La Sala Penal de Apelaciones admitió ayer a trámite el recurso de apelación interpuesto por los condenados Victoria Espinoza García, Julio Cortez Rojas, Elmer Llontop Virhuez y Carmen Vargas Alcántara por el delito de malversación de fondos y corrió traslado por cinco días a las partes procesales para que presenten nuevas pruebas antes de fijarse la fecha de la audiencia de vista de la causa.
La notificación fue recepcionada ayer en la mañana, tanto por el Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción del Santa y la defensa técnica de los cuatro condenados, quienes tienen plazo de cinco días hábiles para presentar nuevas pruebas que puedan admitirse y discutirse en la audiencia única de vista de la causa.
Este plazo vence el próximo martes 22 de marzo, que sumado a los trámites administrativos para que llegue a Sala Penal de Apelaciones, se estima que para la primera semana de abril, a más tardar, ya debe conocerse la fecha exacta de la vista de la causa.
Tras esta audiencia única de vista de la causa, la Sala Penal de Apelaciones, tendrá un plazo de 10 días para emitir su pronunciamiento definitivo, respecto a si confirma la sentencia condenatoria, la revoca o la anula. Los magistrados que conocerán este recurso de apelación son Olga Linda Vanini Chang, Carlos Maya Espinoza y Niczon Espinoza Lugo.
ANTECEDENTES
El pasado 22 de diciembre, el Primer Juzgado Unipersonal del Santa condenó al alcalde provisional de la Municipalidad Provincial del Santa, Julio Cortez Rojas, a cuatro años de cárcel por el delito de malversación de fondos, que habría cometido durante el periodo que se desempeñó como gerente municipal en el año 2009.
La misma condena se dictó contra la prófuga y suspendida alcaldesa de la provincia del Santa, Victoria Espinoza García. El juez David Aguilar consideró que en el caso de Julio Cortez, el actual alcalde en funciones, la sentencia se haga efectiva una vez que esta sea confirmada en segunda instancia.
Para Victoria Espinoza García se dispuso la orden de captura inmediata debido a que mantienen la condición de prófuga de la justicia por un primer delito de enriquecimiento ilícito, donde fue condenada a 7 años de prisión efectiva y cuya sentencia es revisada por la Corte Suprema de la República.
Para el caso de los exfuncionarios municipales, Elmer Llontop, y Gabriela Vargas Alcántara se les sentenció a cuatro años de cárcel suspendida a tres (no efectiva) debido a que el juez consideró que las mayores responsabilidades del delito recaen sobre la alcaldesa de ese entonces Victoria Espinoza y el gerente Julio Cortez.
Asimismo, se fijó el pago de una reparación civil de 500,000 soles que deberá ser pagada, de manera solidaria, por todos los acusados y su inhabilitación para ejercer la función pública por tres años.