PICANTE
A pocos días de ingresar al mes de abril podemos señalar que este mes será realmente de muchos ajetreos en la sede de la Corte Superior del Santa, pues en segunda y definitiva instancia se van a evaluar dos condenas que, hasta el momento, han dejado con un pie en el Penal de Cambio Puente a una autoridad y un ex funcionario regional. Nos estamos refiriendo a los casos del alcalde Julio Cortéz Rojas y del ex Director Regional de la Producción Luis Arroyo Guevara, quien a la sazón fue el abogado de cabecera del ex presidente regional César Álvarez Aguilar. Como se recuerda, el primero fue condenado a una pena efectiva de cuatro años de cárcel en el proceso penal que se le sigue por delito de malversación de fondos y otros en agravio de la Municipalidad Provincial del Santa, por el caso del desvío de recursos destinados a obras de saneamiento y que terminaron en obras de urbanismo. Por su parte el otrora abogado comando Luis Arroyo Guevara ha sido condenado a cinco años de prisión efectiva por delito de enriquecimiento ilícito. En ambos casos la Sala Penal de Apelaciones ha cumplido con notificar a las partes por el plazo de ley para que presenten alguna prueba documento adicional, luego de ello estará señalando fecha para la vista de la causa, las cuales se deben realizar el mes de abril. En los dos casos las condenas impuestas en primera instancia prevén pena efectiva cuya ejecución ha quedado suspendida al pronunciamiento de la Sala Superior, lo que quiere decir que con este fallo se deslindará la situación de los mencionados.
JACK
Sin embargo, no solo ellos estarán colocándole una velita a su santo de devoción sino que el prófugo empresario Jack Castillo Castillo también estará a la expectativa de lo que resuelva la Sala Penal de Apelaciones ante la impugnación que ha presentado frente a la condena de 25 años de cárcel que le ha impuesto el Juzgado Penal Colegiado de la Corte del Santa al hallarlo responsable como instigador del crimen del Fiscal de Casma Luis Junior Sánchez Colona. En este caso también se debe estar tramitando estas semanas las providencias para que se presenten las piezas procesales que las partes consideren convenientes para los efectos de señalar la vista oral en la que los abogados y el Ministerio Público informarán ante los magistrados. Son tres casos los que se deben dilucidar este mes de abril, en medio de la efervescencia electoral por los comicios que se desarrollarán el domingo 10. Ojo que la expectativa es grande.
CONTAMINADA
Ha hecho bien la comisionada de la Defensoría del Pueblo al terciar en el tema de la indebida utilización de la Playa La Caleta por parte de la Sub Dirección Regional de Turismo y Comercio, quien pretende organizar en ese lugar un concurso de natación. Ello porque la figura de la representante de la defensoría le despoja ese matiz político que ha adquirido este tema por el enfrentamiento que se ha generado entre el alcalde Julio Cortéz Rojas con el Gobernador Waldo Ríos Salcedo, pues el primero de ellos emplazó públicamente al segundo a bañarse en las aguas de esta playa para que compruebe que se encuentran totalmente contaminadas. Ocurre que a pesar que todas las autoridades han llegado a esta playa con la finalidad de colocar carteles que advierten el estado en que se encuentran las aguas y prohíben el ingreso a la misma, el Director Sub regional de Turismo, Wilder Vásquez Reyes ha insistido en que llevará a cabo de todas maneras este concurso alegando que antes se ha utilizado esta misma playa por parte de otras entidades sin que la Municipalidad haya cuestionado nada, además que consideran que la única entidad que puede prohibir el uso de esta playa es la Capitanía de Puerto. En realidad, llama la atención que el funcionario de una entidad pública de la localidad no conozca que esta playa se encuentra contaminada, todos los años el sector salud ha declarado esta playa inhabilitada por la contaminación, existen estudios de universidades que han establecido esta condición y que recomiendan no ingresar al mar por los nocivos efectos que puede provocar a los bañistas. Lamentablemente, a las entidades regionales suelen colocar gente foránea que no conoce este problema u otras que siendo de la ciudad en realidad ni siquiera están enterados de la cruda realidad de nuestras playas. Esperemos que la opinión de la Defensoría, por el peso específico que tiene y que está al margen de los dimes y diretes entre autoridades ediles y regionales, resulte suficiente para que la Dirección de Turismo modifique las bases de su concurso y utilice otra playa.