Editorial

Editorial: ::: CRISIS INSTITUCIONAL :::

En alguna oportunidad nos entrevistamos con una Juez de nuestra ciudad a propósito de un juicio en ciernes y nos comentaba que la norma que debería respetar es el desarrollo de la audiencia debidamente programada y notificada, es decir, evitar postergarla y reprogramarla sino es porque existe alguna causal o justificación debidamente acreditada.

En aquella ocasión nos reveló que la necesidad de utilizar la Sala que otros juzgados podrán reclamar y la celeridad que reclama el nuevo procedimiento penal que es lo más importante, obligaba al juzgador y las partes a impedir que se frustre una determinada diligencia, de allí que las ausencias de los abogados o las partes deberían estar debidamente justificadas y documentariamente respaldadas.

Sin embargo, en la medida que el nuevo proceso penal se puso en marcha los abogados hallaron muchas maneras de sacarle la vuelta a estos nuevos procedimientos incorporados y consiguen fácilmente reprogramar las audiencias, siendo el argumento más utilizado la ausencia del letrado por motivos diversos.

Sin embargo, la semana pasada los periodistas que suelen cubrir las informaciones judiciales, que se pasean por las salas de audiencias y siguen de cerca los casos emblemáticos o más sonados que tienen importancia para la comunidad, se dieron con la tremenda sorpresa de encontrarse con una diligencia que se veía frustrada por una grave omisión del Fiscal Provincial, la misma que obligaba al Juez a reprogramar la audiencia.

No se trata en esta oportunidad de la tardanza del representante del Ministerio Público o su ausencia por repentinos males, en esta ocasión el Juez emplazaba al Fiscal que exponga las razones por las cuales no había notificado a los abogados de la partes con las copias de su requerimiento acusatorio y pedido de prisión preventiva, más aun cuando deberían debatir este tema.

Ocurre que el Fiscal había sustentado un voluminoso requerimiento, había detallado perfectamente las pruebas y sustentaba el pedido de prisión para ocho investigados con todas las formalidades de ley, un trabajo bien hecho y consolidado que, infortunadamente, no llegó a manos de ninguno de los abogados defensores que deberían llegar a la audiencia con conocimiento de ese documento a efectos de realizar las observaciones y reparos o para que sustenten algún medio de defensa que consideren conveniente, tal y como lo manda la norma procesal.

Sin embargo, para sorpresa de todos el Fiscal Felipe Elías Silva, quien tenía a su cargo la carpeta fiscal, dijo al Juez que no había podido cumplir con esta formalidad porque carecía de papel para poder expedir las fotocopias pata todos los abogados.

La disposición fiscal tiene 4,800 folios, lo que quiere decir que notificar a todas las partes representaría el uso de 32 millares de papel bond, lo cual no está al alcance del despacho del magistrado en la medida que dijo que en su institución carecen de este material.

El Fiscal confesó de manera dramática al magistrado Jorge Chávez Tamariz que en el Ministerio Público padecen penurias por la falta de material de trabajo en la medida que la gerencia de administración no les entregan papel bond para sus dictámenes de trabajo desde el segundo semestre del año pasado, lo que nos puede dar una idea de la forma como deben estar laborando quienes se encuentran a cargo de las Fiscalías.

Esto es tan crítico que el Fiscal le dijo que el Juez que para poder remitir la disposición fiscal a su despacho han debido comprar papel con dinero de su bolsillo y de esta manera cumplir con esta actuación en la medida que se agotaban los plazos y podrían quedar sin efecto por extemporáneos.

Esta ha sido la razón por la cual la Fiscalía no cumplió con notificar con las copias a los diferentes abogados de las partes pues son demasiadas copias y no están en la capacidad física de poder hacerlo, respondiendo de esta manera la observación efectuada por los representantes de la defensa técnica y que no permitía que la audiencia se lleve delante porque incurrirían en una causal de nulidad.

De esta manera, el Fiscal buscaba que el Juez no lo amoneste remitiendo copias de estos autos a la Fiscalía de Control interno, pues reiteraba que se trata de una omisión involuntaria y ajena a sus posibilidades, repetía que no ha tenido la voluntad de perjudicar a los abogados o dejarlos en situación de indefensión sino que la realidad de las carencias de material de trabajo dentro de su institución lo llevaron a tener que remitir las notificaciones sin adjuntas la copias de su disposición.

De la misma manera, la ley no autoriza que esta disposición se ponga a conocimiento de las partes en el juzgado para que allí la puedan revisar los abogados como alternativa para poder solucionar este impase, de ninguna manera, la Fiscalía tendrá que buscar la manera de agenciarse de los recursos necesarios para comprar los 65 paquetes de papel que necesitará solo para este trámite.

No solo el Fiscal Felipe Elías ha reconocido esta dramática situación sino que la propia Fiscal Superior coordinadora de las Fiscalías anticorrupción, Nancy Moreno Rivera, ha señalado que esto es realmente así y que es un grave problema que escapa a las responsabilidades de los magistrados.

Curiosamente, la sede del Ministerio Público del Santa ha sido protagonista de uno de los escándalos de mayor impacto en los últimos tiempos al detectarse que ex funcionarios de esta entidad habían incurrido en un desfalco y se había levantado miles de soles de manera ilegal.

Pero en medio de todas estas vicisitudes ha trascendido el último fin de semana que la Fiscalía se encuentra sin timón o dirección porque lejos de solucionar un problema tan serio para todos los despachos Fiscales, la Presidenta de la Junta de Fiscales, Dra. Cecilia Zavaleta Corcuera prefirió salir de vacaciones u viajar a España cuando por lo menos antes debería haber resuelto un tema tan serio como es la falta de papel. Todo ello solo viene a confirmarnos que estamos ante una seria crisis institucional que afecta al Ministerio Público, una institución de vanguardia en la administración de justicia que debería ser ajena a estos menesteres. Esperemos que alguien ponga las cosas en orden allí y que las audiencias no se frustren de esta manera tan singular.