FORATA
La descalificación de “Todos por el Perú” se veía venir. Esta es la agrupación que se presentó el pasado lunes 18 con dos listas, una presentada por el titular del movimiento y otra por el personero alterno y es una situación que se ha repetido en varias ciudades del interior del país. El divisionismo ha sido evidente y desde un primer momento señalamos ese solo hecho llevaría a la descalificación de una de ellas pues alguna no iba a pasar el requisito de la democracia interna. Sin embargo, el jurado ha descartado a la lista que fue presentada a través de medios manuales, es decir aquella que no contaban con el sistema informático que entrega la Onpe. Fatalmente para los integrantes de esta lista se quedaron en el camino y deberán esperar al próximo año para volver a intentarlo. En ese primer grupo que se tiene que ir sin hacer campaña se encuentra el ex alcalde Marcos Benites Guevara, conocido político de la ciudad que desempeñó el cargo de regidor y alcalde provincial en la década de los 90. Después de haber superado sus temas legales y sin que haya merecido alguna condena, Benites Guevara intentaba por primera vez retornar a la política, es un arquitecto que conoce la problemática de la ciudad y la Región como la palma de su mano, es un político con muy buenas ideas y es una lástima que haya quedado al margen en la medida que con su participación siempre se aporta hacia el progreso y desarrollo. Quienes lo conocen saben que no se dará por vencido y que existiendo en el horizonte nuevas elecciones generales el año próximo seguramente que se aliará a grupos mejor organizados. Desde esta columna le deseamos suerte.
LIBERTAD
Cuando nos encontrábamos escribiendo esta columna tomamos conocimiento de la resolución que ha expedido ayer el Tribunal Constitucional mediante la cual se declara Fundado el recurso de Hablas Corpus presentado por Sacchi Fujimori a favor de su hermana Keiko y, consecuentemente, se ha ordenado la nulidad de la medida de 18 meses de prisión preventiva que se dictó en su contra. Esta resolución no nos sorprende a quienes hemos seguido de cerca todo este proceso político que ha alcanzado a los Partidos que, por obra gracia de la persecución, se les calificó como organizaciones criminales. Ese fue solo un pretexto para que se encierren a ex presidentes y líderes políticos pues si bien es cierto deben ser investigados ello no significa que se tenga que hacerlo necesariamente en cárcel. Menos aun cuando los cargos se sustentan en declaraciones de colaboradores eficaces a los cuales solo se ha presionado para que acusen a los principales líderes políticos. Y es lamentable que la ignorancia lleve a sostener que supuestamente el Tribunal Constitucional se ha dejado conmover por la carta de las hijas de la detenida o fueron presionados por la huelga de hambre del marido. Eso es ridículo, aquí existe un tema jurídico, los magistrados del TC no podían pronunciarse de otra manera porque incurrirán en Prevaricato, como efectivamente la han hecho tres de ellos, toda vez que ya antes establecieron jurisprudencia vinculante respecto a la prisión preventiva cuando dispusieron la libertad del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, allí zanjaron los alcances de una medida restrictiva que es excepción a la regla, es decir que es una medida de ultima ratio y se aplica solo cuando existe elementos fundados que acrediten la futura responsabilidad penal del encausado, lo cual debe estar suficientemente motivado. Han mantenido 13 meses en cárcel a Keiko Fujimori para que, a estas alturas, adviertan que la prisión era ilegal y que ellos mismos habían establecido sus parámetros
VAN DOS
Quien no sale bien parado con estos fallos del tribunal Constitucional es el Juez Richard Concepción Carhuancho, cuyas resoluciones se vienen abajo. Ya lo emplazaron en el caso de Ollanta Humala y ahora lo hacen en el juicio de Keiko Fujimori, pues el Tribunal Constitucional ha declarado que la resolución que dictó para enviarla 13 meses a la cárcel es solo una grosera repetición de los argumentos del Fiscal, sino que le ha otorgado credibilidad a un colaborador eficaz sin antes haber corroborado esas sindicaciones. Todo indica que, tal como ocurrido en el caso de los Humala, en este caso se apele constantemente a las decisiones del juez prolongándolo mucho más.