la venta de pollos en un puesto del Mercado 21 de Abril.
El caso de María Marilú Pereda Vega sorprendió a los comunicadores limeños, llegamos a escuchar como ironizaban cuando tomaron conocimiento de la presencia de una proveedora que era vendedora de pollos y señalaban que esto era el fiel y clásico reflejo de la corrupción encostrada en Ancash.
Justamente, fue por entonces que se pudo conocer que uno de los casos de esta “proveedora” fue archivado por una Fiscalía y “enterrado” como muchas otras denuncias en este enclave de manejos turbios en el Ministerio Público dirigido por entonces por el ex Fiscal Superior Hugo Dante Farro Murillo.
Pues bien, las denuncias archivadas por los denominados “fiscales comandos” fueron revisadas por una comisión especial designada por la Fiscalía de la Nación y de las más de 300 carpetas que fueron trasladadas a Lima se ordenaron que se reabra la investigación en una tercera parte de ellas al advertirse que fueron indebidamente encarpetadas, justamente debido a esa componenda de entonces.
Una de estas investigaciones fue la que corresponde a la “proveedora” Marilú Pereda Vega, por ello es que el caso fue nuevamente sometido a investigación y encausado ante el Poder Judicial como correspondía, pues magistrados de la más alta instancia del Ministerio Público advirtieron que hubo un manejo indebido al archivar una denuncia que contaba con elementos de prueba.
Empero, la semana pasada pudimos tomar conocimiento que otro Fiscal ha pretendido hacer lo mismo que sus antecesores del polo amarillo, y ha solicitado el sobreseimiento de esta investigación que se seguía contra la mencionada Marilú Pereda Vega por delito de colusión en agravio del estado.
Se trata de una investigación en la que se encuentra involucrada junto a los ex funcionarios de la Sub región Pacífico, Luis Andrés Caipo Paredes, Pepe Gilmer Jara Delgado y José Luis Parravacini por haber concertado voluntades para entregarle la buena pro de tres adjudicaciones directas para la venta de agregados.
De esa forma, María Marilú Pereda Vega se adjudicó la buena pro de los agregados para el Colegio “Artemio del Solar” de Santa por 70 mil 312 soles; para el Colegio “Manuel Gonzales Prada” por 48 mil 942 soles y la Institución Educativa N· 1662 del A.H “Villa San Luis” por la suma de 62 mil 375 soles.
Y es que era más que evidente que hubo una concertación de por medio en la medida que se otorgó un puntaje excesivo a la proveedora con la finalidad de favorecerla en la entrega de la buena pro, pese a no tener experiencia en el rubro y además, otorgarle las tres adjudicaciones en un mismo día y casi a la misma hora,
Lo más grave es que esta misma mujer se encuentra involucrada en otro proceso penal en el que ha sido sentenciada en su condición de “proveedora comando”, en un caso seguido contra el ex gerente del proyecto especial Chinecas, Hugo Rojas Rubio, contra ex funcionarios de esa institución que actuaron como comité de adjudicaciones y junto a otra proveedora de conocida filiación del movimiento amarillo.
En ese otro caso, los funcionarios de CHINECAS y las proveedoras se coludieron para beneficiarse con la buena pro de los concursos públicos de alquiler de una retroexcavadora sobre oruga para el mantenimiento del dren Lacramarca, de fecha 21 de octubre del 2008; y, el alquiler del tractor sobre oruga para el mantenimiento del dren Lacramarca de fecha 6 de noviembre del 2008.
En ambos casos, se permitió la presentación de documentos falsos, adulterados e inclusive sin cumplir con los requisitos técnicos para obtener la buena pro, peor aún, tanto la empresa Inversiones DUMON EIRL de Jesús Monzón Faustino como Transportes Marilú de María Marilú Pereda Vega, resultaron ilícitamente favorecidas.
Ahora bien, si el Fiscal José Olivos Cossio que tiene a su cargo el caso que nos ocupa, hubiera apelado a hacer solo un clic en la página de google, habría obtenido información que lo habría ayudado a ilustrarse de quienes son estos personajes que se lucraron con los dineros del erario regional hace más de un lustro.
Todas aquellas informaciones y los mismos antecedentes judiciales de la mujer pusieron de manifiesto que era materialmente imposible que una mujer que se dedicaba a la venta de pollos en un puesto del mercado 21 de abril no estaba en condiciones de demostrar que manejaba una empresa que contrataba con el gobierno regional por un millón de soles en total.
Era evidente, por entonces y hasta hoy, que se trataba de una testaferro que solo habría firmado los documentos que fueron utilizados por los mismos funcionarios para llenarse los bolsillos, por personajes del entorno de la red de corrupción que armaban esta clase de expedientes para cobrar en su beneficio. No hay que ser un tahúr para comprender esto y llegar al extremo absurdo de solicitar el archivo de las investigaciones.
El Juez anticorrupción Jorge Chávez Tamariz ha rechazado el pronunciamiento del Fiscal y ha elevado el expediente a la Fiscalía Superior a efectos que disponga que se formule la acusación correspondiente. Esperemos que la instancia superior rectifique este mal proceder pues eso nos deja la impresión que estamos como siempre en la persecución y lucha contra la corrupción.