La semana pasada se ha registrado el deceso del conocido dirigente sindical de Huaraz y activista de los movimientos de reivindicación moral de esa ciudad, Carlos Guisbert Velásquez, quien pereció cuando era trasladado a nuestra ciudad con la finalidad de someterlo a tratamientos especializados de cardiología.
El dirigente había sufrido una descompensación y fue internado en el Hospital de Essalud de Huaraz, en donde fue atendido de sucesivos infartos cardiacos y debido a su delicado estado de salud fue derivado a Chimbote en busca de atención mucho mas especializada, lo cual no pudo concretarse.
El triste deceso del otrora dirigente del sindicato de trabajadores del gobierno regional y actual dirigente del comité cívico anticorrupción, se produce en medio de una serie de ajetreos laborales que mellaron su estado de salud, con antelación ya se conocía que Carlos Guisbert, como sus colegas Víctor Valdivia y Carlos Aranda, eran objeto de actos de hostilización y persecución en su centro de labores.
Esto fue un hecho público, ellos en su condición de dirigentes del comité cívico emprendieron las medidas de protesta contra la administración y la pésima gestión del gobernador regional Waldo Ríos Salcedo y como consecuencia de esta lucha política comenzaron a percibir los acosos y hostigamientos en su centro de labores.
Los repentinos cambios al interior de la región, la discriminación y postergación a la que eran sometidos no eran una coincidencia y menos aún una política de trabajo de la gestión de Waldo Ríos, respondía a medida dirigida y promovida por el entorno del titular del pliego a efectos de tomar represalias por las acciones políticas de estos servidores.
Esto era más que evidente y los afectados lo denunciaron en su momento a la prensa, empero, los excesos llegaron a límites insospechables, los sacaron a la fuerza de sus oficinas, los llevaron a puestos de vigilancia y llegaron a despojarlos del mobiliario de sus oficinas para dejarlos únicamente con una silla.
Solo un escéptico no es capaz de advertir que se trataba de minar psicológicamente al trabajador, se buscaba que mediatizarlo en su accionar político a través de estas acciones arbitrarias que de alguna manera contrarresten su actividad en el frente cívico y los lleven a renunciar a las acciones de protesta a nivel de la sociedad civil.
Sin embargo, ni siquiera repararon en que Carlos Guisbert era un paciente diabético, padecía de esta enfermedad considerada como la peste del siglo XXI, un mal que requiere de cuidado y tratamiento pero que en algunas personas se deben extremar medidas porque hay algunos casos que generan secuelas por las tensiones y cuadros psíquicos emotivos.
Esta clase de diabetes se convierte en perniciosa y hasta mortal, los funcionarios de Waldo Ríos la emprendieron contra Carlos Guisbert, lo maltrataron y humillaron, la última semana de diciembre le entregaron un documento y le prohibieron ingresar a su centro de trabajo bajo el argumento que era sometido a un proceso administrativo disciplinario y hasta que concluya no sería admitido en su centro de trabajo.
Era una simulada acción de despido y ello caló muy hondo en el ánimo del servidor, lo estaban echando sin motivo alguno de la entidad en la que prestó servicios por 30 años, a la que le entregó la vida y de esta manera un político desfasado y mediocre le retribuía su esfuerzo e identificación.
Obviamente, su estado de salud no sería ajeno a esta situación y comenzaron los problemas, la descompensación en los niveles de azúcar lo llevaron a ser internado y los médicos se preocuparon en la medida que la diabetes le complicaba el cuadro cardíaco que presentaba, los sucesivos infartos advertían que los males estaban acabando con la vida del luchador social.
La secuela ha sido nefasta, el gobernador regional quiere negar que tenga alguna responsabilidad en este trágico desenlace y quiere engañar a los ancashinos que ni siquiera tenía conocimiento que el dirigente estaba siendo sometido a un proceso administrativo disciplinario, cuando ello es evidentemente falso, desde un primer momento trataron de paramentar a los ex dirigentes sindicales con actos de hostilización que fueron de dominio público.
Y es que en la administración pública esta clase de acciones pusilánimes contra el trabajador son usuales, en Chimbote hemos visto casos de discriminación y maltrato, por ejemplo, hace unos años una conocida dirigente del Municipio de Nuevo Chimbote denunció la hostilización de la cual era objeto, hemos conocido casos de trabajadores que han sido relegados a un ambiente sin hacer absolutamente nada.
Muchos podríanÂÂ pensar que es mejor para cualquiera que lo dejen sin hacer nada y ganando su salario, sin embargo, psicológicamente esta clase de medidas va minando la estructura mental y emotiva del servidor, no se trata de no hacer nada sino de superar este maltrato y humillación por parte de quienes se han encumbrado en el poder.
Los chimbotanos deben recordar el caso de la ex funcionaria municipal Marleny de la Cruz, quien fue dos veces gerente municipal en las gestiones de Estuardo Díaz y Luis Arroyo Rojas y por el solo hecho de haber accedido al llamado de éste último para dirigir la comuna provincial fue objeto de represalias por parte de la fugitiva ex alcaldesa Victoria Espinoza García, fue trasladada al Camal para que verifique el ingreso y salida de los animales para el sacrificio, obligándola a ponerse un mandil y botas.
Si bien es cierto no existe trabajo que deshonre a nadie, no se puede tratar de esta manera a quien ha sido la primera funcionaria de la Municipalidad, empero, todo lo malo que se hace se castiga y por ello ahora la responsable de ese abuso se encuentra prófuga de la justicia y con un mandato judicial que la llevará a purgar siete años de cárcel.
Que la muerte de Carlos Guisbert no quede impune, el maltrato y la humillación que lo llevaron a padecer los males que lo llevaron a la muerte son solo parte de un abuso de poder que debe ser desterrado de nuestras instituciones, que tiene que ser castigado de manera ejemplar por las autoridades competentes, que se deje un precedente para que en el futuro no se utilicen los cargos públicos para hacer una cacería contra los opositores y los enemigos políticos. Basta ya de tanta miseria funcional.