Una denuncia que no ha trascendido mucho pero que importa hechos sumamente graves y delicados, es la que ha formulado el abogado Eduardo Montero Cruz, en nombre de su patrocinado que es el Fiscal Adjunto de la vecina provincia de Huarmey, Tony Huallpa Chuctaya, quien a la fecha se encuentra como prófugo de la justicia.
El letrado ha informado que la denuncia se dirige contra un miembro de la DIVIAC, esa unidad “especial” de la Policía Nacional que se autocalifica como de “alta complejidad” y que, en realidad, lo que no deja de hacer es generar muchas complejidades y dejar serias dudas del accionar de sus efectivos.
La denuncia penal del abogado Eduardo Montero se dirige contra el S.O. Daniel Omar Mena Chuquispoma, por delitos de denuncia calumniosa y encubrimiento personal y por hechos referidos a la investigación en contra de su patrocinado el fiscal Tony Huallpa Chuctaya.
En la denuncia también está incluida Sayuri Mena Chuquispuma, hermana del efectivo y desde cuyo teléfono se habría llamado al fiscal avisándole para no ser detenido junto a los otros investigados el pasado 20 de diciembre que se realizó el megaoperativo para dar con los integrantes de la mafia denominada “Los injertos de Huarmey”.
De este modo lo que propiciaron fue la fuga del representante del Ministerio Público y con eso justificar su vinculación con dicha organización criminal y el pedido de prisión preventiva que se ha dictado en su contra.
Para Montero Cruz las llamadas y mensajes por WhatsApp al fiscal Tony Huallpa fue una “sembrada” del policía Mena Chuquispoma para vincularlo con un tal “Moisés” presuntamente integrante de Los Injertos de Huarmey.
En realidad cuesta creer que lo puesto por el abogado en la denuncia penal es cierto, mas aun cuando se está desmereciendo la labor de la Policía que ha presentado cargos incriminatorios sumamente graves contra magistrados del Ministerio Público de Huarmey, una de las cuales, la Fiscal Beatriz Gómez, se encuentra recluida en el penal.
Y es que no es la primera vez que se pone en tela de juicio el accionar de esta unidad policial, aquella de montar pruebas o generar imputaciones que terminan con los incriminados tras las rejas a pesar que, aparentemente, están al margen de una actividad delictiva.
Basta revisar nuestros archivos para recordar que apenas el año pasado la fiscalía de crimen organizado ha formulado cargos contra cuatro miembros de la DIVIAC por haber “sembrado” droga a un joven que fue intervenido en el marco de lo que ellos denominaron un operativo que terminó supuestamente con miembros de una banda que dedicada a la venta de estupefacientes.
En esa oportunidad, en Abril del 2017, presentaron a Alan Manuel Rimache Castillo, como microcomercializador de drogas y con la incautación de varios “ketes” de PBC que le fueron hallados en el bolsillo derecho de su short, sin embargo, cuando la defensa advirtió al fiscal que su patrocinado se encontraba con un short que no tenía bolsillo y ello se demostró con la fotografía que se difundió hasta en los medios de comunicación, se verificó que había una grave irregularidad en el desempeño policial.
Por lo menos en nuestro medio de comunicación perdimos la pista de este caso el año pasado cuando la fiscalía había formulado su acusación solicitando 7 años de cárcel para los cuatro efectivos policiales involucrados y hace solo un mes el caso ni siquiera había pasado extrañamente la fase de control de acusación.
Otro de los casos en los que se ha involucrado a los miembros de la DIVIAC es el relacionado con los cargos que se formularon, primero, contra el S.O. Fernando Trujillo Osorio (a quien llegaron a llevar a un calabozo pese a su exitoso historial policial,) y luego contra el S.O Oscar Estrada Salinas, quien era miembro del grupo Terna de la Policía de Casma y ha terminado ocultándose para no ser llevado al presidio.
Justamente, como consecuencia de estas imputaciones, se pudieron conocer algunas situaciones extrañas y suspicaces que rodeaban el accionar de la DIVIAC, uno de lo que las reveló públicamente fue el ex jefe de la SEINCRI de Chimbote, Comandante ® José Ravelo Giraldo, quien dio a conocer en la televisión nacional las marañas generadas por esta unidad privilegiada de la policía.
Se pudo conoce por ejemplo que, al margen de éxito que obtendrían en algunos casos, en la DIVIAC se montaban pruebas, se maquillaban evidencias con la finalidad de encausar a los detenidos y el objetivo no era solo ensañarse con alguna persona sino que tenía un fin lucrativo.
Ello porque la DIVIAC es una unidad que no responde ante cualquier División Policial sino que depende de una Jefatura Nacional que no reporta ni siquiera a un mando mayor de la Policía sino al Ministerio del Interior, de tal suerte que cuenta con presupuestos Especiales” y con sistemas de bonificaciones que les permiten a su personal acceder a pagos privilegiados por las capturas importantes que consigan.
De esta manera, lo más fácil es acusar a alguien, sembrar pruebas y salir airosas en el procedimiento administrativo, esto se dijo hace ya dos años atrás y nadie ha hecho o dicho nada al respecto, por el contrario, nos seguimos encontrando con acciones sumamente dudosas con respecto a esta unidad.
Ahora a la DIVIAC se le denomina “Policía política” porque es la que ha utilizado el gobierno para proceder al seguimiento y captura de los principales lideres políticos a partir de las acusaciones que formula el equipo “lavajato” del Ministerio Público.
Por ello es que hay que revisar con pinzas la denuncia que ha formulado el abogado Eduardo Montero, allí hay una acusación grave que ha podido demostrar con evidencias contundentes, como es el teléfono de donde procede la llamada para promover la fuga del fiscal de Huarmey, se tiene que deslindar como es que los propios agentes que investigaban a los “injertos” resultan llamando al fiscal para decirle que se fugue.
Si estas acusaciones son ciertas, la justicia debería de una buena vez deslindar un accionar de efectivos que vienen cosechando cargos delictivos que no dicen nada bien de un desempeño eficiente y decente de la autoridad policial.