SE OLÍA
Hace solo unas semanas, cuando se realizó una ceremonia litúrgica por un nuevo aniversario de la ULADECH como Universidad Católica, el Obispo Angel Francisco Simón Piorno emplazó en su homilía al rector de la Universidad Julio Domínguez Granda a sincerar la situación de la Universidad, en ese momento con serios contratiempos para poder aspirar a una educación de calidad como para que pueda ser licenciada. Al finalizar de la ceremonia el rector hizo uso de la palabra y anunció que daba un paso al costado, que estaría poniendo su cargo a disposición después de 23 años tan pronto como se consiga el licenciamiento. Era evidente que Domínguez era consciente que no habría licenciamiento por ello trataba de poner paños fríos y acondicionar un colchón en el cual caer tan pronto como se pronuncie la SUNEDU. Y es que el rechazo al licenciamiento es como una bomba de tiempo, la ULADECH es una de las universidades que más ha crecido, que no solo tiene una importante población estudiantil en Chimbote, sino que ha establecido 15 filiales en igual número de ciudades del interior del país. ¿Se imaginan lo que debe representar esta decisión de no licenciar a la ULADECH Católica?. Es cierto, es un duro golpe, por ello es que la propia SUNEDU, consciente de los miles de jóvenes que se quedan en la calle, sugirió a las autoridades de la ULADECH buscar la posibilidad de fusionarse con otra universidad cercana que se encuentre licenciada y de esta manera transformarse. Hay que tener en cuenta que a muchos esto no los beneficia, especialmente a aquellos que están por terminar la carrera pues una cosa es ser un profesional egresado de una Universidad que tiene nombre en el firmamento de la educación superior que terminar como un profesional de una Universidad pequeña y casi desconocida. Y hay responsables de todo esto, no se puede dejar las cosas tal y como están y sancionar a quienes no tomaron el cuidado de implementar lo necesario para un licenciamiento. La ULADECH Católica se juega sus últimos descuentos pues en el término aproximado de un año desaparecerá por completo.
TRANSFERENCIA
Hasta hace una semana el Gobernador Regional Juan Carlos Morillo era emplazado por algunos comunicadores porque no atendía el pedido de cientos de humildes familias de los pueblos ubicados en las 217 hectáreas que deseaban formalizar su posesión y de esta manera tener más oportunidades para levantar una casita en mérito de un préstamo financiero. Y el Gobernador finalmente llegó anteayer a la sede de la Sub región y en presencia de los secretarios generales de los 15 pueblos que existen allí firmó los oficios e informes que avalan esta transferencia a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Lo insólito es que ahora han aparecido algunos agoreros que se creen los más pulcros y v transparentes del país, que critican al Gobernador por haber realizado esta transferencia, pues consideran que estando en los prolegómenos del proceso electoral del mes de enero del 2020 trata de sacar provecho pues aun cuando no es candidato su hermano sí está postulando. Vaya uno a saber, todo es malo como decía el filósofo Kalito.
UNA MAS
Otra ex autoridad se ve en serios problemas con la justicia. Esta vez en la ciudad de Huaraz en donde el Cuarto Juzgado Unipersonal de Huaraz, ha condenado a CHELDI CASTILLO DE SOLORZANO a CINCO AÑOS de Pena Privativa de Libertad con carácter de EFECTIVA, un periodo de inhabilitación por el mismo tiempo, y al pago de una reparación civil ascendente a Trescientos cincuenta mil (S/. S/. 350,000.00) soles. La sentencia está relacionada con por el proceso seguido contra la ex consejera Regional por la Provincia de Huaraz, CHELDI ROSA CASTILLO DE SOLORZANO, por el delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, en agravio del Gobierno Regional de Ancash, por cuanto durante su desempeño como Consejera Regional en los años 2011 a 2014, incrementó injustificadamente su patrimonio en Trescientos ochenta y un mil ochocientos noventa y nueve con 33/100 (S/. 381,899.33) soles. No cabe duda que el brazo largo de la justicia tarda pero llega, la ex consejera no pudo demostrar legalmente el incremento patrimonial del cual goza y se colige que ello no es mas que producto de presuntos actos de corrupción cometidos en la función pública. Imaginamos que la condenada apelará la sentencia y desconocemos si es de ejecución inmediata o se ha suspendido sus afectos hasta que se resuelva en segunda instancia.