El año pasado la Policía anticorrupción detuvo a varios trabajadores y servidores públicos que estaban haciendo uso indebido de las unidades vehiculares de las reparticiones públicas en las cuales trabajaban, inclusive, hasta miembros de la propia Policía Nacional fueron intervenidos por este mismo motivo.
De esta manera se pudieron conoce muchos casos en que choferes y miembros de seguridad de diferentes reparticiones, entre ellas de la fiscalía y del propio municipio provincial, debieron ser conducidos a una dependencia policial bajo los cargos de peculado de uso.
Y es que los efectivos anticorrupción sorprendieron a los vehículos en el frontis de viviendas particulares, cuando se supone que los vehículos deben ser estacionados en las propias dependencias públicas y cada servidor debe dirigirse a su domicilio si es que desea tomar sus alimentos o realizar alguna otra diligencia particular, precisándose como argumento incriminatorio que cualquier actitud de esta índole era denunciada como delito.
La mayoría de intervenidos señalaba que solo habían pasado a tomar sus alimentos aprovechando que estaban cerca del lugar de destino de los funcionarios que habían trasladado u otros esgrimiendo la monserga aquella que estaba recogiendo un documento.
Sin embargo, cuando se detuvo por estas mismas razones al chofer y seguridad del alcalde provincial el Ministerio Público decidió hacer un deslinde respecto a estas intervenciones de la Policía que se inclinaban más para el escándalo que para una sanción punitiva, pues se tenía que tener en cuenta casos en los que las autoridades no tienen horario, realizan desplazamientos fuera de un horario de oficina y hasta deben disponer de personal que remplace sus horas de trabajo por otras.
En este sentido, no se le puede exigir a un chofer del alcalde que no se detenga en su domicilio a tomar sus alimentos cuando se encuentra gran parte del día a disposición de la autoridad, lo mismo sucede con el miembro de seguridad asignado a su despacho, es personal de trabajo que tiene que realizar actividades fuera de horario.
Una cosa diferente seria que el vehículo se encuentre transportando a personas ajenas al quehacer municipal o a los familiares de una autoridad edil, como ha sido el caso del alcalde del distrito de Jimbe, Manuel Sánchez Paz, quien la semana pasada ha debido hacer frente a una detención de cinco horas por un impase de estas características.
El vehículo de la Municipalidad de Jimbe, asignado al burgomaestre, fue intervenido por la Policía en la panamericana norte, cuando se dirigía a Chimbote y en el interior se verificó la presencia no solo del alcalde y su chofer, como habría de suponerse tratándose de una comisión de servicios y una actividad oficial, sino que se verificó que se encontraba su esposa y una persona ajena al quehacer municipal.
Por estas razones el burgomaestre fue llevado a la sede de la policía anticorrupción para iniciarse una investigación por presunto delito de peculado de uso, poniéndose en conocimiento del fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, quien después de cinco horas dispuso que el alcalde sea citado y lo dejen en libertad.
Esto significa que el ministerio público continuará las investigaciones con el alcalde en libertad. Sin embargo, cuando este fue abordado por la prensa a su salida del calabozo, se mostró molesto e indignado señalando que no había cometido delito alguno en la medida que había utilizado la camioneta de la Municipalidad para trasladarse a una reunión del COPROSEC y que la presencia de su esposa obedecía a que era “la primera dama del distrito y Presidenta del Comité de Damas y la llevaba a la reunión de autoridades”.
Hay un dicho popular que dice “callado de defiendes mejor” y le cae como anillo al dedo al alcalde de Jimbe que lejos de justificar una acción infractora de la ley lo único que consigue es causar hilaridad y convencer a las autoridades que ha incurrido en delito pues no puede sostener que en su distrito existe “una primera dama” porque esa figurea no existe, ni en un escalafón distrital, provincial o nacional.
La única primera dama que tiene el país es la esposa del primer mandatario a quien se asignan funciones de apoyo y asistencia de índole social, empero, no tiene el carácter de funcionaria o servidora que la autorice a formar parte de una corporación pública.
De la misma manera, el hecho que las esposas de los altos funcionarios o autoridades presidan un “comité de damas” que las convoca con la finalidad de realizar acciones de beneficio a la institución y sectores postergados, no quiere decir que tengan algún cargo vinculado a la entidad y mal hace el burgomaestre de Jimbe al señalar que por ello estaba llevando a su esposa a la reunión del COPROSEC.
Lo que se ha manifestado es solo un insulto a la inteligencia de los chimbotanos y de las autoridades que se han hecho cargo de la investigación contra el alcalde de Jimbe luego que se verificara que, en realidad, estaba trasladando a personas que son ajenas al quehacer municipal en la unidad que solo es de uso oficial y que atiende las necesidades del alcalde de trasladarse de un punto a otro.
Seguramente que el alcalde ha querido aprovechar su traslado a Chimbote para hacer lo mismo con su esposa, eso podría ser comprensible cuando se evalúa un exceso en el uso de los bienes públicos, sin embargo, la información policial señala que existía en el vehículo otra persona aparentemente vinculado amicalmente al alcalde y que no tiene vínculo alguno con la municipalidad distrital.
En ese caso se puede entender que ya existe un uso indebido de una unidad vehicular de una entidad pública y ello deberá ser materia de la investigación que realice la fiscalía, allí se deberán compulsar las pruebas de cargo y descargo, sin embargo, pretender sostener que ha sido intervenido porque es víctima de una persecución política o porque antes todos los alcaldes hicieron lo que quisieron con los vehículos y nadie los denunció eso nos equivale a pensar que “mal de muchos, consuelo de tontos”