En los últimos días la Fiscalía Anticorrupción ha incursionado en diversas municipalidades de nuestra Ciudad y de la vecina provincia de Casma, en donde ha demandado en sus oficinas administrativas los documentos de las compras y servicios realizados por las dependencias ediles y en los cuales existen cuestionamientos o denuncias formales.
Todo ello se registra en medio de la emergencia nacional en la que nos encontramos y que envuelve a manejos de presupuestos bajo un régimen especial cuales son las contrataciones directas que han quedado al margen de los procesos de licitación que se estila en estos casos.
La fiscalía anticorrupción ha llegado primero al vecino distrito de Moro ante los cuestionamientos por las dudas surgidas en la adquisición de las bolsas de alimentos que se elaboran con los recursos que remitió el gobierno central a efectos de proveer una asistencia a los hogares más necesitados.
Con este mismo objetivo intervino las oficinas de la municipalidad de Casma, en donde, como se ha informado, ha llegado a realizar un trabajo más completo al acudir a las empresas proveedoras de estos alimentos en donde han requerido los documentos de las transacciones realizadas con la comuna.
Un día después llegó a la Municipalidad Provincial del Santa, en donde requirió al responsable de la Oficina de Logística los documentos relacionados con la compra de 10 camionetas que se han adquirido para el servicio de serenazgo de la ciudad siempre en el marco de la emergencia sanitaria.
Paralelamente, la oficina regional de la Contraloría llegó al distrito de Nepeña, en donde también ha demandado los documentos que acreditan la formalidad del proceso de distribución de las bolsas de alimentos, recibiendo todo el acervo documentario de manos del propio gerente municipal a efectos de deslindar alguna observación que se haya efectuado al respecto.
Es importante recalcar que una de las Municipalidades que concluyó primero este proceso de distribución de bolsas fue la de Nepeña, por lo que sus funcionarios tenían a su disposición todos los instrumentos que requerían los inspectores del organismo de control, de allí que no existieron mayores inconvenientes para realizar esta tarea.
Nada debería de sorprender en el accionar de las autoridades en la medida que en la administración pública, que implica el manejo de recursos públicos, todas las acciones están sujetas a una permanente fiscalización, quedan expuestas a los requerimientos que realicen los organismos de control y fiscalización, como en este caso pueden ser la Contraloría o el Ministerio Público.
Consecuentemente, el funcionario público tiene la obligación de acceder a los requerimientos de auditores o fiscales, son ellos los llamados a deslindar una acción respecto a la cual se han sembrado dudas y cuestionamientos, aun cuando ellos procedan de fuentes anónimas que, ciertamente, no deberían tener atención alguna.
Los cargos se formulan con nombres y apellidos, con los indicios que resulten necesarios para que los organismos de control activen sus mecanismos para deslindar las responsabilidades de determinado funcionario o del mismo titular del pliego.
Lo que no se puede dejar de soslayar es que frente a los públicos cuestionamientos que se hicieron a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, los alcaldes y funcionarios que fueron cuestionados se pudieron a disposición de las autoridades, inclusive, en un caso que salpicó al gobernador regional Juan Carlos Morillo, fue éste quien llegó a la propia oficina regional de la Contraloría para solicitar a su titular que acompañe a su dependencia en el control de las contrataciones directas que se venían realizando en cumplimiento de un plan de acciones frente al nuevo coronavirus.
De allí que las intervenciones que está realizando la Fiscalía anticorrupción responde a esas acciones de fiscalización que se venía reclamando desde algunos sectores, se trata de un saludable control que permitirá revisar los actos públicos de las autoridades, ello responde a la esencia de una necesaria transparencia y claridad que se reclama de los actos públicos. Habrá que esperar los resultados de las pesquisas fiscales.