En el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad, como se denomina este año 2019 y como se estila a identificarlo en la parte superior de cada documento que pasa por la administración pública, las autoridades locales no podrían dejar de plantear alguna alternativa para frenar y mitigar los altos índices de corrupción que existen en la administración del estado.
Por ello es que los miembros de la Mesa de coordinación interinstitucional de lucha contra la corrupción de la provincia del santa, que integran los operadores de justicia, notificó la semana pasada a los alcaldes de la provincia que se había elaborado un Pacto de Integridad, de lucha contra la corrupción y pautas de buen gobierno que deseaban que ellos se adhieran en el cometido que se han planteado.
Y la respuesta ha sido masiva, allí estuvieron el alcalde provincial Roberto Briceño Franco y los alcaldes distritales, tales como Domingo Caldas Egúsquiza de Nuevo Chimbote, Abel Sánchez Cruz de Coishco, Pedro Carranza López de Nepeña, Diunior Contreras Reyes de Macate, Ivo Rincón Ruíz de Moro y Eugenio Jara Acosta de Santa.
Todos ellos han aceptado los términos que expone este pacto de integridad y se han mostrado dispuestos a ejecutarlo y acatarlo, pues muchas de sus directivas están relacionadas con la necesidad de autorregularse en el tema de la lucha contra la corrupción.
Así por ejemplo, los alcaldes se comprometen a emitir una ordenanza que disponga la creación e instalación de la Comisión Local Anticorrupción, pero además, en estrecha coordinación con sus áreas legales y el cuerpo de regidores deben encaminar la elaboración y aprobación de un Plan Anticorrupción a nivel provincial.
Asimismo, los alcaldes deberán elaborar y aprobar su Plan Anticorrupción Institucional, realizando acciones orientadas a garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, así como la identificación y gestión de riesgos de comisión de hechos vinculados a la corrupción.
Otro de los puntos que estipula este Pacto de Integridad incluye la realización de al menos una audiencia pública de rendición de cuentas al año, donde se informe a la población, los logros y dificultades de la gestión local en materia de lucha contra la corrupción, independientemente de las audiencias de rendición de cuentas en el marco del presupuesto participativo o de las asambleas vecinales que están legisladas en su respectiva ley orgánica y que se cumplen de acuerdo a su propia normatividad.
Los alcaldes fueron recibidos por los integrantes de la mesa de lucha contra la corrupción que estaban instalados en torno a una mesa de honor que estuvo presidida por el Presidente de la Corte Superior del Santa, Dr. José Manzo Villanueva e integrada por la Dra. Anita Alva Vásquez, jefa de la Odecma-Santa, Dra. Miriam Lucero Tamayo, presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Dra. Roslin Villanueva Ramírez y el coronel PNP James Tanchiva Díaz.
Además, estuvieron el Dr. Henry Nureña Castillo, director de la Defensa Pública y el procurador público Anticorrupción, Richard Asmat Urcia, especialmente este último que se encuentra plena y absolutamente comprometido en los temas de lucha contra la corrupción por su actividad profesional.
Es evidente que los operadores de justicia han buscado la manera de obligar a las autoridades municipales a regular sus actuaciones y establecer pautas que ellos mismos tienen que respetar con sus parámetros de la lucha contra la corrupción.
Y quienes son los llamados a responder por estos temas son, efectivamente, los alcaldes de todo el país, pues son los más propensos a ser denunciados y acusados por la presunta comisión de delitos contra los deberes funcionales, entre ellos el delito de corrupción de funcionarios.
De la misma manera, se tiene que advertir que las estadísticas señalan que los funcionaros que se encuentran más comprometidos en las denuncias por delitos de corrupción son los funcionarios de los municipios, comenzando por el alcalde y hasta el funcionario de confianza que se presta para los malos manejos y toma parte de una red de corrupción que suelen hacer escarnio del erario municipal.
En la provincia del Santa somos conscientes que esto es totalmente cierto, existen innumerables alcaldes que han sido condenados por la justicia y algunos de ellos se encuentran prófugos de la justicia.
Los anales judiciales nos recuerdan que desde los tiempos de Oswaldo Pérez Gamboa, es decir desde la década del 90, han pasado muchos alcaldes por las frías celdas de los penales de la ciudad, incluso, a la fecha la ex alcaldesa Victoria Espinoza García se encuentra en calidad de prófuga de la justicia, mientras que su sucesor en el cargo, Julio Cortez Rojas asume una situación jurídica similar al ocultarse de la justicia porque está condenado junto a la mencionada ex burgomaestre.
A nivel de la región son muchos alcalde los que han merecido procesos penales y condenas del mismo calibre, todos ellos por actos de corrupción que se han detectado una vez que los burgomaestres dejan los cargos y sus sucesores disponen la realización de auditorías que terminan detectando los manejos turbios que dieron lugar a la sustracción de muchos recursos que deberían destinarse al bienestar de un pueblo.
En una región en la que existen dos ex gobernadores que han purgado o purgan carcelería, que han sido vacados del cargo por sus antecedentes judiciales, con alcaldes que están en esa misma condición, es evidente que existe la necesidad de crear un escenario en el que se comprometa a las autoridades ediles a ponerse de lado de la ley y no puedan caer en las componendas que han llevado a muchos al banquillo.
Los alcaldes deberán elaborar un plan anticorrupción institucional y luego un plan provincial, la idea es que se determinen los canales y sistemas de control dentro de las propias municipales, una de las primeras barreras que debe contribuir a la disminución de actos de corrupción institucional.
La idea es magnífica, se espera que los alcaldes pongan mucho de su parte para contribuir en este ánimo de hacer frente a la corrupción y tratar de desvirtuarla o disminuirla, para ello se ha suscrito este Pacto de Integridad que es un intento más en los afanes de muchas autoridades por buscar la manera de erradicar este flagelo que corroe las fibras más sensibles de nuestra sociedad. Suerte para los operadores de justicia ahora que tendrán que monitorear el avance que consiga cada Municipio.