Anteayer lunes hemos iniciado la quinta semana de emergencia nacional y de aislamiento social obligatorio dentro de la estrategia sanitaria delineada por el gobierno para prevenir el contagio masivo del COVID.
Se pone en macha de esta manera la segunda ampliación de esta cuarentena nacional, pues inicialmente el gobierno había establecido un periodo de emergencia desde el lunes 16 hasta el 30 de marzo, lo que obligó a las familias a recluirse en sus viviendas y las empresas apagar las luces y suspender sus actividades, excepción hecha de las empresas de suministro de actividades esenciales como alimentos, medicinas y hospitales.
En el camino se aplicó esta emergencia desde el 31 de marzo hasta el 12 de abril, ya para entonces se pusieron en marcha los programas de educación virtual para evitar que los escolares pierdan clases y se perjudique el año lectivo, pues en ese periodo se calculó el retorno de los estudiantes a las aulas el próximo 04 de mayo, sin embargo, ahora ya no se puede decir que es una fecha definitiva para el retorno de las clases presenciales.
Sin embargo, cuando muchos pensaban que el último fin de semana se regularizaría paulatinamente las actividades laborales, el gobierno se vio precisado a ampliar la emergencia hasta el 26 de abril, es decir, dos semanas más para completar un ciclo de reclutamiento que los especialistas recomiendan para que la curva de incremento de pacientes pueda llegar a un pico e inicie su descenso que es lo que todos esperamos.
Era evidente que el gobierno no podía suspender la cuarentena en la medida que nos hallamos en lo que los médicos consideran como la peor fase de la incidencia de este virus en el país, de allí que habrá que seguir esas indicaciones y hacer un nuevo esfuerzo para contribuir a este frente contra la pandemia.
Sin embargo, después de un mes de inactividad absoluta, es evidente que la mayoría de empresas están diezmadas, más aun cuando al iniciarse esta emergencia se les prohibió terminantemente despedir a trabajadores, otorgarles vacaciones o dejar de remunerarlos, sin tomarse en cuenta que sin rentas es difícil mantener ese régimen.
Por ello es que ante esta nueva ampliación del periodo de emergencia y de aislamiento obligatorio, el gobierno no podía seguir manteniendo este régimen de estrangulamiento a las empresas, especialmente aquellas que no cuentan con una espalda financiera que les permita sostener un periodo tan prolongado como el que ya se extiende en esta emergencia nacional.
De allí que empezando la semana el presidente anunció el paquete de medidas que han preparado para que todos los agentes producticos, especialmente ese segmento que no está en condiciones de levantarse después de la prolongada paralización, como son las micro y pequeñas empresas.
Para ello el gobierno está autorizando la suspensión perfecta de labores hasta por 90 días y ha incluido un subsidio para aquellos trajadores que quedarán sin laborar en ese licenciamiento, mientras que para otro grupo de trabajadores que tienen salarios mayores a los 2,400 soles se les permite echar mano de sus CTS o las aportaciones de las AFP hasta por dos mil soles.
El objetivo es no solo defender los puestos de empleo de los trabajadores sino impedir que las empresas, financieramente diezmadas en esta prolongada paralización, puedan cerrar sus puertas y colapsar pues de esa manera lo único que se conseguiría es afianzar la crisis que ya significa la presencia de este coronavirus en el país en el mundo.
Justamente, cuando el presidente anunciaba este paquete de medidas, ya se publicaba en el diario Oficial El Peruano la reglamentación del programa Reactiva Perú que ha aprobado el gobierno a través de una línea financiera que saldrá de las bodegas del Banco Central de Reserva a efectos de programar créditos que permitan a esas micro y pequeñas empresas salir del fango del coronavirus, superar esta prolongada paralización y que recuperen su nivel de actividades a efectos que puedan seguir siendo parte del aparato productivo de país y reciban nuevamente, en tres meses mas, a sus trabajadores que quedarán al margen de la marcha laboral.
Es evidente que el gobierno no podía sino echar mano de este programa de emergencia porque hay que evitar que colapse el aparato productivo del país, solo de esta manera se puede garantizar que las empresas sigan operando y que los trabajadores sostengan esta difícil contingencia en la que nos ha enclaustrado este nuevo coronavirus.
Es un paso indispensable que había que darse, empero, lo que se requiere es que el mismo Gobierno determine su procedimiento de control a efectos de verificar que el auxilio financiero llegue a las empresas que reamente lo necesiten y no se desvíen de acuerdo a los intereses de la banca comercial que será la encargada de colocarlos. Si este segmento no sigue los lineamientos del gobierno fracasará totalmente.