A solo una semana de su vigencia, desde todos los sectores del país se viene demandando la derogatoria de la denominada “Ley Mulder” o “Ley mordaza” como se le conoce a esa nefasta norma aprobada por una mayoría congresal tirana y mediante la cual se prohíbe terminantemente que las entidades públicas y estatales puedan hacer publicidad en los medios de comunicación privados.
La norma fue promovida y elaborada por ello congresista aprista Mauricio Mulder, quien gracias a las componendas que suelen generarse bajo la mesa entre los grupos parlamentarios, consiguió el apoyo de la mayoría avasalladora de Fuerza Popular para conseguir aprobar un instrumento de opresión y censura a los medios de comunicación.
Esto es efectivamente así, si se tiene en cuenta que con esta medida legal se impide que el Gobierno central pueda realizar publicaciones en medios privados y solo pueden apelar a los medios de comunicación que tiene el estado o difundir en las redes sociales.
Pero no solo el gobierno central ha sido mediatizado con esta norma, también los gobiernos regionales y municipales, las empresas públicas y las empresas privadas de derecho público, las empresas municipales, en fin, todas aquellas entidades que dependan o se manejen con recursos del Estado.
Lo que no ha contemplado o advertido esta abusiva norma es que los medios de comunicación estatales nadie los lee, escucha u observa, el matutitno del estado solo sirve para la lectura de las normas legales, la emisora estatal es de limitada sintonía a pesar que cuenta con retransmisores en todo el país y la televisión del estado solo gana sintonía cuando se realizan ceremonias oficiales.
Así las cosas, se está condenando no solo a los órganos del gobierno o de los municipios a contar con una limitada información sino a la población en general que no podrá informarse debidamente de las acciones, obras o medidas que adopte el gobierno porque sencillamente no las tendrá a la mano.
Lamentablemente, la tirria y la secular animadversión de los parlamentarios apristas y fujmoristras con los medios de comunicación de las grandes corporaciones periodísticas, aquellas que han propalado denuncias graves contra sus miembros e integrantes como el Grupo El Comercio, La República, Panamericana y América Televisión, han dado lugar a que el congresista Mulder pueda elucubrar semejante atropello contra la libertad de expresión y un atentado sin nombre para el derecho de la población a informarse adecuadamente.
Esto es lo más grave en la medida que lo que ha generado la envidia de estos sectores políticos es que los grandes grupos propietarios de los principales medios de comunicación cuentan con millonarios presupuestos de la publicidad estatal, son los que acaparan las pautas de suplementos, encartes, campañas de avisos comerciales que son costosísimos., pero que representan una necesidad para los aparatos del estado.
Sin embargo, los promotores de esta ley no han sido capaces de advertir que detrás de todos ellos existen otros medios de comunicación que son de provincias que tienen apenas una cuota del presupuesto estatal y que los ayuda a mantenerse en vigencia, son aquellos que deben publicar las resoluciones, los comunicados, las inauguraciones, las adjudicaciones, etc., de las obras que emprenden los organismos del estado.
Solo por citar un ejemplo, ¿Cómo cree el congresista Mulder que la empresa Seda Chimbote dará a conocer la suspensión del suministro de agua en determinados sectores por tener que realizarse trabajos de urgencia? ¡¿A través de El peruano? ¿Por Radio Nacional?, ¿por las redes sociales?. ¡Cree acaso que eso sea suficiente para que la población esté informada?
¿Cómo piensa este congresista que Hidrandina en Chimbote podrá informar de las suspensiones del servicio? ¿Cómo cree que las Municipalidades darán a conocer que se han adjudicado obras a determinados pueblos? ¿Cuál será en adelante la garantía de transparencia en los procesos de selección o licitación de obras y la adquisición de servicios? ¿Tendrán una remota idea los congresistas apristas y fujimoristas de lo que han hecho?.
Por ello es que el gobierno central ha reaccionado de manera inmediata y los propios congresistas de otras bancadas opositoras no han esperado a que el debate pueda dar lugar a una derogatoria en las mismas instancias parlamentarias, por el contrario, han recurrido a las herramientas que les otorga la ley en este momento para poner freno al abuso.
El Ministro de Justicia Salvador Heresi acudió personalmente hasta la mesa de partes del Tribunal Constitucional para presentar la demanda de Inconstitucionalidad de la “Ley Mulder” y lo propio hizo el grupo de congresistas encabezados por Gilbert Violeta para no perder un minuto más con la vigencia de esta norma que tiene caracteres virtualmente escandalosos y que no tiene un precedente de abuso y censura en la historia del país.
En nuestra ciudad los alcaldes de la Municipalidad Provincial del Santa y de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote han reaccionado con la misma virulencia condenando la vigencia de una ley de estas características que virtualmente los ata de pies y manos para el desarrollo de las actividades de sus respectivas comunas.
En realidad todos advierten la consecuencia y maldad de esta ley, los únicos que parecen que viven en otro mundo son los congresistas que han sancionado este mamotreto que solo va a perjudicar gravemente los intereses del país, solo significará ponerle piedras en el camino al desarrollo y condenará a la población a un oscurantismo informativo que no tiene precedente alguno.
Uno de los más reconocidos constitucionalistas del país ha manifestado que el trámite de las demandas planteadas por los congresistas y el gobierno puede tomar unos 6 a 8 meses para que determinen la nulidad de la norma, de allí que los medios de comunicación, a través de sus entes representativos pueden apelar a otra herramienta legal más célere y efectiva como es la acción de amparo y por intermedio de ella una medida cautelar que suspenda los efectos de la norma hasta que se resuelva sobre la violación de los derechos constitucionales. Creemos entonces que la Federación o Colegio de Periodistas debe estar trabajando