La Contraloría General de la República ha dado a conocer el último fin de semana la procedencia de los funcionarios que laboran en entidades públicas de nuestra región y de nuestra localidad que han recibido las bolsas de alimentos que estaban destinadas a los más necesitados.
Ha señalado en un informe que se entregó a los medios de comunicación que, en el caso de Ancash, existen funcionarios de diversas dependencias que pese a que tienen un salario superior a los dos o tres mil soles y que los perciben a pesar que no están trabajando por el aislamiento obligatorio, han accedido a una de estas bolsas que no estaban destinados a ellos.
Como se recuerda, el Gobierno implementó el programa de ayuda social a los sectores de pobreza y extrema pobreza a efectos de afrontar las carencias y las necesidades que ha generado la emergencia sanitaria del Covid 19, destinando un millonario presupuesto que fue transferido a los municipios del país a efectos que ellos se encarguen de adquirir los productos y los embolsen a efectos de entregarlos a los estratos más necesitados en razón que ellos cuentan con padrones que podrían facilitar esa selección.
Sin embargo, el proceso de entrega de estas bolsas de alimentos generó serios cuestionamientos no solo porque existen denuncias de sobrevalorización en la compra de los productos sino porque en el reparto se advirtió que la ayuda estaba llegando a gente que no era necesariamente necesitada y que pertenecía a estratos laborales privilegiados.
Se trata de los funcionarios de la administración pública, un segmento que en esta pandemia no ha merecido mayor atención del gobierno en la medida que los trabajadores de este sector púbico han recibido religiosamente sus remuneraciones a pesar que no han realizado trabajo alguno.
Por ello es que indigna que la Contraloría General de la República haya informado que se detectaron que muchos funcionarios de dependencias públicas fueron incluidos como beneficiarios de estas bolsas de alimentos, las recibieron a pesar que eran conscientes que no les correspondía y que ese hecho solo representaba un burdo contubernio o agasajo de algún funcionario edil que se la hizo llegar.
Sin embargo, la información que ha entregado la Contraloría aun no es suficiente, de la manera incompleta como se ha proporcionado no sirve de nada, no entendemos las razones por las cuales no se dice de quienes se trata, con nombre y apellido y por qué no los denuncian junto a los funcionarios ediles que han entregado indebidamente ese beneficio. Por ejemplo, en la relación que se dio a conocer el fin de semana aparece que se ha beneficiado a funcionarios de la UGEL Santa, ni siquiera se precisa si se trata de la titular del pliego o de algún funcionario de confianza o trabajador estable, lo que resulta un verdadero despropósito porque estos trabajadores de la entidad educativa no solo han venido percibiendo sus sueldos, sino que han cobrado ilegalmente un bono de productividad que no solo no les correspondía porque ha sido observado por la misma entidad de control y por la propia directora de la UGEL, sino que lo percibieron cuando no habían trabajado durante la pandemia, en otras palabras cobraron un “beneficio de productividad” sin haber prestado servicio alguno por la cuarentena vigente hasta la fecha en nuestro país.
Esos malos trabajadores que están esquilmando los presupuestos del sector educativo, tuvieron el desparpajo de prestarse a la entrega de bolsas de productos que estaban destinados a los más pobres de nuestra provincia y así como ellos se beneficiaron funcionarios de la Red Pacifico Sur y de la Municipalidad de Jimbe.
Cuando en medio de una situación de emergencia estamos cercados por una pandemia que esta matando a mucha gente, escuchar esta clase de aprovechamientos genera repulsa, de allí que se espera que la Contraloría no se guarde la información y que señale “sin pelos ni señales” a los culpables y tramite la denuncia cuanto antes al Ministerio Público porque los responsables de este desaguisado no pueden quedar sin sanción.