Muchos casi nos rendimos ante sus emotivas palabras demandando que la dejen en libertad y que le permitan seguir el juicio penal, que se sigue en su contra, con mandato de comparecencia, alegando razones de salud.
Se trataba de la entonces fiscal de la vecina provincia de Huarmey, Beatriz Gómez Carranza, quien se dirigía a los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa, en el marco de la audiencia de solicitud de cese de prisión preventiva que había planteado ante esa instancia.
Cuando formulaba su alocución, en ejercicio a su derecho a la defensa, la otrora representante del Ministerio Público se quebró, no pudo contener la carga emotiva que la embargaba, y, entre lágrimas, se dirigió a los magistrados del colegiado para advertirles que padece una delicada enfermedad que requiere de un control más estricto de aquel que recibe en el centro penitenciario.
Se trataba de una abogada que acostumbraba visitar los estrados judiciales pero como parte acusadora, jamás se había sentado en el banquillo de los acusados hasta diciembre del año pasado, cuando, a solo cuatro días de la Navidad, fue detenida en el marco de unÂÂ megaoperativo realizado por la Fiscalía y Policía de crimen organizado que la acusaron de pertenecer a una mafia dedicada al tráfico de terrenos, extorsiones, reglajes, etc.
“Los injertos de Huarmey” fue denominada la gavilla de unos 30 delincuentes que fueron detenidos e internados, en su mayoría, en el penal de Cambio Puente con una medida de prisión preventiva nada menos que de 36 largos meses.
La entonces magistrada fue acusada de estar vinculada a esta mafia a través de acciones de beneficio a los miembros de esta gavilla de delincuentes, en cuya ocasiónÂÂ se dijo que se había anexado informes de seguimiento e interceptaciones telefónicas que demostrarían los vínculos de la letrada con la organización.
Este caso sorprendió sobremanera porque, de alguna forma se estaba poniendo en entredicho el rol del Ministerio Público en la persecución del delito, pues si uno de sus integrantes se prestaba a los sucios manejos de una mafia, es muy poco lo que se puede esperar de organismo encargado de perseguir el delito.
Ahora bien, si la fiscalía solicitó 36 meses de prisión a una de sus integrantes y el Poder judicial dictó la medida de internamiento es porque existen los suficientes elementos de convicción que han permitido a los jueces determinar los vínculos de la abogada con esta mafia, de otra manera no procedería una decisión tan drástica.
Sin embargo, en la última diligencia realizada en la Sala Penal de Apelaciones, la magistrada puso en tela de juicio las conclusiones de la pesquisa policial y fiscal, señaló que no era cierto que existan elementos de convicción que la vinculen con la mafia sino que se hace referencia a una conversación telefónica de los delincuentes en donde se refieren a una mujer que tiene un apelativo que se lo han asignado a ella sin justificación alguna.
Hay que recordar que en este caso, el jefe de la mafia conocida como “Los injertos de Huarmey” es hermano del asistente de la mencionada fiscal y ello ha servido para que se construya una teoría que termina por arrastrar a Gómez Carranza en presuntos manejos ilícitos desde su cargo y función que la han catapultado.
Sin embargo, a juzgar por los plazos, aún existe mucha tela por cortar en este caso, el solo hecho que a solo unos meses de su reclusión y cuando comenzaba a desarrollarse la pesquisa, se registró la emergencia nacional del Covid 19, ello ha conspirado contra una oportuna aplicación de las pruebas solicitadas por el Ministerio Público, y, paralelamente, ha conllevado a que los miembros de la Sala Penal no tengan una convicción de los presuntos segmentos de inocencia de la abogada.
Las lágrimas que se derramaron en el banquillo de los acusados nos conmovieron a muchos, empero, los magistrados no resuelven en función a las emociones y los sentimientos sino en merito a los actuados, razón por la cual denegaron el pedido formulado por la ex fiscal, de allí habrá que esperar que la fiscalía retome su actividad y pueda actuar las pruebas solicitadas porque la libertad y la salud de los involucrados está en juego.