Un informe de la contraloría general de la república encendió las alarmas el último fin de semana luego que se dieran a conocer evidencias de corrupción en la implementación del flamante hospital “San isidro Labrador” de Ate Vitarte, el mismo que se ha considerado como un baluarte en la lucha contra el COVID 19 pues hacia él se derivan los pacientes más graves que genera esta enfermedad.
Ello porque las conclusiones del organismo de control ponen de manifiesto una serie de irregularidades y ligerezas que nos hacen pensar que este nosocomio ya no es una garantía de la buena atención como se había anunciado, sino que se han dejado varios cabos sueltos, entre omisiones y compras defectuosas que dejan mucho que desear.
Entre las deficiencias se registran 35 ventiladores sin funcionar y apenas un total de 20 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cuando se supone que no solo debe tener más equipos sino que deberían estar totalmente equipados.
¿Que podrían hacer los médicos ante una emergencia cuando cuentan con ventiladores que no funcionan porque los compraron incompletos o porque la empresa no entregó todos los accesorios? ¿Se puede poner en riesgo la vida de los pacientes de esta manera ante una enfermedad que lo primero que hace es devorar los pulmones de las personas y dejarlos en imposibilidad de respirar?
Hay que tener en cuenta que este caso fue denunciado por la prensa en la medida que estos equipos habían sido ofrecidos y licitados para equipar un hospital de Tacna, sin embargo, al surgir la emergencia fueron retirados y vendidos para equipar el nuevo hospital de ate Vitarte, obviamente a un precio que alcanzó al triple de lo que costaban.
La prensa preguntó por este hecho al presidente en sus acostumbradas conferencias de prensa y fue el ministro del Interior quien admitió que se había detectado un evidente acto de corrupción y por ello de anunciaron que se adoptarían las denuncias penales, como ciertamente ya se remitieron al Ministerio Público y se han identificado a altos mandos de la Policía como los que se prestaron a este escándaloso amarre de una empresa dedicada a la venta de equipos y productos médicos y que, pretendió aprovechar la emergencia nacional para llenarse los bolsillo, como si ya no tuviera bastante con el hecho que la coyuntura nos coloca como los privilegiados por la demanda de sus productos.
Sin embargo, si bien es cierto eso era parte de un contubernio descarado en el desvío de las licitaciones para privilegiar a la empresa Trade Medic, lo cierto es que lo que encontró la Contraloría al interior del hospital de vitarte fueron muchas otras irregularidades que deberán arrastrar responsabilidades, pues a decir de las conclusiones se habría puesto en marcha un nosocomio sin que cuente con todo lo necesario como para atender a pacientes graves.
Eso ya no es parte de la componenda entre licitadores y empresarios corruptos, esas incongruencias ya son parte de los funcionarios del Ministerio de salud y los responsables del hospital que permitieron que se equipen las salas de cuidados intensivos con respiradores incompletos y sin las cuadrillas de médicos suficientes.
Esto es lo que dio a conocer la subgerente de Control del sector Salud de la Contraloría, Patricia Suárez, en el sentido que no solo se cumplió con el 28% de la entrega de los equipos médicos sino se ha detectado con una serie de incumplimientos en la implementación de profesionales como estaba especificado, o que representa un riesgo para un hospital de alta especialización.
Lo que se tiene que enfatizar en este entuerto es la deslealtad de funcionarios de algunas reparticiones del gobierno que no han dejado de lado su ambición por prestarse a malos manejos cuando su superior máximo, el presídete de la republica remarcaba la necesidad de emprender un manejo honesto y transparente de los recursos en esta emergencia.
En efecto, fue el presidente Martín Vizcarra quien reclamó “a los cuatro vientos” que la contraloría realice un control concurrente en las acciones que emprende el gobierno para hacer frente a la emergencia, en la disposición de las millonarias partidas presupuestales que involucra esta estrategia sanitaria y en la intervención del estado, los gobiernos regionales y municipales.
El jefe de estado no quería una intervención regular de la contraloría, es decir el tradicional manejo por el cual se detectan las corruptelas después que se han realizado las compras y licitaciones, demandó un acompañamiento del organismo de control a las acciones del estado.
Y curiosamente, cuando se obtuvo esta autorización, cuando el congreso aceptó esta petición, lo primero que encuentra la Contraloría son presuntos negociados y colusiones que no dejan bien parado al gobierno.
Ciertamente que el presidente está al margen de estos manejos turbios, el solo hecho que haya demandado la presencia de la Contraloría pone de manifiesto su predisposición para evitar que se generen estos negociados, empero, es evidente que nunca habría esperado que los funcionarios de sus ministros metan la mano de esta descarada manera.
Lo cierto es que acciones de este tipo se han registrado en todos los tiempos, la corrupción nunca estuvo alejada de la función pública y de los gobiernos de turno, especialmente cuando se presentan situaciones de emergencia en la medida que en estas coyunturas se autorizan compras directas, se festinan controles y se exige celeridad.
Si la memoria no nos traiciona no existe una sola emergencia en donde no nos hayamos encontrado con este escenario, es más de lo mismo, en este país en donde los corruptos no pierden una sola oportunidad para sus fechorías. Habrá que poner mano dura con todos ellos.