Luego que el Consejo Regional de Ancash adoptara el acuerdo mediante el cual deciden que el ejecutivo regional inicie las acciones legales contra los responsables de las Unidades de Gestión Educativa local que han dispuesto el pago ilegal de los llamados “incentivos laborales”, la procuraduría del organismo regional ha dado cumplimiento de ese mandato y ha denunciado a los que resulten responsables de estos ilícitos en la Ugel Santa.
Ha sido la Procuradora Pública del Gobierno Regional de Ancash, Dra. Silvana Jhannty Acuña Zanini quien formalizó oficialmente la denuncia penal la semana pasada en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, contra los funcionarios, empleados públicos y quienes resulten responsables de la UGEL Santa, por los presuntos actos ilícitos cometidos en el pago ilegal de incentivos adicionales laborales-CAFAE, en la Unidad de Gestión Educativa Local del Santa (UGEL – Santa.
Esta denuncia está sustentada en el informe N° 028-2019-OCI/5332-SCC de Contraloría General de la República, relacionado al Pago de Planillas de Incentivos Laborales del Personal Administrativo Nombrado de la UGEL Santa, el mismo que concluye que se ha determinado la existencia de un perjuicio a los erarios regionales hasta por un monto de S/. 1,246,320 soles desde Enero hasta Julio del 2019, en el que se determina que existen presuntos ilícitos penales similares a los encontrados en la Dirección Regional de Educación de Ancash, la UGEL Huaraz y la UGEL Huarmey.
La denuncia penal menciona que las personas que estarían comprendidas en estos hechos ilícitos contra los recursos públicos que les ha confiado del estado peruano, serían: La Directora de la UGEL Santa, el Administrador, la Jefa de Asesoría Legal, el asesor legal, el Especialista de Finanzas y el Tesorero de la UGEL Santa.
De acuerdo al documento que ha remitido la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ancash al Ministerio Publico, se considera que los posibles delitos cometidos por el pago de planillas adicionales por incentivos laborales a favor de los trabajadores nombrados de la UGEL Santa desde el 01 de Enero del 2019 hasta el 31 de Julio del 2019, sería peculado, cuya pena privativa de libertad es no menor de 08 años, ni mayor de 12 años de acuerdo al artículo 387 del Código Penal y el delito de malversación de fondos, cuya pena privativa de libertad es no menor de uno ni mayor de 04 años de cárcel.
En el mismo documento se ha dejado sentada la salvedad que, durante el proceso de investigación, la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ancash pueda incluir otros delitos que considere por conveniente que sean materia de sanción por las responsabilidades incurridas y en función a que en las pesquisas puedan hallarse nuevos elementos de juicio que amplíen el espectro de la tipificación de los delitos.
La Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ancash, considera en los hechos materia de investigación, es decir en el pago de planillas adicionales ilegales de incentivos laborales a favor de los trabajadores nombrados por un monto de S/ 1,246, 320 soles, los comprobantes de pago que los sustentan no cuentan con las certificaciones que señala la Directiva N° 001-2009-EF/50.01, además, no adjunta la carta orden emitida por la UGEL Santa, ni la nota de cargo emitido por el Banco de la Nación.
De las misma manera, como evidencia de los hechos delictivos menciona que el Jefe de Asesoría Legal de la UGEL Santa emite el Informe N° 30-2019-ME-DREA/UGEL-S/AAJ de fecha 21 de febrero del 2019 en la que formula una opinión legal con relación al Informe de Auditoria que ninguna de las acciones irregulares descritas en las conclusiones se hallan presentes en la actividad administrativa de la referida Unidad Ejecutora en el proceso de otorgamiento de incentivos laborales al personal administrativo nombrado de la UGEL Santa, tratando de encubrir hechos de connotación delictiva que estaba obligado a señalar.
En realidad estos hechos fueron denunciados hace mucho tiempo por la prensa, dio lugar a una intervención de la Oficina de Control del Gobierno regional quienes se llevaron documentación relacionada a este tema, consecuentemente, estas denuncias resultan el colofón de ese trabajo que muchos pensábamos que había quedado en el olvido.
Sin embargo, lo que muchos no tomamos en cuenta es que la naturaleza propia de la burocracia regional obliga a que los plazos se extiendan y que los trámites asuman un tedioso camino que va de oficina en oficina y sellos tras sellos para que termine en las dependencias que corresponden.
En este caso, ha sido el consejo regional de Ancash quienes han tomado la decisión de poner coto a las sinvergüencerías que se vinieron cometiendo en varias dependencias, entre ellas las Ugeles de Huaraz y Huarmey cuyos funcionarios también han sido denunciados penalmente.
En el caso específico de la UGEL Santa son 48 servidores estables los privilegiados que se han embolsicado miles de soles con este concepto abusivo e ilegal, y lo continuaron percibiendo a pesar de las advertencias del ente de control que desde el año pasado venia señalando que el pago de esos incentivos era ilegal y que no debería continuarse cancelando, empero, en muchas sedes educativas se hizo caso omiso, en una actitud lamentable de franco desacato a la autoridad competente.
De allí que a muchos no nos ha sorprendido que la Procuraduría Regional haya formalizado cargos y se inicie una pesquisa penal, lo que si nos ha generado una sensación de satisfacción es que los funcionarios regionales, habitualmente acostumbrados a colocar las denuncias en mecedoras, hayan procedido de manera inmediata y enviaran al Ministerio Público los graves cargos que deben ser drásticamente sancionados en la administración pública regional.
Como se dice en el argot deportivo y parafraseando frases propias de esta actividad, tendríamos que concluir que ahora “la pelota está en la cancha” de la Fiscalía, esperemos que se inicien las pesquisas preliminares y se emplace a los beneficiarios de este pago ilegal que no solo debe ser devuelto en su integridad sino que le corresponde la sanción penal categórica y contundente a efectos de no dejar sentado precedentes de impunidad para que mañana o mas tarde aparezca otro advenedizo que pretenda esquilmar el patrimonio educativo de la manera tan descarada como se ha hecho a lo largo de todos estos años en las entidades regionales. Basta ya de arbitrariedad.