El Contralor General de la república se vio precisado a deslindar la remoción del Jefe de la oficina de Control Institucional del Gobierno regional de Ancash a efectos de terminar con una serie de rumores que solo tenían un trasfondo político y que buscaban de alguna manera desestabilizar la gestión del gobernador Luis Gamarra Alor.
Ello porque esas denuncias que se difunden generalmente por las redes sociales de carácter anónimo pretendían asociar este desenlace funcional con la presencia de una trabajadora de la oficina regional de la contraloría vinculada por afinidad con un funcionario del gobierno regional.
Se afirmaba que el ex Jefe de la oficina de Control Interno de la Región estaba realizando un trabajo de fiscalización a la gestión del gobernador y esa sería la razón por la cual lo desembarcaron del cargo, un mecanismo que no es ajeno a la administración pública y la infiltración política en los aparatos del estado.
Sin embargo, el contralor general Nelson Shack Yalta descartó estas versiones antojadizas y explicó que el cambio de Uber Salazar como el de otros 13 contralores regionales los decidió su persona, en razón de un tema estrictamente profesional y funcional.
En el marco de la III Audiencia Pública Descentralizada Conjunta “Corrupción, Seguridad y Desarrollo Sostenible”, que se realizó la semana pasada en nuestra ciudad con la participación de 11 congresistas de las comisiones de Constitución y Reglamento, y de Seguimiento a la Reconstrucción, Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Administración Pública del Congreso de la República, el Contralor dijo que ya es momento de mejorar el trabajo de las oficinas de control para desligarlas absolutamente de las entidades regionales o municipales.
En tal sentido, explicó a los congresistas que tomaban parte en esta audiencia, que su despacho ha iniciado acciones para fortalecer el control en cada una de las veinte Municipalidades Provinciales de Ancash, mediante la designación de Jefes en los Órganos de Control Institucional (OCI), que dependen administrativamente de la Contraloría General del República pero que a la fecha son remunerados y laboralmente vinculados con cada una de esas municipalidades.
No existe autonomía e independencia en esos funcionarios, por ello el objetivo es que no dependan de los alcaldes ni del Gobernador Regional pues si ellos los van a investigar resulta contraproducente que resulte el investigado quien controle su labor y le pague sus remuneraciones.
En tal sentido, reveló que a la fecha ya se ha nombrado a 16 Jefes de Oficinas de Control Institucional y esta labor no solo tiende a cambiar al titular de estas dependencias sino a todo el equipo de profesionales de estas oficinas, ello será primordial por ejemplo, para controlar el proceso de transición municipal y regional producto de las elecciones de octubre próximo, indicó
En realidad el Contralor no está descubriendo nada nuevo, este proceso de reforma de las oficinas de control interno, como se les denominaba antes, es una aspiración de la población en la medida que se advertía que los actos de corrupción en las dependencias públicas, sean locales, regionales o ministeriales, siempre se detenían o se olvidaban en estas falsas oficinas de control.
Esto ha sido tan cierto que las denuncias sobre malos manejos, malversación y dispendio de los recursos públicos han salido siempre de las redacciones de los medios de comunicación, los periodistas han debido enfrentar hidalgamente las acusaciones y presiones del poder político y económico del país cada vez que estas denuncias han alcanzado a personajes de evidente influencia en el país.
Las OCI’s solo actuaron a posteriori, recogieron las denuncias de oficio y las tramitaron pero no se conoce sino casos contados con los dedos de una mano en que han sido ellos los que detectaron las irregularidades y las denunciaron al Ministerio Público.
En otras palabras actuaron siempre presionados por la coyuntura y por el escándalo mediático, eso es lo que el Contralor General tiene que cambiar, un órgano de control debe ser el protagonista y no el invitado en el proceso fiscalizador, para ello se tiene que tener a profesionales que actúen con absoluta independencia y autonomía.
Esperemos que el contralor concrete esta espera reorganización en el más breve plazo posible, todos las necesitamos en el país.
LO DE SIEMPRE
Nuevamente los vicios acechan a los menores de edad y en esta oportunidad efectivos de la Comisaria del 21 de Abril intervinieron a dos menores, escolares del Colegio “Micaela Bastidas” con sobrecitos conteniendo marihuana, aparentemente para consumirla o para invitar a otros estudiantes.
Los hecho se pusieron al descubierto gracias a la denuncia de un compañero de estudios que no comparte la indisciplina y los vicios nocivos de otros estudiantes, por ello no vaciló en alertar a la Policía al ver que se estaba cometiendo un hecho ilícito.
La Fiscalía convocó al Fiscal de Turno y juntos llegaron al plantel en donde hallaron a los dos menores, uno de los cuales guardaba el estupefaciente en la tapa de su lapicero, mientras que el otro llevaba sobrecitos en su mochila, razón por la cual en presencia del Director del Plantel levantaron las actas correspondientes y se llevaron a los niños a la Comisaria con la finalidad de ponerlos a disposición del Juzgado de Familia y sus padres.
En realidad, no es la primera vez que se comenta un hecho de estas características, lamentablemente los niños de 13 o 14 años son facialmente persuadidos para integrar las pandillas y allí adoptan los vicios más nocivos que encuentras en las calles, uno de ellos es el consumo de estupefacientes.
Cierto es que por su minoría de edad estos escolares requieren un tratamiento diferente por parte de la ley, empero, el hecho en sí nos deja un mensaje a todos en la colectividad para entender que ya es momento de tomar medidas entorno a este asunto y esto se tiene que hacer pronto, antes que sea demasiado tarde.