SANCION
La suspensión que ha aprobado el pleno del congreso de la república contra la congresista ancashina María Elena Foronda por 120 días sin goce de haberes no es algo que sorprenda a nadie, por el contrario, desde hace varios meses se veía venir al extremo que la ciudadanía pensaba que existía nuevamente aquello de “otorongo no come otorongo” cuando no se debatía este caso y no se aprobaba sanción alguna a pesar que la comisión de ética aprobó el castigo. Como es de dominio público, la sanción responde a la mala actitud de la congresista de contratar en su despacho a una mujer que había sido sentenciada por delito de terrorismo y quien, en su oportunidad, fue hallada responsable de haber formado parte de un grupo operativo del Movimiento revolucionario Tupac Amaru (MRTA) custodiando las tristemente célebres “cárceles del Pueblo2, como se conocía a las mazmorras en donde mantenían secuestrados a empresarios a cuyas familias les exigían millonarias sumas para financiar su grupo fanático. En otras palabras, la congresista traicionó al país al contratar a una mujer que había hecho mucho daño a los peruanos, le estaba pagando con dinero que aportamos todos los peruanos a una mujer que sembró la muerte y la destrucción en la década del 90. Eso no podía ser pasado por alto, inclusive, a despecho de las argumentaciones que ha esgrimido en el sentido que ella no contrata a nadie sino que propone a un trabajador y es el aparato administrativo del congreso el que debe tener filtros para evitar que se contrate a sentenciados. ¡Que tal raza!. La congresista lleva a una sentenciada a sabiendas que tenía ese antecedente y pretende decirnos a todos que si nadie se dio cuenta no es culpa de ella. Este caso ha sido tan lapidario para el país que los congresistas no aceptaron la propuesta de la comisión de Ética que solo recomendaba sancionarla con 60 días y aprobaron una cuestión previa para que se considere una sanción de 120 días y ese fue el castigo que se le impuso. Lo que nos da mucha pena es que dos congresistas de Ancash hayan sido suspendidos por 120 días en este período de gobierno, algo que no dice nada bien de quienes llevan la representación de nuestra región en el poder legislativo.
COMPLOT
El consejero regional por la provincia de Pallasca, Martin Espinal Reyes, ha denunciado en Huaraz que existe un complot para traerse abajo al gobernador Juan Carlos Morillo y ha señalado que colegas suyos lo han llamado con esa intención, aprovechando la existencia de cuestionamientos que se difunden por los medio de comunicación. Como suele suceder en esta clase de “revelaciones”, el consejero de marras no quiso dar a conocer los nombres de esos conspiradores a pesar que los conoce pues dice que lo llamaron, tampoco precisa cuales son los casos por los cuales será vacado el gobernador. Sin embargo, asumimos que ellos están relacionados con la investigación de la obra del canal Santa San Bartolo y por las pesquisas relacionadas a los procesos penales que ha arrastrado y que, al parecer, no declaró en su hoja de vida durante los últimos comicios, por lo que se pretendería denunciarlo por falsa declaración. Sin embargo, ambos casos están en manos del Ministerio Público, será ese organismo el que se pronuncie y no creemos que se pueda promover un complot a ese nivel. El Gobernador ha dicho que el primer caso ha sido ya liquidado y no existió cuestionamiento alguno, mientras que en el segundo caso, si la memoria no nos traiciona, el Jurado Electoral lo archivó al considerar que no hubo falsa declaración. Si esto es así, no vemos donde encaja lo del complot, por el contrario, nadie debe temer ser investigado y creemos que al Gobernador no le quita el sueño estas pesquisas en la Fiscalía. No sabemos porque tanto salto si el suelo está bastante parejo.
INMUNIDAD
Quien ha pegado el grito en el cielo es el Fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial de Huaraz, Dr., Renato Arapa, quien se ha encontrado con un serio inconveniente para seguir investigando a la congresista Yessenia Ponce Villarreal, por el hecho que el congreso hasta la fecha no le levanta la inmunidad parlamentaria. Mientras ello no ocurra, lamentablemente los Fiscales no pueden seguir avanzando porque se trata de instituciones jurídicas que tienen respaldo constitucional, por ello está a la espera que el congreso deje de blindar a esta congresista para concluir la investigación por la falsificación de sus certificados de estudios y de su hoja de vida. Ojo, el caso de Ponce Villarreal se encuentra en manos de la sub comisión de acusaciones constitucionales para que se pronuncie por el desafuero tras haber sido sancionada. Lamentablemente, se cumplió la sanción pero no hay pronunciamiento del desafuero, por ello es que para la ciudadanía existe un ánimo de proteger a los malos congresistas. Esperemos que esto se resuelva de una buena vez.