¿Un prestamista en un Municipio?. En las Municipalidades suelen ocurrir barbaridades, pero de allí a saber que una Municipalidad buscó a un usurero para que le preste 30 mil soles (incluyendo una letra de cambio firmada como garantía) y nadie sepa dónde fue a parar dicho dinero, es un caso que supera todos los límites.
Por esa razón, con fecha 15 de diciembre del año 2015, la Fiscalía Anticorrupción del Santa a cargo del Fiscal Carlos Zárate Medina, abrió investigación preliminar por ocho meses en contra del exalcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Cambio Puente, Santos Juan Reyna Barreto por la presunta comisión del delito de peculado, pues hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta donde fue a parar dicho dinero.
Según la denuncia penal planteada por la Procuraduría Anticorrupción del Santa, en la Municipalidad del Centro Poblado de Cambio Puente nadie sabe que se gastó el dinero entregado supuestamente el pasado 25 de octubre del año 2011, pues al parecer, los 30 mil soles habrían terminado en los bolsillos del exalcalde Juan Santos Reyna Barreto.
Lo más grave, es que el prestamista Roberto Alfonso Cuba Sánchez ha protestado la letra de cambio e iniciado un proceso civil de obligación de dar suma de dinero, pues no fue honrada hasta el 16 de setiembre del año 2012, fecha límite que se había establecido en el contrato privado que suscribió con el exalcalde Juan Santos Reyna Barreto.
“Es de mencionar que en la referida Municipalidad, no existe ninguna clase de documento que permitan sustentar el destino que se le ha dado a dicho dinero, presumiéndose que éste ha sido materia de apropiación” señala en su escrito la Procuraduría Anticorrupción del Santa que pidió que se investigue el destino de esta fuerte suma de dinero.
Por esa razón, con fecha 15 de diciembre del año 2015, el Fiscal Carlos Zárate Medina abrió investigación preliminar contra el exalcalde Juan Santos Reyna Barreto y contra los que resulten responsables de la presunta comisión del delito de peculado en agravio del Estado, fijando un plazo de 8 meses para las indagaciones, el mismo que vence el 15 de agosto del presente año.