Editorial

Editorial: ::: LACERANTE REALIDAD :::

Un total de 27 condenas a cadena perpetua ha dictado en lo que va del año la Corte Superior de Justicia del Santa contra sujetos despreciables que no tomaron en consideración la vulnerabilidad de sus víctimas, todos ellos menores de 07 años de edad, y las ultrajaron para saciar su enfermizo apetito sexual.

Sin embargo, además la estadística señala que se han permitido emitir 127 condenas de pena privativa de la libertad efectiva contra agresores sexuales o delitos de actos contra el pudor. Finalmente se pudo conocer que 145 procesos por agresiones contra las mujeres, feminicidio y lesiones leves terminaron con sentencias contra los procesados, cifra que conlleva a las instituciones a comprometerse contra este flagelo.

Esta preocupante estadística fue revelada por el Dr. José Manzo Villanueva, Juez Superior Coordinador del Programa Justicia en tu Comunidad, a propósito de las actividades que se han realizado la semana pasada con motivo de conmemorarse el Día de la No Violencia contra la mujer.

De este modo se pudo conocer, que los Juzgados de Familia y Mixtos del distrito judicial han emitido 8 mil 082 medidas de protección en favor de mujeres, siendo el Primer Juzgado de Familia de Chimbote el que ha registrado un incremento del 30% de casos. En tanto el Segundo Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote ha registrado un preocupante incremento del 43% de procesos, mientras el Juzgado Mixto de la provincia de Casma ya registra un 18% de incremento de denuncias de mujeres que han concluido en medidas de protección, cifra que preocupa a las autoridades del distrito judicial.

La lectura que nos dejan estas cifras es que a pesar de los enormes esfuerzos que se vienen realizado en todos los sectores involucrados para atenuar o erradicar los actos de violencia contra las mujeres y los menores de edad, los hechos demuestran que estas acciones lumpenescas van en aumento.

Todo ello, además, demuestra que las labores de prevención que vienen haciendo las instituciones aún siguen siendo insuficientes para aplacar el grave flagelo que se recuerda cada 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.

Y es que en la medida que se advierte que las mujeres golpeadas y agredidas van despertando en la necesidad de defender su integridad y acudir a denunciar a los agresores para que la autoridad pueda ponerles la mano y llevárselos a un calabozo, los casos de ataques cobardes y salvajes no se detienen.

Todos los días los medios de comunicación no dejan de publicar las ocurrencias policiales que dan cuenta de agresiones contra alguna mujer u otro miembro del grupo familiar, las duras penas y las medidas restrictivas que se han implementado no escarmientan a los agresores, por el contrario, pareciera que las cifras se han incrementado.

Esta no es solo una percepción es una dramática realidad que padecemos a diario y basta retroceder apenas unos dos o tres días para recordar como una mujer fue maltratada a patadas y puñetes al extremo de sufrir la fractura de la mandíbula como consecuencia de la paliza que le propinó su ex pareja, un individuo virtualmente enfermo de los celos.

Si es que un  hombre no solo se atreve a levantarle la mano a una mujer, sea su esposa, conviviente o lo que sea, se convierte ya en un vil cobarde a quien la ley le comienza a sacar cuentas, el agresor que provoca serias lesiones en las mujeres no tiene escapatoria para terminar con sus huesos en el presidio.

De allí que aquellos se han ganado un espacio en este segmento enfermizo de la sociedad, las penas y medidas de seguridad que se les imponga no se deben únicamente limitar a que reciban una terapia psicológica sino que debe dejar una huella en la sociedad que le impidan en el futuro participar en la vida pública de la ciudad, por ejemplo.

Un hombre que ha atacado a una mujer pierde autoridad moral para asumir un cargo de elección popular en la medida que nada se puede esperar de aquel cuando tenga que tomar decisiones.

Esta alternativa la lanzó la semana pasada el alcalde de Nuevo Chimbote Valentín  Fernández Bazán y de inmediato muchos le atribuyeron ese mensaje a un cuestionamiento directo a una de las candidaturas de segunda vuelta regional y la presunta violación del principio de autoridad.

Esa son solo absurdas posiciones que no quieren ver el real fondo de la gravedad de la situación de la mujer ante los actos de violencia, existe la necesidad de apelar a todas las herramientas legales posibles para protegerlas y las restricciones de tipo político también forman parte de un esfuerzo para hacer frente a esta lacerante realidad.