La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) decidió tomar parte en la disputa que se generó entre las Universidades Uladech Católica de Chimbote y Católica de Trujillo, descalificando por completo a la Universidad chimbotana y sometiéndola a los intereses de su homóloga del norte, en una decisión desafortunada y desdichada que pone en entredicho la voluntad de los porteños.
Esto ocurre en el marco de los públicos altercados que sostuvieron rectores y abogados luego que el tribunal Arbitral de Trujillo decidiera congraciarse con la Universidad de esa ciudad y desconociera los asientos registrales de los representantes de la ULADECH Católica al establecer que se había sancionado una fusión entre ambas casas universitarias.
Sin embargo, un deslinde de esta naturaleza, es decir el reconocimiento de un acto jurídico que unas de las partes rechazan, solo es competencia de la autoridad judicial, lo que determina un tribunal registral es solo una competencia administrativa, por ende, no debería tener efecto sino, únicamente, para la fe pública registral o los derechos de terceros.
Y es que la ULADECH se había acogido a las leyes y decretos sancionados durante la emergencia sanitaria, aquellas que le permitían que se revise su pedido de institucionalización que en diciembre pasado fuera rechazado por la misma SUNEDU, dejándola virtualmente en el despeñadero y poniendo en riesgo los estudios realizados por miles de estudiantes.
Sin embargo, a pesar que esto es un acto licito y legal, a pesar que forma parte del espíritu legislativo que está en vigencia en nuestro país, la SUNEDU ha apelado a una tinterillada para pretender zanjar la suerte de la Universidad Chimbotana al establecer que aun cuando existe el derecho de las universidades no licenciadas a revisar este procedimiento, concluye que la ULADECH ya había sancionado un acuerdo de fusión y por ende ya su proceso de institucionalización ha terminado.
Semejante mentira es posible en medida que la SUNEDU, como su antecesora, la temible ANR, se ha convertido en una monopólica entidad que es capaz de decidir la suerte de quien más le conviene, pues en el caso específico de la ULADECH debió advertir que esa fusión ha sido cuestionada y rechazada.
Todos saben en Chimbote que esa fusión fue la desesperada y angustiada salida del ex rector Julio Domínguez Granda, el principal responsable de la desgracia por la que atraviesa esta universidad, y que se había zanjado en medio de una serie de irregularidades que vician de nulidad ese acuerdo y que tendrá que ser materia de una revisión en la vía jurisdiccional.
Esto lo han explicado los abogados que han revisado los cuestionados pasos que se dieron en los primeros meses de este año y advirtieron que la fusión que desesperadamente suscribió Julio Domínguez no cuenta con el respaldo de la Asamblea universitaria, requisito legal indispensable que se necesita para que se sancione todo acto jurídico que implique los intereses de una casa universitaria.
Y no cuenta con ese necesario aval jurídico porque la asamblea universitaria a la que apeló Domínguez Granda es una que se convocó de manera ilegal, que no se reunió conforme a lo que señala la ley universitaria.
De allí que nos imaginamos que se trata de una de las tantas tinterilladlas a las que acostumbraba el ex rector, como aquella que se montó para sancionar su renuncia en medio de componendas que le habría permitido reservarse una jugosa compensación, pues la prensa fue testigo de la manera como se convocó a esa asamblea que nadie sabía que se realizaría, que no cuenta con publicaciones legales de su convocatoria, etc.
De allí que si existe una cuestión que debe resolverse en sede judicial, no se entiende como la SUNEDU pretende zanjar este diferendo con una resolución que va más allá de sus atribuciones, que asume el conocimiento de diferendos que solo corresponden atender a un juez para sancionar lo que es legal o ilegal.
Consecuentemente, resulta inaceptable el Ultimatum que, de manera prepotente, ha lanzado el rector de la Universidad Católica de Trujillo, personaje foráneo que ya se cree propietario de la universidad chimbotana y ambiciona su patrimonio cuando aún existe un deslinde legal por esclarecerse. Esperemos que la ULADECH defienda su derecho en todas las instancias posibles.