La monstruosa contaminación que han generado las empresas pesqueras en la bahía de Chimbote fue un tema de permanente cuestionamiento en los últimos años, inclusive, se demandó de manera constante que las autoridades apliquen con energía las disposiciones legales que se dictaron oportunamente para detener el atentado ecológico.
Claro está, el daño generado por el lanzamiento de los efluentes pesqueros a la bahía ya estaba hecho, empero, se trataba de detener esa espantosa contaminación y la manera adecuada para hacerlo era implementando el emisor submarino a efectos de evacuar los desperdicios industriales del sector pesquero mar afuera. Claro luego de pasar por un sistema de tratamiento previo en la misma planta pesquera.
Este proyecto obedecía al cumplimiento del Programa Complementario del PACPE marino y Pacpe en tierra establecido por las normas y que no se ejecutan a pesar de existir plazos perentorios que se deberían de cumplir y que estaban consignados en los mismos dispositivos legales.
Lamentablemente, la interferencia política, los lobbys y los gobiernos perniciosos impidieron que este programa de adecuación ambiental se pusiera en marcha y se permitiera que por muchos años se siguiera perjudicando a la bahía de Chimbote, hasta que llegó un grupo de empresarios decididos a sujetarse a la norma legal.
Se agruparon y crearon una empresa de nombre Aprochimbote, cuyo objetivo final era la implementación de un emisor submarino que garantice el lanzamiento de miles de toneladas de efluentes pesqueros hacia altamar a través de una enorme y larga tubería industrial que debería instalarse bajo estrictos protocolos y regímenes técnicos que se deberían manejar a partir de este organismo.
Al frente del mismo se confió al empresario Vicente Rosell Berendson, quien tendría la difícil misión de colocar en una misma mesa a empresarios que no conciliaban con los postulados de la erradicación de la contaminación en el mar pero que, igualmente, estaban obligados a someterse a este proyecto si es que no querían ser sancionados por una autoridad que con el paso de los años fue tomando conciencia que ya no había lugar para seguir prolongando la agonía de la flora y fauna de la bahía sino que debería hacerse algo para detener la contaminación.
Y así se estableció y comenzó a caminar este proyecto de ambiciosos objetivos ambientales, muchos pensamos inicialmente que se trataba del sempiterno discurso del empresario pesquero que prometía y nunca cumplía, que siempre buscaba la manera de sacarle la vuelta a la ley y apelaba a los políticos de turno para calentarles la mano y sacarlos de sus responsabilidades ante la naturaleza.
Empero, la llegada del material, los trabajos del tendido de la tubería y la paulatina consolidación de este proyecto nos convencieron que el gerente de Aproferrol era un hombre de palabra y estaba consolidando su posición, incluso, a despecho que dentro del gremio empresarial pesquero existían malos elementos que buscaban de alguna manera que mantenerse al margen de este emisor.
Fue por ello que, cuando ya el proyecto estaba casi terminado, apareció de pronto una denuncia penal que buscó que apartar de este proyecto a Vicente Rosell y abortar la idea del emisor submarino, afortunadamente no lo consiguieron aun cuando el funcionario quedó ligado a una prolongada investigación que parecía que nunca acabaría hasta que hace una semana se dio a conocer que fue enviada al archivo definitivo.
Y es que aquellos que estaban acostumbrados a nadar en la informalidad y que prefieren pagar para no someterse a las normas legales, inventaron una denuncia por delito contra la fe pública a partir del cuestionamiento a un acta de asamblea del organismo Aprochimbote para llevar a los estrados judiciales al funcionario que estaba promoviendo la formalidad dentro de la actividad empresarial pesquera.
Cuando la SUNAT había demandando que los derechos del PACPE se derivaran a otra razón social conocida como aproferrol, se procedió a sancionar este requerimiento a través de una asamblea en la que se sancione el acuerdo y se inscriba en los registros públicos, como corresponde a estos trámites legales.
Sin embargo, uno de los empresarios que aparece suscribiendo el acta recusaba su firma, alegaba que se la habían falsificado y por ello se inició un proceso penal que no tenía ni pies ni cabeza en la medida que la denuncia no la formuló el supuesto afectado sino otro empresario interesado en ponerle cabes y tranquillas al emisor submarino.
Así las cosas es imposible determinar la supuesta falsificación de una firma en un documento privado cuando no existe un perjuicio para alguien en particular, ni siquiera podría sustentarlo el titular de la firma porque se trataba únicamente de un trámite de índole administrativo para trasladar derechos de una razón social a otra.
Sin embargo, como para confirmar que cuando existen poderosos intereses económicos de por medio la justicia es capaz de decir que la luz del día es de noche, el proceso penal continuó y se llegó al extremo de formular acusación contraÂÂÂ el ex representante legal de aproferrol y solo cuando el caso llegó al juicio oral el Juez Unipersonal advirtió que esto no tenía razón de ser, que no había motivo para emprender una causa judicial y dispuso que se archive definitivamente.
No hay que ser un agorero para poder adivinar de donde salieron los fantasmas que trataron de impedir la consolidación del emisor submarino, fueron poderosos intereses que llegaron al extremo de empapelar a un empresario cuyo único pecado fue haber emprendido y terminado un emisor submarino que obligue a los empresarios a eliminar sus efluentes al margen de la monstruosa contaminación que estaban generando y que participen económicamente del mantenimiento de estas instalaciones industriales.
Los angurrientos que buscaron la manera de impedirlo han terminado con el rabo entre las piernas, la justicia ha establecido que el promotor del emisor submarino no solo no ha cometido delito alguno sino que le ha dado a Chimbote la posibilidad de evitar mayores daños ecológicos a su bahía. Esperemos que los que lo persiguieron se pongan a derecho y no sigan burlándose del bendito mar de Grau que les ha entregado riqueza y comodidades pero que reclama que lo traten mejor.