Ni siquiera en los tiempos de los apristas hubo tanto escándalo”. Esta fue la categórica expresión que masculló un lector el pasado fin de semana cuando leía frente a un kiosco los titulares de los medios de comunicación, a propósito de la captura del ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial del Santa, Adolfo Varas Vásquez.
Y es que el ciudadano hacía referencia a las administraciones municipales del pasado, aquellas de la década del 90 cuando los últimos alcaldes apristas que llegaron al sillón edil escribieron las páginas más oscuras y escandalosas de la historia municipal en Chimbote, aquellas que llevaron al ex alcalde Oswaldo Pérez Gamboa y ex regidores apristas a las frías celdas de cambio Puente.
No le faltaba razón al quejumbroso lector en la medida que los chimbotanos no habían sido testigos de tantos escándalos juntos desde aquella época, con el agregado que desde que Victoria Espinoza García asumió por segunda vez la administración municipal no cesan los juicios, las condenas y las celadas que están llevando a los funcionarios directamente a la cárcel.
Basta echar una mirada al triste récord de la actual gestión municipal, a decir, la ex alcaldesa Victoria Espinoza García prófuga de la justicia junto a su conviviente, el actual alcalde con una condena de pena efectiva sobre sus espaldas que se encuentra ad portas de ser revisada en apelación, dos procesos judiciales más en los cuales los antes mencionados y otros funcionarios de su entorno seguirían el mismo camino al presidio de Chimbote, un ex funcionario destituido como Juan Carlos Cam Bernuy con una inminente condena por delito de corrupción y el ejecutor coactivo Adolfo Varas en los calabozos tras ser detenido el fin de semana en una celada.
Justamente, este último caso se registró dentro del recinto municipal la semana pasada cuando la Fiscal anticorrupción Miriam Vilca Juárez, asistida por agentes de la Policía, incursionaron en la Oficina del Ejecutor Coactivo Adolfo Varas Vásquez y lo sorprendieron con el dinero que había recibido momentos antes producto de una coima que le exigió pagar a un transportista de la localidad.
El hecho había sido denunciado por el transportista indignado porque al acercarse a la Municipalidad para resolver el problema generado por una papeleta de infracción que le impusieron a su vehículo por un total de 700 soles, éste se había convertido en un caso de cohecho y soborno luego que el ejecutor coactivo lo emplazara a pagarle 300 soles para anular la mencionada papeleta.
No se trata de una maniobra desconocida, por el contrario, los choferes y dueños de vehículos suelen enfrentar esta clase de acciones delincuenciales cotidianamente, reciben esta clase de exigencias por parte de malos empleados y la necesidad los lleva a ceder a estos cobros ilícitos para tratar de resolver rápidamente sus problemas o impedir que ellos se agraven mucho más.
No es un hecho nuevo y los promotores de estas maniobras delictivas son conscientes que no serían denunciados porque la corrupción es difícil de probar y los que acceden a ella no formulan acusaciones porque saben que la ley también los involucra en la medida que es tan corrupto el que exige una coima como el que la entrega.
Sin embargo, las autoridades exhortan a los usuarios a denunciar los actos de corrupción, promueve las celadas con la finalidad de sorprender “in fraganti” a quien se vale de su cargo para enriquecerse ilícitamente y en estos casos el que denuncia no forma parte del hecho delictivo porque, precisamente, pone de manifiesto su voluntad de colaborar con la administración de justicia para descubrir a ese mal empleado que hace de su cargo o función una herramienta del delito.
El ejecutor coactivo cayó el pasado fin de semana, como se dice en el argot criollo, “con las manos en la masa”, con los billetes que le había entregado el transportista luego que fuera denunciado de exigir pagos de coima para anular papeletas, la Fiscal encontró el dinero en el cajón de su escritorio y no le quedó ni siquiera la menor posibilidad de negar estos hechos, se allanó a la intervención y por ello fue trasladado inmediatamente a los calabozos.
Esperamos que este hecho quede como un precedente para el futuro, para que los ciudadanos entiendan que no pueden ceder fácilmente a estas maniobras delincuenciales que se observan en muchas dependencias públicas, sino que deben rechazarlas pero denunciando al corrupto, acudiendo a la Fiscalía para revelar que son presionados a pagar coimas y de esta manera se pueda promover una celada que es la única y contundente modalidad de probar un acto de corrupción y de conseguir que el corrupto se vaya con sus huesos a la cárcel.
Como el lector que pensaba en voz alta luego de informarse de estos escandalosos hechos, creemos que la corrupción está de vuelta, después de haber tocado fondo en los tiempos de los alcaldes apristas, lo que llevó al tradicional partido de la estrella dejar el dominio del Municipio después de muchas décadas, y, después de haber superado los tiempos de la red de corrupción en Ancash, aquella que derivó también en medidas judiciales drásticas para limpiar la Región y los municipios.
Alguien nos preguntaba después de tomar conocimiento de estos hechos cual es la verdadera dimensión de la corrupción en los corrillos municipales y decía que si en estos casos minúsculos aparece un alto funcionario cobrando una coima de 300 soles para arreglar una papeleta de infracción vehicular, cómo sería un arreglo bajo la mesa para que se adjudiquen obras o servicios de cientos de miles de soles.
Basta hacer cálculos y un poco de multiplicaciones para darnos una idea de lo que representa realmente la corrupción en la entidad municipal, lo cual ciertamente están en función a la calidad ética y la formación profesional de quienes acceden a los cargos públicos con la venia de los gobernantes de turno.
Lo que importa es que se deje un precedente judicial enérgico y categórico que permita colegir que las autoridades sí son capaces de luchar con la cueva de corrupción engendrada por malos funcionarios y empleados de las dependencias públicas y que tutelan por los derechos de los usuarios a recibir un servicio transparente y de calidad.