Los dirigentes de la Asociación de residentes de la urbanización Buenos Aires, capital del distrito de Nuevo Chimbote, han denunciado en estos días que el liquidador de la empresa nacional de edificaciones (ENACE) pretende rematar al mejor postor un predio que es de propiedad pública y que es administrado desde hace más de 50 años por los vecinos de esta comunidad.
Los dirigentes de la urbanización Buenos Aires han afirmado que esta pretensión es absolutamente ilegal, no solo porque se atenta contra los derechos de una comunidad que reclama hace años la propiedad de este predio, sino porque ignora la comunicación de un ente superior que está exhortando a dejar sin efecto la convocatoria a remate público que se ha señalado para el día de hoy viernes.
Quienes han nacido o conocen la urbanización Buenos Aires, tienen conocimiento que allí se ubica el Country Club que es un amplio predio que desde hace varias décadas acoge a los vecinos de Nuevo Chimbote y brinda sus instalaciones para la recreación y deporte, un lugar en el que varias generaciones han crecido desarrollando sus aptitudes y que se han identificado plenamente con dicho establecimiento.
Fueron siempre los vecinos los que administraron las llaves de este predio y lo manejaron como parte de la propiedad de toda una comunidad, allí no solo se acogen a deportistas, se realizan actividades artísticas, se desarrollaron siempre las fiestas de advenimiento del nuevo año, en fin, es una propiedad que le pertenece a los vecinos bonaerenses y esto es admitido por todos en Chimbote.
Lamentablemente, los únicos que se empecinan en desconocer este derecho natural son los funcionarios de la empresa ENACE en Liquidación, una entidad del Estado que nació para promover los programas de vivienda y la titularidad de los predios que pertenecen al estado y que, en ese afán, ha fracasado, al extremo de haberse decidido su liquidación conforme a los procedimientos que establece la ley.
Sin embargo, a pesar que ENACE sabe y conoce cuál es la naturaleza legal del predio que forma parte del Country Club de Buenos Aires, ubicado en el corazón del distrito de Nuevo Chimbote, ha pretendido desde hace varios años despojar esta propiedad a la población sureña y rematarlo al mejor postor.
Ese evidente sesgo de lucro y ambición lo ha llevado a sostener muchas acciones legales que se han emprendido respecto a este bien, pues la pretensión del despojo no es de hoy, se retrotrae a muchos años atrás.
En nuestro medio recordamos que el ex presidente del Country Club, Manuel Torres Rodríguez, fue convocado por el personal de este establecimiento, hace algunos años atrás, porque por debajo de la puerta habían dejado una notificación judicial en la que se anunciaba una fecha para el desalojo de los ocupantes de este predio recreacional.
¡Una notificación de desalojo cuando los directivos ni siquiera habían acudido a un juicio! Lo que es mas grave aún, cuando ni siquiera tenían conocimiento que existiera un proceso judicial que ventile la propiedad de este predio como para ejercer el derecho más natural de cualquier persona que es el ejercicio de su defensa, que es apelar al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva.
¿Cómo era posible esto? Cuando los directivos de entonces se acercaron al juzgado con el numero de expediente señalado en la esquela, tomaron conocimiento de la existencia de un juicio que se había iniciado con una demanda que había sido notificado años atrás y que llevaba la firma de un desaparecido ex dirigente, pero nada más, se había apelado a la ladina estrategia de sustanciar un juicio a espaldas de los demandados y aprovechando manejos subterfugios de las notificaciones dudosas.
Afortunadamente, por entonces el ex directivo tuvo la suficiente capacidad de llevar abogados duchos en el tema procesal y pudieron evitar esa medida judicial, empero, ella representaría el inicio de una serie de enfrentamientos legales con los funcionarios de ENACE que, siendo una entidad en liquidación, cuenta con representantes que solo ven en su horizonte la posibilidad de rematar predios que están a nombre de la entidad.
Precisamente, este ha sido uno de los puntos controversiales en los enfrentamientos legales con los dirigentes de la Asociación de Residentes de Buenos Aires, la absurda e írrita condición de propietario que tiene ENACE de una propiedad que es pública y que en todos estos años detentó la comunidad.
Ocurre, como lo han señalado los dirigentes actuales, que después del terremoto del 31 de mayo de 1970, un hecho trágico para la región Áncash, el gobierno militar de entonces encabezado por el tristemente célebre general Juan Velasco Alvarado, decidió de buenas a primeras registrar todas las propiedades que no tuvieran propietarios a nombre de EMADI, el antecedente de ENACE, y, lo hizo con la finalidad que se distribuya objetivamente los predios a las personas o entidades que le corresponda.
En este caso, siendo una propiedad pública que venía siendo administrada por los vecinos de la urbanización Buenos Aires, debería haberla transferido a nombre de ellas, empero, como suele suceder nadie se interesó en este tema y cuando la entidad fue liquidada los funcionarios designados para realizar las propiedades vieron la jugosa posibilidad de rematar el Country Club por su elevado costo.
Esto es inadmisible y por ello los residentes acudieron hasta el mismo Jefe de Estado, le llevaron una carta debidamente sustentada al Presidente Martín Vizcarra que vio en medio de los papeles un derecho que era conculcado a una comunidad, por ello vio por conveniente solicitar al FONAFE, que es la entidad encargada de normar y dirigir las actividad empresarial del estado, para que se revise este caso.
Fue entonces que el Presidente de este organismo solicitó al liquidador de ENACE que deje sin efecto este remate y proceda conforme a las leyes vigentes que señalan que se debe conciliar la naturaleza de esta propiedad.
Obviamente, el liquidador se ha sublevado a este documento y ha lanzado la convocatoria a remate, la décimo sexta en su tramitación, y continúa con un trámite que el día de hoy viernes el Juez debe suspender por el mérito mismo de este documento, si ya el FONAFE ha señalado que el remate debe ser dejado sin efecto, no entendemos como es que se permite las actuaciones malévolas y afanosas de un liquidador que ha perdido el norte de sus atribuciones. Esperemos que hoy se deje sin efecto la mezquina pretensión se rematar un bien público y no se permita que se despoje el primer y gran centro recreacional que tiene el distrito de Nuevo Chimbote.