Contra lo que es habitual, anteayer lunes por la tarde estábamos sentados frente a la pantalla de nuestro televisor, siguiendo las incidencias del debate en el congreso de la república por la cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo, cuando de pronto, en las letras chiquitas de la parte inferior de las pantallas se anunciaba que se emitiría un mensaje a la nación del presidente de la república.
Era evidente que todos imaginábamos de que se trataba, el Presidente Vizcarra, mal aconsejado en los últimos tiempos ha pretendido imponer sus planteamiento al congreso a través del mecanismo de la cuestión de confianza, una suerte de amenaza por la cual advertía al pleno de la representación parlamentaria que si no procedía como lo pedía podría disponer el cierre del congreso.
Sin embargo, en esta oportunidad se le fue la mano, se supone que jurídicamente debería denegarse una segunda cuestión de confianza y derribarse un segundo gabinete para que tenga la atribución constitucional de disolver el congreso, eso lo dice la carta magna, pero el presidente decidió patear el tablero de la democracia, embriagado de poder ha decidido el quiebre del orden constitucional vía una caprichosa interpretación que no tiene asidero en la ley,
Ello porque antes que le denieguen la confianza, el Presidente Martin Vizcarra ha disuelto el congreso nacional, quienes conocemos algo de derecho nos quedamos en una sola pieza cuando escuchamos al Jefe de Estado afirmar que al no haberse debatido su proyecto de reforma constitucional para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional antes que el parlamento elija a sus nuevos miembros, se habría producido una DENEGACION FACTICA de la cuestión de confianza, por lo tanto, se creía con derecho a disolver el parlamento nacional y convocar a nuevas elecciones parlamentarias dentro de cuatro meses.
Por más que buscamos en la Constitución Política la figura esa de la denegatoria fáctica de una cuestión de confianza no la hallamos por ningún lado, y, es que sencillamente no existe, el Presidente no puede presumir y menos interpretar que el Congreso le deniega la cuestión de confianza, ella tiene que traducirse en una votación que resulte adversa a pedido de ejecutivo.
El Presidente Vizcarra afirma que procede de esta manera porque su gobierno se encuentra en una franca lucha contra la corrupción y la defensa del orden institucional, sin embargo, el cierre del congreso es la primera herramienta que utilizan los dictadores para establecer un régimen de corrupción, no lo decimos nosotros, lo dice la historia y está escrito en los anales de la vida política de la nación.
¿Qué es lo que busca el jefe de estado con esta medida? ¿Impedir que lo investiguen por el caso Chinchero? ¿Evitar un proceso político que se avecinaba a la luz de los hallazgos que hizo el Ministerio Público en las últimas semanas?¿luchar realmente contra la corrupción sin que exista equilibrio de poderes?
Lo cierto es que la decisión del presidente de la república lo único que ha conseguido es sembrar un régimen de incertidumbre, un caos político y una peligrosa desestabilización de la que será complicado salir.
Se ha promovido un enfrentamiento de poderes, los congresistas no se quedaron con los brazos cruzados, no solo cuentan con el respaldo de los constitucionalistas que no pueden cerrar los ojos ante la “pachotada” emprendida por el jefe de estado, por ello es que han sancionado un acuerdo de suspensión temporal por incapacidad al Presidente Vizcarra y convocaron a la segunda vicepresidenta del país, Mercedes Araoz, quien aceptó juramentar como Presidenta provisional hasta que se pueda salir de esta crisis.
Quizás haya algunos que no lo han olvidado, pero si han leído detenidamente este pasaje de medidas y movimientos políticos deberán recordar aquella noche fría del domingo 05 de abril de 1992 cuando el entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori, tan constitucional como Vizcarra, decidió patear el tablero de la institucionalidad y desterrar la democracia al disolver el congreso de entonces y tomar por asalto las principales instituciones del país.
La reacción de los congresistas y la clase política fue similar, desconocieron la decisión presidencial y convocaron al entonces segundo vicepresidente, Máximo San Román, quien juramentó en el auditorio del Colegio de Abogados ante el entonces Presidente del Congreso disuelto y se gestó una crisis política de la cual fue difícil salir.
Muchos dirán que el presidente Vizcarra cuenta con el respaldo del pueblo que ha salido desde la misma noche del lunes a aplaudir la medida, pero esa misma reacción se registró el año 1992, inclusive, cuando en esa ocasión el ejército salió a las calles y tomó por asalto algunas instituciones, en aquella ocasión el pueblo aplaudía y aprobaba el atropello constitucional y la ruptura del equilibrio democrático como hoy ocurre.
Son dos fotografías a las cuales podríamos pedir que alguien busque las seis diferencias y difícilmente las hallará, las dos disoluciones parten de una premisa inconstitucional, las dos medidas han generado el cierre del Congreso, las dos medidas tienen como pretexto la existencia de un Parlamento perturbador, las dos medidas han provocado el nombramiento de otro Presidente fuera de Palacio y ajeno a poder, las dos medidas han generado que las fuerzas armadas respalden a los presidentes en ejercicio a pesar que rompieron el orden institucional.
De allí que ante un escenario en donde existe un mecanismo jurídico para salir del hoyo al cual nos ha metido el Presidente Martín Vizcarra, la historia volverá a repetirse como el año 1992 y deberá ser nuevamente la Organización de Estados Americanos (OEA) la que llegue al país y resuelva este diferendo con la anuencia del pueblo.
En aquella ocasión la OEA ratificó a Alberto Fujimori luego de convocar a elecciones para elegir a un congreso constituyente democrático, hoy no habrá necesidad de un CCD pero sí de una intervención democrática del organismo internacional para salvar un escollo político que nos está llevando al descalabro.
No creemos que el Presidente Vizcarra no era consciente de las consecuencias que podría motivar una decisión de este tipo, nadie entiende por qué se apresuró y no esperó el debate de la cuestión de confianza, quizás ello habría cambiado el escenario jurídico adverso que ahora se le achaca y lo que podría haberlo dejado al margen de las graves responsabilidades penales y políticas que hoy pesan sobre su cabeza. El peligro de gobernar para las tribunas y para el aplauso siempre está latente, ello debería haberlo advertido hace ya mucho tiempo pero se empecinó en llevar adelante una aventura política al amparo de un respaldo popular que hoy lo puede colocar en el pico más alto pero que mañana o más tarde lo puede catapultar y condenar al ostracismo.
Por el bien del país, esperemos que las escaramuzas se terminen y se encause a nuestra patria por la senda democrática y constitucional que se merece.