Por: CPC Sergio Agurto Fernández
El acceso a la educación en todos sus niveles, es un derecho consagrado en la Constitución, para beneficio de todos los peruanos; a la vez es una necesidad tan básica como lo es la alimentación, la salud y el vestido. En esta materia el Estado sí cumple su rol al construir y activar los centros educativos que el país necesita; también hace lo mismo con los centros de educación superior, poniéndolos a disposición de sus ciudadanos, para que sin más requisito que el deseo de superación, puedan acceder a ellos. Entonces, las oportunidades están ahí, en igualdad de condiciones para todos, esperando a los afortunados estudiantes, que, a base de esfuerzo y sacrificio, puedan ver cristalizados sus sueños universitarios.
La proporcionalidad entre los alumnos que anualmente egresan de la educación secundaria y las vacantes que ofrecen las universidades estatales, se distancian cada vez más; miles se quedarán autoexcluidos de esta competencia del conocimiento (examen de admisión), y sin más alternativa, terminarán siendo absorbidos por la voracidad de las universidades particulares, que las hay para todos los gustos y bolsillos. Pero también otros miles de exalumnos, nada afortunados y con el destino incierto, seguirán sumándose a la carga familiar por tiempo indefinido.
Es bueno recordar que, en todos los países, los altos índices de desarrollo alcanzados, se sustentan increíblemente, en los desniveles socioeconómicos de la población, es decir en una clase dirigente o capitalista que invierte, otro estrato social que lo administra y otra gran mayoría con su trabajo crea la riqueza que consumimos. De esto podemos entender que no todos pueden ser ricos, tampoco no todos pueden ser pobres, ¿Sino quien invierte y quien trabaja? En esta coyuntura la educación juega un papel muy importante, dando lugar para que la vida diaria se convierta en una dura competencia para escalar posiciones en el entorno social y profesional.
En este contexto la educación universitaria es para el Estado una obligación que no la podrá desatender; hay una cuantiosa y permanente inversión en la formación de los profesionales que el país necesita para alcanzar su desarrollo. Sin embargo, no hay una reciprocidad en el trato (retorno de la inversión) en el binomio Estado-alumno, luego de su realización profesional; tampoco se dan por aludidos cuando a conciencia saben que en el alma mater que los formó, hay carencia de bienes materiales y que reclaman siempre la asistencia estatal, que generalmente demora en llegar. Los signos exteriores de riqueza delatan la bonanza económica de muchos, lo que está muy bien, gracias a la profesión que el Estado les brindó; sin embargo, en el ejercicio profesional hay un robo descarado, vía evasión de impuesto, al no emitir recibo al momento que brindan el servicio, la Sunat sabe y los conoce y no hace nada para corregirlo. Al parecer los mecanismos de control del ente fiscalizador, para éstos, no están activados, pero sí para el pequeño empresario que terminan por cerrarle el negocio. Esta clamorosa insensibilidad debe llamarnos a una profunda reflexión, tendientes a implementar medidas correctivas, ¿Cómo cuáles?
Veamos, la educación universitaria en el Perú, de ninguna manera debe seguir siendo gratuita, olvidémonos de la excusa de que en otros países si las hay, cada quien vive su propia realidad; en nuestro caso se tiene que legislar creando una obligación post pago para cuando el alumno haya culminado la carrera profesional, es decir se tiene que aprobar una ley que cree un impuesto permanente hasta los 65 años de edad (podría ser del 2% mensual), que es el término de la vida laboral útil, determinado por la edad de jubilación, con retención en la planilla de sueldos, para luego depositarse en la cuenta de la universidad de origen, para ser utilizados exclusivamente con fines de investigación científica , implementación de laboratorios e incorporación obligatoria de los científicos peruanos de reconocido talento que alcanzaron maestrías y doctorados en el extranjero, creándoles las condiciones de trabajo favorables. Si no para qué entonces se invierte en becas si no se les va a brindar ocupación, cuando al final terminarán migrando a otros países en busca de ofertas laborales, que no los consiguen en el país.
Para cumplir con la ley, a cada graduado su universidad le asignará un código, será su número de identificación profesional ante el empleador y también ante la misma universidad, para las acciones administrativas que correspondan. Como la ley no tiene efecto retroactivo, regiría comprendiendo a todos los profesionales en actividad, egresados de las universidades públicas, que aún no hayan cumplido los 65 años de edad y para los que recién inician su vida laboral. Cada universidad estatal, anualmente y en forma obligatoria, publicará por internet la habilidad de sus graduados, para ser virtualmente impresa la constancia respectiva, que será indispensable para acceder a un puesto de trabajo; también será un requisito más para quienes opten por seguir estudios de post grado o por un residentado médico, pero también para exhibirlo en cada oficina particular, con una vigencia de dos años. Esta exigencia no será válida para los egresados de las universidades particulares.
Frente a este panorama, el postulante al pre grado que no desea cargar con un tributo hasta los 65 años de edad (post pago), endosará a su padre la responsabilidad de asumir el costo de la educación (pre pago) a través de una universidad particular.
Se debe erradicar la mala costumbre de creer interesadamente, que el Estado debe ser un eterno proveedor de servicios públicos gratuitos en beneficio de sus ciudadanos, no obstante, a la profesión recibida. Esta condición es más que suficiente como para darse por bien servidos.
Finalmente, si hacemos un cuadro comparativo de las ventajas de los sistemas pre y post pago, tendremos, por ejemplo, que las pensiones de enseñanza promedio, pagados en una universidad privada (S/. 900), incluyendo la matrícula (total 6 cuotas por ciclo), por el tiempo que dure la carrera (6 años para los médicos y abogados y 5 para las demás carreras), el alumno habrá pagado S/. 64,800 y 54,000; ahora, el profesional egresado de una universidad estatal (sueldo promedio S/. 5,000) en 35 años de servicio (desde los 30 hasta los 65 años), con el 2% de impuesto, el monto pagado por este concepto será de S/. 42,000, con algunas variables que se darían en el camino, la conclusión es que habría una equivalencia entre ambas alternativas.