Al cabo del primer mes de haberse declarado un estado de emergencia en la provincia del santa, los alcaldes de esta jurisdicción se reunieron con la finalidad de evaluar el avance y concluyeron en la necesidad de plantear al gobierno central la ampliación de este régimen excepcional por cuarenticinco días más.
El acuerdo se adoptó en el marco de una reunión de trabajo en la que se hallaba presente la casi totalidad de alcaldes distritales encabezados por el burgomaestre provincial Julio Cortez Rojas, quienes tuvieron el acierto de invitar al jefe de la región policial de Áncash, general Juan Gálvez Escalante, así como al jefe de la división policial de Chimbote, coronel Juan Meyer Velásquez a efectos de escuchar sus impresiones.
Estas últimas estuvieron relacionadas a las estadísticas que deja esta emergencia, un resumen que ya lo conoce la población en la medida que los altos oficiales fueron entregando a través de los medios de comunicación con la finalidad que la ciudadanía pueda conocer el trabajo que se viene desarrollando.
De esta manera se ha podido conocer que en este período, que comprende desde el 25 de diciembre a la fecha, se ha podido capturar a 20 bandas de delincuentes, se efectuaron un total de 135,293 intervenidos, se detuvieron a157 requisitoriados por la ley, además 334 detenidos por otras infracciones a la ley, se ha conseguido incautar 8 mil ketes de droga, once kilos de marihuana, así como se ha decomisado un total de 57 celulares, 1,270 billetes falsos, según lo informado por el jefe de la PNP en Ancash.
No es por nada pero la estadística policial dice mucho de un trabajo productivo en este estado de emergencia, aun cuando la percepción de la gente y los cuestionamientos que se han formulado desde algunos sectores de la ciudad pretendan decir y sostener lo contrario.
Cierto es que en este periodo se han registrado tres muertes, dos de ellas por acción de sicarios y una tercera por un cruel acto de venganza que ya es de dominio público, empero, estos hechos no pueden empañar una labor que si tiene réditos como es la que muestra la Policía en el marco de operativos permanentes de rastrillaje, en los cuales ha podido revisar a una serie de vagos e indocumentados que son los que termina alterando la seguridad de la ciudadanía.
Inclusive, en el marco de la reunión que sostuvieron los alcaldes con los altos jefes policiales se reiteró una vez más las quejas y denuncias del alcalde de Nepeña Manuel Figueroa Laos, quien desde el año pasado viene siendo extorsionado y hasta la fecha se mantienen los mensajes intimidatorios sin que la Policía pueda dar con los culpables.
Este es un caso que muchos asumen como un fracaso de la emergencia decretada por el Gobierno, sin embargo, eso no es cierto, se trata de un hecho policial más que requiere de un seguimiento y una pesquisa especial que toma su tiempo para poder desvirtuarla, no es un caso de delito flagrante en el que se pueda reclamar que no existe presencia policial en las calles, de allí que habrá que esperar que los encargados de esta investigación puedan echarle el guante a los que inquietan la tranquilidad del burgomaestre y su familia.
De allí que la evaluación que se debe efectuar a un régimen excepcional como el que vivimos tiene que comenzar por el despliegue que ha efectuado la Policía en las calles y la efectividad de las garantías que se han suspendido para que la Policía pueda realizar su labor sin contratiempos.
Este es lado preocupante en cualquier régimen de excepción al que apele la autoridad, es decir, la posibilidad que se registren casos de abusos y excesos en la actuación policial teniendo en cuenta que se han suspendido los derechos a la libertad y seguridad personal (la detención de una persona sin necesidad de flagrancia de delito y mandato judicial motivado) así como la inviolabilidad del domicilio, expresado en la necesidad de la Policía de poder allanar un inmueble cuando sospeche que en el interior se planifican o cometen delitos o se ocultan personas que están al margen de la ley.
En tal sentido, tanto la presidenta de la Junta de Fiscales como la comisionada de la Defensoría del Pueblo han informado a los medios de comunicación que no les ha llegado una sola denuncia de abusos o arbitrariedades por parte de las fuerzas policiales a lo largo de este estado de emergencia, lo que quiere decir que, además de los frutos obtenidos, la Policía viene actuando con respeto y mesura a la ciudadanía.
Ahora bien, lo que interesa a los ciudadanos es que los niveles de seguridad mejoren ostensiblemente, que esa sensación de inseguridad en las calles se reduzca y ello se ha conseguido en mérito a una mayor presencia policial y de mejores posibilidades de actuar para los custodios del orden.
No se puede soslayar que, por ejemplo, en este estado de emergencia se han podido capturar a una serie de comercializadores de droga porque se ha podido allanar sus guaridas en el marco de las persecuciones y sin necesidad de tramitar previamente una orden de allanamiento de morada.
De la misma manera se han podido capturar a requisitoriados por las mismas facilidades con las que cuenta la Policía, siendo uno de estos casos la aprehensión de una joven prófuga del caso La Centralita, quien se ocultaba desde hace más de año y medio en una vivienda del A.H. “Luis Sánchez Milla”, al cual la Policía ingresó cuando aquella trató de esconderse y lo hizo incursionando sin necesidad de tener una orden judicial.
De allí que las autoridades locales deben ser conscientes que, al margen de las debilidades o defectos que pueda tener el accionar policial, el estado de emergencia ha resultado un régimen excepcional que viene favoreciendo el accionar de los efectivos para afianzar y garantizar la seguridad de la ciudadanía y para hacer frente a la delincuencia informal o desorganizada pero que pone en jaque la integridad de los pobladores.
Estamos seguros que los miembros del Comité de seguridad ciudadana (COPROSEC) harán suyos el acuerdo de los alcaldes de la provincia y sancionará una petición al gobierno para que se amplié el estado de emergencia por 45 días más. Es un pedido pertinente, no se puede soslayar que en otras ciudades que son mucho más peligrosas que la nuestra, como por ejemplo el Callao, ha sido necesario extender este régimen a pesar que la ola de crímenes y atentados no se detiene. Lo mejor es seguir confiando en el trabajo policial y avalar los resultados que se muestran a la fecha.