¿Puede una persona pagar un millón de soles para cumplir una obligación sin justificar el origen de ese dinero? Es evidente que no, para la Fiscalía anticorrupción eso solo es posible cuando se está lavando dinero y por ello es que ha formulado acusación contra el ex Gobernador Regional de Ancash Waldo Ríos Salcedo y pide que la justicia lo castigue con 20 años de cárcel.
La semana pasada el Fiscal Provincial del sistema anticorrupción Carlos Roncal Cancino, ha remitido al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria su requerimiento acusatorio del proceso penal que se le sigue a Waldo Ríos Salcedo por haber recibido un millón de soles de parte de 9 personas que, igualmente, han sido acusados por delitos de lavado de activos y cohecho pasivo en distintos casos.
La acusación seguirá el mismo trámite que reciben aquellas causas penales que ingresan a lo que en el proceso penal se conoce como fase intermedia, es decir, se corre traslado de los cargos incriminatorios a todas las partes para que planteen las observaciones que consideren pertinentes y se convoca a una audiencia de control de acusación a efectos de evaluar el documento como requisito previo a la siguiente fase que es el juicio oral.
Los hechos están relacionados al escándalo que se generó allá por el año 2015 cuando el ex gobernador Waldo Ríos había quedado al margen de la conducción del gobierno regional a pesar que había ganado los comicios del año anterior debido a que arrastraba el cumplimiento de una condena que se le impuso por sus vínculos con la mafia fujimontesinista allá por el año 2000.
Este impedimento legal había surgido en pleno proceso electoral de octubre del 2014, cuando se detectó a nivel de Corte Suprema que el entonces candidato que había pasado a segunda vuelta Waldo Ríos estaba inhabilitado para ejercer la función pública en la medida que si bien es cierto había cumplido con la pena de la sentencia condenatoria que recibiera en su oportunidad, no había cumplido con pagar la reparación civil que era parte de los requisitos que se había establecido para su rehabilitación.
Consecuentemente, en pleno proceso electoral se advirtió que en el supuesto que ganara los comicios, Waldo Ríos no podría prestar juramento al cargo hasta que se rehabilite, en otras palabras, hasta que cumpla con pagar la reparación civil de un millón de soles.
Y ello fue lo que ocurrió, aun cuando el electorado ancashino era consciente que estaba ante un condenado por corrupción, mayoritariamente lo eligió como Gobernador y por mandato de la suprema corte debió prestar juramento el vice gobernador Enrique Vargas Barrenechea, que ya todos saben el mediocre papel que cumplió.
Sin embargo, en mayo de aquel año Waldo Ríos se presentó un buen día a la instancia judicial con el certificado de depósito de un millón de soles, había cumplido con pagar la reparación civil y solicitó su rehabilitación y, posteriormente, su juramentación como Gobernador, lo cual también se cumplió.
De allí que todos se preguntaban ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo era posible que aquel hombrecillo que no tenía mayores recursos apareció de pronto con un millón de soles?. Fue entonces que todos tomaron conocimiento que para darle visos de legalidad a la maniobra se suscribió una escritura pública de donación por parte de 9 personas, entre empresarios y desconocidos, que hacían alarde tener tanto patrimonio como para “regalar dinero” a un hombre con ambiciones políticas.
Desde aquella oportunidad la operación llamó la atención en la medida que entre los donantes había quienes no podían acreditar ni siquiera la tercera parte de lo que habían aportado, otros tenían deudas en sistema financiero, algunos estaba en el Inforcorp y otros hasta utilizaron a las esposas para encubrir su posición, lo cierto es que existieron suficientes indicios de una oscura operación como para que el Ministerio Público emprendiera una imvestoigación y ella ha llegado ya a la fase de la acusación.
Esto es parte de una historia conocida por todos los chimbotanos, desde entonces fue evidente que detrás de los donantes no existió sentimiento altruista alguno, por el contrario, se evidenciaba que existía de por medio una motivación económica, una ambición de tipo político para beneficiarse con las decisiones que se adoptan al más alto nivel de la gobernación regional, empero, su intención se vio frustrada, precisamente, por la revelación de estos manejos turbios y presuntamente dolosos.
En el requerimiento acusatorio de advierte que la Fiscalía ha conseguido elementos de convicción que demostrarían que el dinero utilizado para la “donación” tendría procedencia ilícita; mientras que los investigados por cohecho pasivo propio, si bien es cierto justificaron la procedencia del dinero utilizado, el hecho de entregar dichas sumas a una autoridad electa por votación popular, convierte su acto en la entrega de una dádiva prohibida por ley.
Ahora bien, el caso se encuentra recién en esta fase a pesar de los años que han transcurrido en la medida que ha sufrido una serie de ampliaciones, entre ellas la que ordenara la Primera Sala Penal de Apelaciones que debió dejar sin efecto una primera medida del ex juez de esta causa que había archivado los cargos contra dos de los donantes y demandó que se exija la pericia contable a la DININCRI, la misma que forma parte del documento acusatorio del Ministerio Público.
El Fiscal ha solicitado 20 años de cárcel Waldo Ríos Salcedo, 14 años por delito de lavado de activos y 6 años por cohecho pasivo, siendo un caso de concurso real delitos ambas penas se suman.
A la donante Sabik Alioth Soriano Navarrete, le solicitó 16 años de cárcel. Mientras que para Miluska Aldea Correa, Patricia Leonor Quezada Barreda, José Enos Neyra Flores, Guillermo Oviedo Velásquez, Miguel Peralta Merino, Christian Cárdenas Depaz, les pidió 12 años de prisión efectiva.
Para los empresarios José Luis Servat Chocano (esposo de la donante Patricia Quezada Barreda) y Gonzalo Ricardo Alegría Verona, la Fiscalía pidió 10 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos, y, finalmente, a los donantes Javier Contreras Lara y Daniel Reynafarje Quiroz, la Fiscalía los acusó del delito de cohecho pasivo propio, solicitando una pena concreta de 4 años de prisión efectiva. Estamos ante un juicio público en ciernes, la justicia decidirá la sanción para este frustrado ajedrez político.