El dirigente aprista Pedro Villón Macedo no arrastra condena alguna vigente ni tampoco existe obligación de pago de la reparación civil por la condena que se le impuso el año 1999 por la comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de Peculado Genérico y Malversación de Fondos en agravio de la Municipalidad Provincial del Santa.
Así lo expresa el mismo Villón Macedo en carta remitida a nuestra redacción en la que reconoce que en efecto en el año 1999 fue condenado por la justicia a la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida a dos, pero que por esos delitos ya fue rehabilitado y se le exoneró de pagar la reparación civil ascendente a 100 mil nuevos soles en forma solidaria con sus co condenados José Chacaltana Arana y Elio Ibáñez Príncipe.
En efecto, con su carta el otrora regidor de la Comuna Provincial adjunta las resoluciones expedidas por el juez Roma Cruz Avilés los años 2003 y 2009 que atiende los pedidos formulados por los condenados Villón, Chacalatana y Arana, en la cual señala que por efectos del transcurso del tiempo se ha dado por cumplida la pena impuesta y por lo tanto opera la rehabilitación de manera automática.
De la misma manera, en esta resolución se hace alusión a la obligación del pago de la reparación civil señalada en la condena, la misma que ascendía a 100 mil nuevos soles, precisándose que siendo ella una obligación civil se debería aplicar las normas pertinentes del Código Civil las cuales establecen que prescriben a los 10 años.
No habiendo el Poder judicial requerido a los condenados en todo ese tiempo el pago de la reparación civil, la declaró prescrita. Esta resolución fue apelada ante la Sala Penal y los magistrados Vásquez Cárdenas, Espinoza Lugo y Matta Paredes la confirmaron en todos sus extremos.
Pese a que la condena dictada contra Pedro Villón y los demás regidores fue un hecho público, el remitente jamás dio a conocer a los medios de comunicación que el poder judicial había expedido estos documentos, por ello es que se dio cuenta que estaría inhabilitado para postular como había ocurrido el año pasado con el gobernador regional Waldo Ríos Salcedo.