Esta semana que termina, la Fiscal Provincial de turno de Huaraz, Ruth Gonzales, acudió a la sede del Gobierno Regional de Ancash, en el campamento de Vichay, con la finalidad de solicitar la documentación relacionada a las compras realizadas por este organismo en este periodo de emergencia por el COVID 19.
El responsable de la gerencia de Logistica atendió a la representante del Ministerio Público y le hizo entrega de todos los documentos relacionados a la compra de equipos médicos, mobiliarios y obras de construcción de ambientes para el internamiento de los pacientes contagiados con el COVID tanto en Huaraz como en Chimbote.
Esto es lo más natural del mundo, es decir, la disposición de un organismo público a las investigaciones y pesquisas que realiza la Fiscalía cuando existan dudas respecto al manejo de las inversiones que se derivan de recursos públicos.
Sin embargo, ese hecho adquiere relevancia en la medida que la intervención del ministerio público se produce por una denuncia formulada por el procurador público anticorrupción del Santa y por medios de comunicación que recogieron imputaciones relacionadas a una indebida adjudicación de estas compras y la sobrevalorización de las mismas, las cuales solo se sustentan en los dichos y sospechas de los promotores de estos cargos, lo que quiere decir que será el Fiscal quien recoja las evidencias y las contraste con precios de mercados y cotizaciones diversas.
Y decimos que esto no debe llamar la atención sino es por el escándalo mediático que se ha generado, pues hemos sido los mismos medios de comunicación los que han informado de la absoluta disposición que han demostrado las autoridades ahora que en esta emergencia se han festinado trámites y las compras se realizan de manera directa, obviando un proceso de licitación que lo único se procura es trabar todos los procedimientos.
El Gobernador regional Juan Carlos Morillo ha sido uno de los primeros en acudir a la Contraloría regional para solicitar a su titular que audite las compras que realiza en este periodo con la finalidad de despejar dudas y suspicacias respecto a los actos de su gestión.
Por ello es que a cualquiera le llama la atención que se generen denuncias sobredimensionadas cuando se supone que ha sido el mismo denunciado quien demandó fiscalización y supervisión de los actos de gestión.
Sin embargo, los cuestionamientos siempre existirán, por ejemplo, en la Municipalidad Provincial de Santa un regidor ha denunciado la compra de camionetas para el servicio de Serenazgo por parte de la gestión edil, compra que contó con el acuerdo de la mayoría edil, alegando que no es posible adquirir por la vía de emergencia unidades vehiculares para seguridad cuando eso no es parte de la emergencia de COVID 19, no tiene absolutamente nada que ver, y, consecuentemente, esa adquisición deriva en irregular.
Sin embargo, la municipalidad ha advertido que esta compra si responde a la emergencia sanitaria, porque con ellas se fortalecerá el plan cerco COVID 19 que se tiene previsto para el control de tránsito peatonal y vehicular articulado con la Policía Nacional, lo que quiere decir que hay quienes sin conocer la realidad de la problematica sueltan cargos para satisfacer las ambiciones políticas de los opositores al alcalde provincial.
De allí que en la medida que existan esta clase de incriminaciones lo más natural del mundo es que el organismo competente investigue, la Fiscalía tiene las atribuciones para realizar las pesquisas, de allí que hace bien el gobierno regional de adjuntar todos los documentos que sirvieron para lasÂÂÂ adquisiciones que dieron lugar a las sospechas de quienes formularon las denuncias.
Hay que tener en cuenta que estamos en tiempos de emergencia, hasta la mismísima Contraloría General de la Republica ha sido objeto de denuncias por supuestas compras sobrevaloradas, sospechas que derivan del hecho mismo que en estos tiempos los productos relacionados con la higiene y la medicina han incrementado su valor por efectos de la enorme demanda y la especulación que se genera entre los proveedores.
Son situaciones que se deben distinguir, pero cuyas dudas se despejan con las investigaciones pertinentes, pues hay un principio que rige en las actividades públicas que nos lleva a implementar una temeraria transparencia y frente a ello nadie debe molestarse o incomodase, siempre que existan indicios que respalden esa denuncia y no responda a meras afirmaciones o chismes que no tienen lugar en estos casos.