Hace solo unos días la Corte del Santa dispuso el internamiento en el penal de Cambio Puente de un sujeto que habla agredido de manera alevosa a un efectivo de la Policía Nacional, en el marco de un operativo de intervención por violación de las normas sanitarias vigentes en el país.
La autoridad judicial dictó una medida de prisión preventiva de seis meses contra el sujeto identificado como Winston Ramos Palma, quien es investigado por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad luego de haberle arrojado una llanta en la cabeza a un sub oficial, del grupo policial que lo intervino.
Los hechos se produjeron en la vecina provincia de Casma, en donde la Policía incursionó en un inmueble en donde el mencionado sujeto realizaba una reunión social con amigos celebrando su cumpleaños, por lo que se incautó el licor y se dispuso el traslado de los intervenidos a la sede policial, como corresponde.
Esta decisión parece haber exacerbado al cumpleañero quien lejos de reconocer su error y someterse al operativo, adoptó una actitud rebelde contra la autoridad policial se puso a discutir y gritar ante la firme acción de los custodios, y cogió una llanta para lanzarla sobre la cabeza de un sub oficial que resultó seriamente herido.
Como consecuencia de ello, el Ministerio Público solicitó su internamiento en el Penal y el juez aceptó la petición teniendo en cuenta la gravedad de los hechos cometidos y la posibilidad de una perturbación de la investigación por parte del acusado en la medida que había asido capaz de agredir a un miembro de la Policía Nacional.
Parece realmente inconcebible que una persona, en su sano juicio exponga de esta manera su libertad, provoque incidentes que se salen de control y se agreda a un efectivo de la Policía a sabiendas que esto constituye un delito calificado, cuando es consciente que una agresión de este tipo implica una medida restrictiva de la libertad como ya ha ocurrido en casos anteriores a nivel nacional.
El escenario que nos describe este hecho es que de una simple bobería, de un capricho etílico de promover una reunión cumpleañera, se desata un incidente que lejos de celebrar lleva al promotor de esta tertulia directamente a la cárcel.
Y es que, además de la agresión en sí, que ya es demasiado, lo que no se debe dejar de soslayar es la infracción al régimen sanitario en el que incurre el agresor, es decir, su inclinación festiva a sabiendas que esa clase de reuniones y actividades están terminantemente prohibidas, no solo por el sentido común que nos aconseja evitar esta clase de actividades para no exponerlos al contagio de una enfermedad que es capaz de llevarnos a la muerte, sino porque existe una norma legal que así lo determina.
Cuando la mayoría de peruanos reclamamos de nuestras autoridades una actitud más firme para controlar la propagación del covid 19, aparece esta clase de necios que creen ser de fierro y que no temen contagiarse en una reunión de amigos, cuando se sabe que el virus se encentra en la calle y está al acecho de todos, siendo un foco infeccioso e ideal para su transmisión y contagio en cadena, como ya está demostrado.
La pregunta que se cae de madura es ¿Qué se puede esperar de esta clase de gente? ¿A que podemos aspirar con individuos que no se respetan así mismos? ¿Qué podemos esperar de individuos que no tienen reparos en promover actividades que pueden llevar el virus a personas vulnerables de su propia familia o de los familiares de sus amigos?.
Es evidente que a partir de este incidente se puede entender las razones por las cuales nuestro país está sumido en una crisis sanitaria que no tiene punto de comparación con países vecinos y como es que las cifras de contagios y fallecidos se mantuvieron no solo dos o tres meses más de aquellos otros países que salieron del confinamiento mucho antes y con regímenes menos estrictos de los que se establecieron en el Perú.
Ha sido importante que la fiscalía y el poder judicial hayan mostrado rigurosidad en esta clase de incidentes, no solo está de por medio la violación de un régimen sanitario que solo está penado con una multa, sino que hay una alevosa agresión que no se puede pasar por alto en la medida que se tiene que defender el principio de autoridad, si hay que llevar al presidio a un centenar de estos belicosos intransigentes, que lo hagan, pues no se puede dejar sentado un pésimo precedente cuando existe una cobarde y alevosa agresión a un miembro de la Policía Nacional.