A fojas cero. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) declaró nula la resolución que sancionó a los dos trabajadores judiciales que elaboraron peritajes de parte para un grupo de investigados por corrupción y ordenó que se vuelva a iniciar un procedimiento de investigación, pero esta vez, actualizando el reglamento interno de las cortes de justicia en todo el país.
Así lo reconoció la mañana de ayer, el administrador de la Corte Superior de Justicia del Santa, José Gonzales Escudero, quien explicó que mediante resolución, la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil que preside el Dr. Carlos Guillermo Morales Morante, anuló la resolución que sancionó con 30 días sin goce de haber a los trabajadores judiciales Richard Luciano Aguilar y Gerardo Azabache Hervias.
“De acuerdo a la notificación que hemos recibido, el organismo SERVIR que es la segunda y última instancia en estos casos, ha ordenado que se anule la resolución de sanción y que se actualice el reglamento interno de las cortes de justicia del país a la normatividad vigente contenida en la ley SERVIR y su reglamento, de tal manera que los actos y las acciones sean congruentes y uniformes en un proceso sancionador” explicó.
“Esto significa que una vez que tengamos actualizado este reglamento interno, se debe iniciar nuevamente, respetando el debido proceso, un proceso de investigación contra estos dos trabajadores. Para ello, ya hemos comunicado a la gerencia general del Poder Judicial que viene elaborando el documento actualizado para todas las cortes del país y una vez que se apruebe y publique, iniciaremos un proceso de investigación contra los servidores Richard Luciano Aguilar y Gerardo Azabache Hervias” añadió.
Como se sabe, la administración de la Corte Superior de Justicia del Santa, con el informe legal de las áreas respectivas de esta institución, determinó sancionar con 30 días sin goce de haber a los trabajadores Richard Luciano Aguilar y Gerardo Azabache Hervias, por haber elaborado peritajes de parte en favor de investigados por corrupción que litigaban en contra del propio Estado, incurriendo no sólo en una falta ética, sino en presuntos actos de aparente connotación delictiva.