El funcionario público, por su propia condición de servidor del Estado, no solo debe obediencia a la constitución y la ley, no solo debe hacer respetar el estado de derecho, sino que debe desempeñarse en función de principios éticos de veracidad, honestidad y, fundamentalmente, transparencia.
En otras palabras, no puede de ninguna manera sorprender a otra autoridad como tampoco puede coludirse con nadie para sacar provecho o ventaja de su condición.
Hacemos este preámbulo a propósito del apersonamiento que ha formulado el procurador regional Ciro Luis Flores Delgado en la Investigación que realiza el Ministerio Público contra el Gobernador Regional Juan Carlos Morillo Ulloa, acreditándose como parte civil en el peliagudo proceso relacionado con las graves irregularidades denunciadas en la ejecución de Canal integrador Santa San Bartolo.
Y no puede ser menos artera y maliciosa esta pretensión si se tiene en cuenta que uno de los investigados es el Gobernador regional es decir, su superior jerárquico, por lo tanto, no cabe pretender ser parte agraviada cuando el investigado es su propio Jefe, decididamente no lo hace para exigir que se haga justicia sino, presumiblemente, para perturbar las acciones procesales que puedan perjudicarlo.
No es posible, por ejemplo, que el abogado del Municipio o el procurador de la Policía pretendan ser parte civil en los juicios que se le puedan seguir al alcalde o el jefe de la División Policial, es evidente que la estrecha vinculación laboral de ambos no permitirá que uno sea inquisidor del otro y menos aún que se pueda esperar que solicite una pena drástica y una indemnización justa en el desenlace procesal.
Por ello es que en estos casos la ley de defensa del estado ha previsto la existencia de los procuradores anticorrupción, ahogados que defienden el derecho de estado en juicio y como tal son los que se apersonan cuando existe un funcionario público que es objeto de una acusación por delito de corrupción.
En la provincia del Santa existe un procurador anticorrupción que es el correcto abogado Richard Asmat Urcia, justamente, el representante del estado que se ha apersonado oportunamente al proceso de canal Santa San Bartolo, por lo tanto, existiendo una parte civil debidamente apersonada al proceso, el procurador regional sale sobrando en este caso.
Sin embargo, si bien se exige del procurador un deber de probidad y honestidad, se debe demandar mucho mas del fiscal que está a cargo de la investigación, quien al advertir que en la carpeta que está tramitando ya existe una parte civil debidamente apersonada y reconocida, no puede de ninguna manera pretender admitir a otro funcionario que reclama la misma condición, por el contrario, el fiscal Walberto Rodríguez Champi, que es quien tiene la responsabilidad de llevar este juicio, debería haber advertido que el procurador regional no es más que un empleado del investigado Gobernador regional por lo tanto, resulta siendo un chiste de mal gusto pensar que será una parte civil que demandará una sanción para los autores del delito en su agravio.
Lo más grave es que todo indica que el representante del Ministerio Público ni siquiera está al tanto de las diligencias actuadas en esta carpeta, pues si la memoria no nos traiciona ya se ha dilucidado la parte civil en este proceso pues el caso se inició en mérito de un informe con los hallazgos detectados por la Contraloría General de la República, de tal suerte que este organismo instruyó a su procurador para que se apersone y demande ante el Ministerio Público que se otorgue celeridad a este caso.
Justamente, en esa oportunidad se encontraron frente a frente el Procurador de la Contraloría y el Procurador anticorrupción del santa, por lo que al realizarse las consultas ante las máximas instancias del organismo Contralor, se estableció que en los lugares en donde exista una procuraduría anticorrupción debidamente establecida, debería ser ella quien asuma la defensa del estado por contar con una especialidad en delitos de corrupción de funcionarios, razón por la cual abdicó de su apersonamiento en favor, precisamente, de Dr. Richard Asmat.
De allí que llama la atención que a pesar de este deslinde, el Fiscal provincial haya admitido el recurso del procurador regional Ciro Flores Delgado y lo haya apersonado como parte civil, a pesar que esta condición ya tiene acreditación en la misma carpeta, de lo cual se colige que existirán dos abogados que defienden a un mismo agraviado.
No se puede soslayar que en este mismo caso del Canal Santa San Bartolo se ha cuestionado el papel que juega el Ministerio Público, no solo porque en la Investigación se encuentran involucrados personas que está estrechamente vinculadas con las responsables de las Fiscalías que investigan estos casos, sino porque hace solo unos días se ha revelado que no existe celeridad en esta pesquisa.
Los cambios permanentes de fiscales y la ausencia de la mayoría de los magistrados adscritos a esta dependencia anticorrupción llevaron al procurador anticorrupción a formular observaciones que están relacionadas con una suerte de desidia, pues a solo cuatro meses para que concluya el plazo de la investigación no se ha avanzado mucho en las actuaciones probatorias solicitadas.
De allí que preocupa la marcha de esta investigación que forma parte de una de la tantas tropelías que se cometieron en la gestión del ex presidente regional César Álvarez Aguilar, una en especial que ha alcanzado nada menos que al actual Gobernador que gracias a las reveladoras incriminaciones que hizo el procurador anticorrupción ha sido comprendido hace solo unos meses en esta misma causa.
Justamente, este es uno de los casos emblemáticos que puso al descubierto la dolosa manera como se despilfarraron los recursos del erario regional en la denominada red de corrupción, una obra valorizada en 17 millones de soles que no solo no fue concluida, tal como lo demostraron las imágenes difundidas por la televisión, sino que los empresarios se coludieron con los ex funcionarios regionales para terminar pagando 34 millones de soles, es decir, el doble sin haberla terminado.
Por ello es que existe la necesidad que el Ministerio Público asuma con seriedad y probidad la investigación de este caso, empero, las actuaciones suspicaces como aquella de admitir a una parte civil que no es tal, solo sirven para seguir sembrando incertidumbre en el corto camino que le queda por recorrer a la carpeta fiscal. Avalar una indecorosa intervención, plasmada en el desleal apersonamiento del procurador regional al caso Santa San Bartolo, solo nos lleva a seguir desconfiando de los operadores procesales.