Editorial

Editorial: ::: GUERRA AVISADA :::

Los familiares de un joven que se enfrentó a un contingente policial en el marco de una diligencia judicial, se mostraban compungidos luego que un juez de la Corte Superior del Santa le dictó nueve meses de prisión preventiva y ordenó su reclusión en el Penal de Cambio Puente en el proceso que se le sigue por delito de violencia y resistencia a la autoridad.

Se trata de Roberto Dulong Rengifo, joven que ha sido sindicado por la Policía como aquel que dirigió a un grupo de sujetos de mal vivir que pusieron tenaz resistencia a la diligencia de desalojo en un inmueble de la avenida Meiggs, a pesar que este acto había sido ordenado por un juez en ejecución de una sentencia.

El joven fue identificado con testimonios e imágenes de vídeo como la persona que dirigió al grupo opositor, inclusive, su hermana de nombre Ivana también estaba sujeta a un pedido de prisión por haber agredido presuntamente a una sub oficial de la Policía, empero, en este extremo el Juez denegó el pedido en la medida que las imágenes captadas por la Policía no alcanzan a registrar la agresión.

Sin embargo, en el caso del investigado, pese a su corta edad tendrá que conocer la dura realidad de un establecimiento penal debido a su osadía y por acatar los dictados de gente que no fue capaz de poner el pecho ante la decisión judicial y lo instruyeron de manera equivocada para que ponga resistencia al mandato judicial.

Debido a los actos de violencia, al magistrado no le quedó otro camino que enviarlo a la cárcel porque ya se conoce hasta el hartazgo que la desobediencia y la rebeldía ante el accionar de una autoridad en medio de actitudes violentas genera una medida drástica y contundente de prisión, tal y como lo demuestran los reiterados casos que se han registrado no solo en Chimbote sino en los diferentes lugares del país.

De allí que llama la atención que los familiares del muchacho se muestren dolidos cuando son conscientes que esta clase de acciones beligerantes y rebeldes contra el accionar policial derivan, irremisiblemente, en resoluciones que ordenan el internamiento en un centro penitenciario del responsable.

Lo más grave es que el magistrado Javier Carrión Basauri pudo verificar que la defensa técnica del investigado pretendió sorprender a su despacho al intentar negar la comisión del delito argumentando que el denunciado no se encontraba durante los incidentes en el local que fue desalojado sino que se hallaba en otro lugar.

Para tratar de demostrar su coartada, la defensa presentó las copias certificadas de un acta de asamblea señalando que corresponde a la que realizaron los accionistas de una empresa que Roberto Dulomg Rengifo tiene junto a su hermano Luis y en ella se apreciaba que esa reunión se realizó a la misma hora en que se efectuó la diligencia de lanzamiento, por lo que era imposible que haya agredido a los Policías.

Sin embargo, la Fiscal que estaba a cargo de la acusación revisó el documento presentado por la defensa y le advirtió al Juez que se trataba de un documento expedido de favor, de un acta que fue exprofesamente elaborada para tratar de justificar un acto que no se ha realizado, como lo fue la asamblea de accionistas en mención.

Para ello la magistrada hizo ver que la redacción se había efectuado en medio de una serie de omisiones legales que ponen en tela de juicio su validez, pero, fundamentalmente, por el hecho que el acta tenía como folio un número que antecede a otra asamblea realizada el año 2014, lo que quiere decir que cogieron el libro de actas e insertaron otra acta sin tener en cuenta siquiera la correlación de las mismas.

Por ello es que el Juez desestimó por completo los argumentos de la defensa y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, los cuales no solo pusieron en peligro la integridad física y la vida de los efectivos policiales sino de las personas que residen o trabajan en inmuebles aledaños al que fue materia del desalojo, ordenó la reclusión del joven investigado quien fue enmarrocado e inmediatamente trasladado al Penal.

Que sirva este hecho de ejemplo para quienes suelen reaccionar de la misma manera, para quienes frustran las diligencias de desalojo por medio de la violencia, sea lanzando piedras, botellas y bombas incendiarias y hasta llevando balones de gas para amenazar con una explosión, esas son solo muestras de barbarie que ya merece ser sancionada con medidas de este calibre, con la cárcel porque de por medio se encuentra el principio de autoridad. Como dice el conocido adagio: “guerra avisada…..”

                                            CONDUCTA CENSURABLE

Nuevamente, el consejero regional de Huaraz, Ángel Durán León, ha sido el protagonista de la noticia al ser detenido la semana pasada por una orden de captura que pesaba en su contra por desacatar el llamado de la autoridad judicial.

Pese a su condición de autoridad y de haber desempeñado el año pasado la presidencia del consejo regional de Áncash, Durán León no tiene reparos en protagonizar cada escándalo que enturbia su accionar en la política ancashina.

En esta oportunidad fue detenido tras haber sido declarado reo contumaz en el marco de una querella judicial que le entabló el ex Director Regional de Transporte Enmanuel Pedro Armejo Bernedo por delito de Difamación agravada, luego de haberlo acusado de una serie de actos de corrupción y de ensañarse contra su persona en los programas periodísticos que ha dirigido.

Lo cierto es que Durán se comió una noche en la Carceleta Judicial pero al día siguiente, tras rendir su manifestación, fue puesto nuevamente en libertad, empero, ni el escándalo ni la incomodidad de medidas de este calibre lo amilanan porque apenas ganó la calle aseguró que seguirá denunciando al investigado porque dice tener pruebas.

Lamentablemente, todo indica que Ángel Durán no advierte aun que ha sido el consejero delegado del consejo regional de Ancash, que es una autoridad aun porque no se sanciona su vacancia, y, como tal debería evidenciar una compostura mucho más prudente y adecuada, no es posible que un consejero se encuentre permanentemente visitando los calabozos por una que otra medida. Esa es una conducta censurable que demuestra que Áncash no se merece a las autoridades que nos gobiernan.